Este hábitat con varias especies en peligro de extinción tiene una extensión de 595 mil hectáreas, asentadas en los municipios indígenas de Santa María Chimalapas y San Miguel Chimalapas, tiene dos concesiones mineras de explotación de oro, plata y cobre que suman cerca de 7 mil hectáreas.
Pero el peligro más grande para los comuneros y habitantes de la región son cuatro mega concesiones que se encuentran en trámite ante la Secretaría de Economía a pesar de que el actual gobierno federal anunció que no se entregarían en este sexenio. La sumatoria de estas concesiones es de 104 mil has., cuando San Miguel Chimalapas posee sólo 134 mil has. de tierras comunales.
De concretarse las concesiones, el impacto y contaminación sería letal para el territorio zoque, para el agua y para la biodiversidad, afirmó Josefa Sánchez Contreras, defensora del territorio y originaria de San Miguel Chimalapas.
Tan sólo los cuerpos de agua que atraviesan Chimalapas, el río Ostuta, Zanatepec y Espíritu Santo, nutren a las comunidades zapotecas de Juchitán e Ixtaltepec, y desembocan en los cuerpos lagunares ikoots de San Mateo, San Dionisio y San Francisco del Mar, donde la pesca es el principal insumo de la región, señaló la también integrante del Colectivo Matza.
La minera canadiense
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó en su Gaceta Ecológica del 13 de agosto que la empresa minera canadiense Minaurum Gold SA, ingresó la solicitud de aprobación del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de su proyecto minero clave 20OA2020MDO38 con fecha 23 de julio.
El “Proyecto de exploración minera Santa Martha”, ubicado en más de 6 mil has. de San Miguel Chimalapas consiste en la “exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 unidades de barrenación”.
Para Josefa Sánchez “la empresa minera ya quiere dar el siguiente paso, entrar directamente a la comunidad”. Sin embargo dicha concesión ha tenido el rechazo de varias asambleas de comuneros en San Miguel Chimalapas, así como de comunidades vecinas.
Hace cuatro años, en febrero de 2016, aproximadamente 80 comuneros de San Miguel, autoridades municipales, alumnos de la Escuela Preparatoria José Martí de Ixhuatán clausuraron de forma simbólica la mina en terrenos de Bienes Comunales, La Cristalina.
Además de la concesión por 50 años a la minera canadiense Minaurum Gold de casi 6 mil has., se encuentra el proyecto minero La Jackita, con título de concesión 225472, de mil 500 has., ubicado en los bienes comunales de San Miguel Chimalapas y Bienes Ejidales de Santo Domingo Zanacatepec.
San Miguel Chimalapas emitió en 2018 una declaratoria de municipio zoque libre de toda explotación minera, en primer lugar por no haberse realizado una consulta indígena y en segundo lugar por los impactos a la población y al territorio.
Las mega concesiones
En el sitio de la Secretaría de Economía Carto Min Mex, un sistema de consulta elaborado por la Dirección General de Minas, Subdirección de Cartografía, donde se ofrece el catastro minero y su registro público, aparecen cuatro mega concesiones en trámite en Chimalapas.
Se trata del lote Mar de Cobre 2, de la misma empresa canadiense Minaurum Gold, con una extensión de 36 mil 622 has., para explotación de plata, cobre y oro. También están tres mega concesiones entregadas para la empresa Minera Gabriela, con extensiones de 26 mil, 432, 22 mil 378 y 18 mil 950 has., para explotar los mismos minerales. Dichos trámites iniciaron en los años 2017, para la canadiense, y 2014 para Minera Gabriel.
Hay un quinto mega proyecto en trámite que se ubica en el municipio colindante de Santo Domingo Zanacatepec, éste tiene un polígono de 31 mil 295 has y pretende explotar oro, plata y plomo. La sumatoria de estos cinco mega proyectos mineros son más de 146 mil hectáreas.
La decisión de la asamblea
El hecho de que existan más de 100 mil hectáreas solicitadas por la minería ha generado conciencia del riesgo para las comunidades indígenas, señala la defensora zoque. “Hay una oposición de las autoridades comunitarias y de pueblos vecinos, entre ellos zapotecos e ikoots”.
Sin embargo aunque la Semarnat aprobara el MIA, la empresa debería pasar por otras autoridades comunales como la presidencia municipal, quien tendría que cambiar el uso de suelo, pero también con el Comisariado de Bienes Comunales, que es el responsable de otorgar el permiso de ocupación de uso de superficie de tierra.
Además existe el documento del Ordenamiento Territorial Comunitario (OTC), inscrito y aprobado ante el Registro Agrario Nacional (RAN), el cual es un documento legal que protege los bienes comunes y al territorio de usos diferentes a los decididos por la asamblea general de comuneros.
En dicho ordenamiento se señala que el territorio comunal se integra por “bosques, selvas, aguajes, ríos y sus cauces, ojos de agua y todos los elementos naturales que las componen” y que éstos serán destinados únicamente para la conservación, protección y restauración.
En sus artículos 75, 76, 82 y 92 se expresa la prohibición de cambiar el uso de suelo en dichas zonas, se enfatiza el derecho que tiene el pueblo zoque para participar en la utilización, administración y conservación, así como la obligatoriedad del OTC para los sujetos agrarios, instituciones, organizaciones y asociaciones, esto incluye a las empresas mineras.
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