El desempeño de la Conagua respecto a regulación, inspección y vigilancia del recurso hídrico no permitió determinar en qué medida se logró avanzar en la atención del problema referente a que “las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes no están administrados de manera adecuada”, concluyó la Auditoría Superior de la Federación.
Para actividades de regulación, inspección y vigilancia del recurso hídrico que, por ejemplo, eviten descargas ilegales de aguas residuales, violaciones de vedas o de derechos de núcleos agrarios, se le asignó para 2019 un monto por 6 mil 591 millones de pesos. Pero, observó el órgano en la Cuenta Pública 2019, aunque efectuó las visitas de inspección y de medición, no otorgó ni inscribió en el Registro Público de Derecho al Agua (REPDA) la totalidad de los títulos de concesión y asignaciones que recibió, no cumplió su programa de vigilancia y tampoco impuso las sanciones a los infractores por insuficiencias en la calificación de las actas derivadas de las inspecciones y verificaciones.
“La falta de verificaciones limitó los actos de autoridad que lleva a cabo la Comisión para los usuarios del agua por medio de las visitas de inspección, y se desconoció si los usuarios sancionados cumplieron con la medida de reparación, que permitirá determinar la mejora en la gestión integral y administración sustentable en materia hídrica”, dijo el órgano fiscalizador.
En el indicador “Porcentaje de visitas de inspección realizadas” obtuvo un avance del 67.4 por ciento (2 mil 696) respecto de las cuatro mil visitas programadas en 2019, por lo que no se cumplió con la meta programada. Y de las sí realizadas, el 88.1 por ciento (2 mil 375) solo fueron visitas a mil 902 usuarios. El 9.8 por ciento (263) correspondó a clausuras temporales a 230 usuarios del agua; en el 0.7 por ciento (21) se realizó remoción del material a 16 usuarios y en el 1.4 por ciento (37) restante se aseguró maquinaria, demolió la obra y se acordonó el área a 30 usuarios.
Además, en 2019 la dependencia federal presentó un rezago en la atención de solicitudes para el otorgamiento y registro de títulos de concesión y asignación, por lo que para el siguiente año fiscal se tendrían 44 mil 248 resoluciones pendientes de notificar, “lo que implicó que no se tuviera certidumbre de que se otorgaran con base en la disponibilidad del agua”; y el REPDA no se encontraba debidamente integrado, por lo que se desconoce de manera oportuna y confiable cómo se encontraron los cambios o estatus en las concesiones, asignación y permisos, “lo que afectó la toma de decisiones adecuadas en la administración del agua”.
El desempeño de la Conagua, concluyó la Auditoría, no permitió determinar en qué medida se logró avanzar en la atención del problema referente a que “las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes no están administrados de manera adecuada”.
En el periodo de 2014 a 2019, agregó la ASF, de los 31 mil 391 usuarios que visitó, el 35.9 por ciento no contó con títulos de concesión y asignación, por lo que 11 mil 260 no contaron con el permiso para el consumo y extracción, uso o usos, puntos de descarga de las aguas y la duración de la concesión, “lo que denota la posibilidad de que se está permitiendo el aprovechamiento y explotación del recurso a usuarios que no contaron con los permisos respectivos”.
SIN CONTROL EN USO DE RECURSOS
En 2019, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó 83 subsidios por 326 millones 599 mil pesos a 19 entidades para la construcción, ampliación y rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, con el objetivo de atender en comunidades con alta o muy alta marginación las deficiencias en el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó “deficiencias” en los procesos de planeación; coordinación y seguimiento de los proyectos de corto y mediano plazo de los Organismos Operadores de los recursos no vigilados por la dependencia federal.
La falta de drenaje y de agua afecta a más de diez millones de personas en el país. La Conagua reconoce que el problema por atender radica en que “las entidades federativas tienen deficiencias en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado” debido a la falta de obras de agua potable, alcantarillado; las obras de agua potable y alcantarillado sin uso; las obras deterioradas que ya no satisfacen las necesidades de la población; la mala calidad del agua que se abastece; la carencia de personal operativo calificado, constante y remunerado; la falta de recursos, y el desinterés y apatía de los habitantes, así como una cultura de no pago.
Sin embargo, los resultados de la auditoría de la Cuenta Pública 2019 arrojaron 17 recomendaciones, ya que la dependencia titulada por Blanca Jiménez Cisneros no acreditó que los subsidios otorgados fueron aplicados en los cuatro tipos de apoyos señalados en las Reglas de Operación: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales municipales y de los lodos que generan, así como obras y equipamiento complementario; en estudios y proyectos de preinversión, ingeniería básica y ejecutivos; en estudios de factibilidad y proyectos, y desarrollo de proyectos piloto para saneamiento, incluyendo aquellas que considere el suministro de energía a través de fuentes renovables.
En primera instancia, la Conagua no contó con un diagnóstico ni una programación para el otorgamiento de apoyos, lo que propició que desconociera cuáles fueron las necesidades específicas de construcción, ampliación y rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
De los 83 subsidios enviados, entre otros, a Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas, la dependencia federal no acreditó que se diera cumplimiento con los 13 requisitos específicos establecidos en las Reglas de Operación, es decir, autorizó la entrega de recursos sin asegurarse de que todos los receptores cumplieron con la normativa. Asimismo, en lo que respecta a las actividades y plazos, no acreditó que para la planeación y ejecución de los subsidios se ajustaran a los plazos establecidos, por lo que no comprobó que la entrega de subsidios se llevó a cabo con eficiencia, economía, transparencia y honradez.
Tampoco aplicó sistemas de seguimiento para la verificación del avance físico y financiero de los proyectos subsidiados, lo que –pese a la inversión de más de 326 millones de pesos– no permitió comprobar su contribución en el incremento y fortalecimiento de la capacidad instalada y el tratamiento de las aguas residuales.
A cargo de la Conagua también se realizó el Proyecto para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI) en 2019 para mejorar la calidad del servicio de agua potable en poblaciones, preferentemente entre 50 mil y 900 mil habitantes.
Programó 155 proyectos a 21 entidades federativas por mil 350 millones de pesos, en los cuales la Comisión no especificó a cuáles de los 12 tipos de apoyos señalados en las Reglas de Operación fueron destinados los subsidios por cada proyecto.
La Conagua recibió 22 recomendaciones de la Auditoría, porque no contó con un diagnóstico, no comprobó que los organismos receptores cumplieran los requisitos específicos ni que la programación se realizó conforme a los criterios de priorización y atención, así como a los tipos de apoyo señalados en las Reglas de Operación.
Asimismo, no acreditó que los mecanismos de coordinación permitieron que se tuviera una visión integral de los resultados del programa, para que los impactos de la inversión fueran lo más redituables y tampoco aplicó sistemas de seguimiento para la verificación del avance físico y financiero lo que derivó en que no se comprobara que los recursos se programaron con eficiencia, transparencia y honradez.
AUTOR: DULCE OLVERA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario