La ex directora y dueña del colegio fue declarada culpable el miércoles por los delitos de homicidio culposo y responsabilidad de obras por la muerte de 19 niños y siete adultos después del derrumbe del inmueble, ubicado en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.
El juez del caso determinó su culpabilidad señalando que ella conocía el riesgo de la construcción irregular de un piso más en el colegio, misma que no respetaba el Reglamento de Construcciones y la Ley de Desarrollo Urbano. Dichas irregularidades, según la sentencia, repercutieron en las muertes.
Al respecto, Fernando Castillo Vega, representante legal de familiares de las personas fallecidas, indicó además que se fijó un monto de reparación del daño de más de 400,000 pesos por cada una de las víctimas.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que, en concordancia a los padres de familia, apelará la sentencia condenatoria de 31 años de prisión en contra de Mónica “N”, dictada esta tarde por un Tribunal de Enjuiciamiento.
La Fiscalía considera que la sanción debe ser mayor ya que se pudo demostrar que la mujer, aun cuando tenía pleno conocimiento de que su conducta estaba prohibida, no respetó las normas de construcción, lo que puso en riesgo a toda la comunidad educativa y ocasionó que colapsara el plantel con aquel sismo de septiembre de 2017, que llevó a la muerte de 19 niños y siete adultos.
“Los trabajos realizados por ministerios públicos, peritos y policías de investigación de la Subprocuraduría de Procesos, en conjunto con familiares de las víctimas, así como con la asesoría jurídica pública y privada, resultan determinantes para buscar un fallo mayor al de 27 años por homicidio culposo y cuatro más por Responsabilidad de Director Responsable de Obra”, sostuvo en un comunicado.
“Las pruebas presentadas por esta Fiscalía establecieron, más allá de toda duda razonable, que la sentenciada fue omisa al no atender las disposiciones establecidas en el Reglamento de Construcciones y en la Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal, por lo que deberá pagar 405 mil dos pesos como reparación del daño por cada víctima”, indicó.
“Aunado a ello, el representante social logró que se ordenara el pago de mil días de multa, equivalentes a 67 mil 290 pesos, así como que se le negaran los sustitutivos de pena, además de que se le suspendieron sus derechos políticos”, anotó.
“Es necesario destacar que también, con el desahogo de 68 elementos de prueba para la individualización de la sanción y reparación del daño, entre los que se contaron peritajes elaborados en las materias de psicología y antropología social, así como las declaraciones de las víctimas indirectas, se logró acreditar daño psicológico”, indicó.
“En suma, el trabajo desempeñado por la FGJCDMX y los padres de familia permitió integrar una carpeta de investigación sólida, robustecida, fundamentada y articulada, con lo que se buscará una nueva sentencia”, abundó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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