En un comunicado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Segob entregar la versión pública de los documentos de la averiguación previa, la carpeta de investigación, las causas penales relacionadas con el caso, así como el plan de capacitación para oficiales de la Policía Federal, hoy Guardia Nacional y el observatorio independiente.
Luego de que una persona solicitara a la Segob la información, la dependencia respondió que la sentencia es atendida por diversas instancias del Estado a nivel local y federal, señaló que la CIDH se ha pronunciado sobre el seguimiento y cumplimiento de los resolutivos en contra de nuestro país y le proporcionó un vínculo electrónico.
Sin embargo, la persona se inconformó y el caso llegó a la ponencia de la comisionada Josefina Román Vergara, quien comprobó que la liga de internet no contenía los avances solicitados, revocó la respuesta de la Segob y le instruyó entregar la información solicitada, así como emitir un acta del Comité de Transparencia en la que se confirme la inexistencia del acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas, las becas otorgadas -tal como determinó la CIDH en su sentencia-, así como la incompetencia aludida.
Román Vergara recordó que el 28 de noviembre de 2019, la CIDH declaró la responsabilidad del Estado Mexicano por las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de 11 mujeres que sufrieron detenciones ilegales y arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual, y falta de acceso a la justicia en mayo de 2006, a través de la resolución dictada en el Caso: Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs México.
La comisionada relató que un conflicto entre floricultores de San Salvador Atenco, Estado de México, y las policías estatal y municipal, desató una serie de bloqueos carreteros, marchas y enfrentamientos entre los inconformes y policías, que dejaron un saldo de dos muertos y 191 detenidos, de los cuales 183 denunciaron abusos policiales y 31 de las 50 mujeres detenidas denunciaron abusos sexuales durante su detención y traslado.
Luego de analizar los hechos, peritajes, declaraciones, denuncias y demás actuaciones, se determinó que las mujeres fueron víctimas de discriminación, tortura, violencia física, psicológica y sexual; ante lo cual, la ponencia determinó “que se debe priorizar el derecho a saber tratándose de afectaciones graves de derechos humanos, respecto de cualquier reserva posible”.
“Esta resolución es referente para que impere el derecho de acceso, toda vez que es necesario y relevante que la sociedad pueda conocer la información de interés ante un asunto de gran y lamentable trascendencia, en el que participaron quienes fueran servidores públicos y que operaron fuera del principio de legalidad”, destacó.
Román Vergara manifestó su sororidad y empatía con las mujeres que fueron torturadas, insultadas, violentadas física y sexualmente y subrayó que “su lucha ha sido un avance trascendental para alcanzar el México al que aspiramos: Un México más seguro e igualitario para las mujeres y niñas”.
“Es imperioso conocer el avance de México en materia de protección a Derechos Humanos y, en particular, del grado de cumplimiento a la sentencia dictada en el Caso: Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs México, lo que puede traducirse en un beneficio a la sociedad, pues ésta puede exigir la amplia protección a sus derechos”, resaltó.
La Comisionada comentó que casos como éste marcan la diferencia, “pues visibilizamos y refrendamos el apoyo a las mujeres y niñas sobrevivientes de casos de violencia para que permanezcan a salvo y sin violencia”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MELISA CARRILLO.
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