El tránsito de personas y mercancías fue limitado, lo que afectó a negocios ilícitos como el tráfico de migrantes o el transporte de drogas. Sin embargo, los grupos delictivos fueron rápidos en adaptarse a las nuevas circunstancias y la suspensión de algunas de sus actividades duró poco tiempo. “El intercambio de bienes ilícitos ya parece estar volviendo a la normalidad, mientras que resurge la extorsión”, asegura el informe.
“Las perspectivas de seguridad en México y el norte de Centroamérica son poco prometedoras mientras persista la pandemia. Si (los gobiernos) no abordan alguna de las causas del dominio criminal sobre las comunidades pobres, es probable que aquellos que están cometiendo delitos violentos se fortalezcan”, señala el informe.
“Va a crecer la pobreza y esto es un riesgo a largo plazo de que más jóvenes sin oportunidades se alisten como sicarios o dentro de las estructuras de grupos criminales”, dijo Falko Ernst, investigador y uno de los autores del documento.
El efecto inmediato de la pandemia fue “la desaceleración de las actividades económicas ilícitas”. Sin embargo, “los grupos criminales pronto se recuperaron por diversos medios”.
Aunque en México no se decretó una cuarentena como tal, el tráfico de estupefacientes se vio afectado por las restricciones. Según recuerda el informe, nuestro país es el mayor exportador a Estados Unidos de heroína y marihuana y, junto con China, de metanfetaminas y fentanilo. Al interrumpirse la producción china de precursores se limitó la producción de drogas, según explica el informe. No obstante, el parón duró poco tiempo por la reactivación de la producción en China e India, por lo que para finales de abril (apenas dos meses después del primer caso oficial en México, declarado el 28 de febrero) el flujo se restituyó.
Otra de las dificultades que afectó al tráfico de estupefacientes fue el cierre de las fronteras en Colombia, desde donde se importa la cocaína para trasladarla a Estados Unidos.
El huachicoleo también se vio afectado por la pandemia. “Los precios históricamente bajos del petróleo y el bajo consumo interno de gasolina redujeron considerablemente los ingresos de los grupos criminales involucrados en hurto de combustible”, dice el informe.
La escasez provocada por la pandemia también llevó a grupos criminales a tratar de buscar el favor del público con el reparto de despensas. Su objetivo, según el informe, es más a largo plazo y busca que los ciudadanos voten por los candidatos que ellos mismos apoyen de cara a las elecciones del próximo año. Según el informe, en muchos casos los paquetes de alimentos distribuidos fueron robados en empresas legales o financiados mediante una mayor extorsión a empresas locales.
El informe advierte que las redes delictivas mexicanas han sido capaces de especializarse en otras actividades que no fueran el tráfico de drogas, como la extorsión a actividades lícitas como la producción agrícola o la minería. Estas actividades también sufrieron parones, por lo que hubo grupos criminales que intensificaron sus esfuerzos para conquistar nuevos territorios.
En este sentido, el informe asegura haber detectado no menos de 198 grupos armados activos. La pervivencia de los grupos locales tiene un impacto especial en el intento de avance por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación, que se ha encontrado con mucha resistencia en diversos estados en los que trata de imponerse.
Algunos observadores esperaban que la pandemia redujese los delitos violentos. Sin embargo, “los efectos del virus sobre la violencia han sido fugaces”. “El gobierno fue lento y desigual en su respuesta al virus, y los delitos violentos se han mantenido esencialmente constantes. Aunque las autoridades sugirieron medidas de contención desde el principio, estas fueron en su mayoría voluntarias. Ante el aumento de en contagios y muertes, el gobierno federal algunas restricciones (…) pero siempre se le dio una mayor prioridad a la actividad económica. La ausencia de restricciones en el acampo parece ser consistente con un ritmo ininterrumpido de derramamiento de sangre y desplazamientos”, dice el documento.
La pérdida de empleos y el incremento de la pobreza es un riesgo del que advierte el informe. “Los estados se enfrentan a grupos criminales revitalizados que se han adaptado a las restricciones de la pandemia, en medio de una de las recesiones económicas más marcadas que se hayan registrado en la región, con la probabilidad de que la pobreza, la necesidad y la desigualdad se agudicen aún más, llevando así a nuevos reclutas a los brazos de las organizaciones criminales y ayudando a estas a consolidar su control sobre las comunidades”, indica.
Ante esta situación, el informe llama la atención sobre las carencias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por un lado, advierte sobre su dependencia a unas instituciones de seguridad cada vez más militarizadas, en referencia a la Guardia Nacional. “Mientras continúen estas políticas, existe el riesgo de que los grupos criminales se fragmenten aún más mientras se intensifica la competencia violenta por los ingresos ilícitos”, afirma.
“Ante un posible aumento en el reclutamiento por parte de grupos criminales, su atrincheramiento en comunidades vulnerables y un regreso a los altos niveles de violencia a manos de estos, los gobiernos deben desarrollar políticas dirigidas a prevenir un mayor deterioro de la seguridad pública”, dice el documento. Los planes, en opinión de los autores del informe, no deberían descuidar el papel de las estrategias de seguridad dirigidas a contener la agresión y proteger a las personas más vulnerables, pero también garantizando que “las zonas empobrecidas reciban apoyo material y técnico para que sus pobladores cuenten con formas de sobrevivir sin involucrarse en actividades ilícitas”. “Al hacerlo, los gobiernos y socios extranjeros también ayudarían a mitigar el cada vez más exacerbado éxodo de mexicanos y centroamericanos que huyen de la región”, dice.
En este sentido, Ernst Falko recordó las dudas suscitadas por diversos agentes sobre la efectividad de los programas sociales del ejecutivo de Amlo.
Entre las recomendaciones lanzadas está el establecimiento de planes de seguridad integrales que ataquen al crimen pero también a sus fuentes, que se fomenten alternativas a la integración en grupos criminales, que se proteja a la población civil a través de despliegues policiales focalizados, que se fortalezcan las instituciones locales de seguridad y justicia y que se introduzcan incentivos para reintegrar socialmente a los efectivos más jóvenes de los grupos criminales.
“El impacto económico de la COVID-19 podría durar mucho más que el contagio mismo, a medida de que tanto el sector formal como el informal se debilitan, la pobreza y la desigualdad aumentan. Las autoridades deberían combinar las medidas de vigilancia policial focalizada con la inversión de fondos de emergencia (…) dando prioridad a las regiones más expuestas a la pandemia y sus consecuencias, incluidas las áreas afectadas por el aumento de la violencia”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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