Este centro representa a familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, así como a Clara, una sobreviviente de la masacre de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, ocurrida en junio de 2014. Emblemáticos en materia de violaciones a los derechos humanos, ambos casos ocurrieron en la administración de Enrique Peña Nieto, quien dio continuidad a la militarización de la seguridad pública impuesta por Felipe Calderón, que se mantiene en la actualidad.
En entrevista con Proceso, Aguirre Espinosa hace un breve recuento de la administración de Cienfuegos Zepeda en materia de derechos humanos, tras haber interactuado frecuentemente con la institución castrense por la defensa de los casos. https://www.proceso.com.mx/653998/amlo-a-favor-de-testigos-colaboradores-en-casos-lozoya-y-ayotzinapa “Lo que observábamos era a un general secretario muy desconfiado de la vida civil, muy renuente a los controles externos sobre las Fuerzas Armadas; era un defensor a ultranza de la relativa autonomía que deberían tener las fuerzas castrenses.
“Pese a la reforma para acotar el fuero militar, se distinguió por defenderlo, cuestionando las atribuciones de los civiles para investigar y, en su caso, juzgar a elementos de las Fuerzas Armadas que incurrían en violaciones a derechos humanos; es decir, no fue una gestión abierta al escrutinio externo ni una gestión caracterizada por el respeto a derechos humanos”, apunta el abogado. Una revisión de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revela que al menos 22 de 138 recomendaciones dirigidas por el organismo a la Sedena corresponden a hechos ocurridos durante la gestión de Cienfuegos Zepeda.
Las 22 recomendaciones –cinco son por violaciones graves a derechos humanos, entre las que están los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa– están relacionadas con 110 agraviados, 31 víctimas de ejecuciones arbitrarias y 20 por tortura. Aguirre Espinosa advierte que el comportamiento de Cienfuegos Zepeda en materia de derechos humanos es la tendencia que siempre han tenido los titulares de la Sedena, sobre todo a partir del uso de las fuerzas castrenses en la seguridad pública.
Y resalta: “La renuencia del Ejército a rendir cuentas y a someterse a controles civiles externos es estructural y viene desde hace décadas, y tiene distintos episodios, tanto en casos de corrupción como en los de violaciones a derechos humanos; desde las graves violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas durante la Guerra Sucia, hasta las cometidas durante la llamada guerra contra el narcotráfico, es una inercia de mucho más tiempo atrás”. https://www.proceso.com.mx/653942/cienfuegos-entre-empresas-fachada-y-la-autopropaganda
Obstrucciones
En el caso de Tlatlaya, Aguirre Espinosa recuerda que en su momento Cienfuegos Zepeda no dudó en “reivindicar lo que había ocurrido, pese a que se documentó la existencia de ejecuciones extrajudiciales”. De las 22 muertes, según la recomendación emitida por la CNDH, estableció que entre 12 y 15 personas fueron ejecutadas por militares.
Tras alertar que una característica de la guerra contra el narcotráfico ha sido “estigmatizar a las víctimas y justificar el uso desproporcionado de la fuerza letal”, Aguirre Espinosa recuerda que la visibilización del caso Tlatlaya gracias a la denuncia de una de las sobrevivientes a la que representa el Centro Prodh, derivó en “descalificación hacia su testimonio; hubo muchos cuestionamientos sobre su credibilidad”.
Esa tendencia también fue aplicada al Centro Prodh, sobre todo luego de que se hizo público su informe La orden fue abatir, en el que la organización revela las órdenes que recibieron los militares que participaron en los hechos de Tlatlaya.
Cuenta: “Hubo cuestionamientos sobre la legitimidad de nuestras acciones por parte de personas vinculadas directamente a la Sedena en activo, y otras de voceros que a veces intervienen en el debate público para defender los intereses del Ejército”. En el caso de Ayotzinapa, “hubo desde la Sedena una obstrucción de la investigación cuando el general secretario impidió, a toda costa, que expertos internacionales que revisaban el caso Ayotzinapa pudieran entrevistar a los elementos del 27 Batallón de Infantería, diligencia que hasta el momento no se ha realizado”.
La negativa a que integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) interrogaran a militares, como sí lo pudieron hacer con elementos de otras instituciones, “generó una sombra de duda sobre la actuación del Ejército la noche del 26 de septiembre de 2014; el general (Cienfuegos) insistió en que a sus soldados nadie los iba a interrogar, ningún órgano internacional, y esa posición prevaleció hasta el final, obstaculizando la rendición de cuentas ante instancias internacionales de derechos humanos”.
El director del Centro Prodh señala que el caso de Tlatlaya sigue impune; por lo que atañe al de Ayotzinapa, “se han anunciado órdenes de aprehensión, durante el informe que rindió el presidente Andrés Manuel López Obrador durante el sexto aniversario de la desaparición de los muchachos, pero no terminan de cumplimentarse”.
Un elemento distintivo de la gestión de Cienfuegos Zepeda, recuerda el defensor, fue la defensa de la Ley de Seguridad Interior, “que, en honor a la verdad, el Ejército está consiguiendo más con la Guardia nacional y la manera que se ha implementado”. Tras la detención del general Cienfuegos Zepeda en Estados Unidos, el director del Centro Prodh considera que exhibe la falsedad del “mito de que los integrantes de las Fuerzas Armadas son ajenos a la corrupción, que, por lustros, se ha alimentado y enarbolado para profundizar la militarización”.
Reportaje publicado en el número 2294 de la edición impresa de Proceso
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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