Este exfuncionario busca ahora el perdón legal prometiendo a la FGR entregar información para inculpar a su exjefa, Rosario Robles, y al presidente Enrique Peña Nieto en La Estafa Maestra.
Desde 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera interpuso una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la FGR por probable lavado de dinero presuntamente cometido por Emilio Zebadúa y sus hermanos José Ramón Zebadúa y Lourdes Zebadúa, por los 205 millones de pesos que gastaron.
Dicho monto no corresponde con los ingresos de ninguno de los tres, lo que “hace probable que Emilio Zebadúa percibiera diversas cantidades de efectivo por la comisión de actos de corrupción, pues ninguna otra justificación se encuentra en la conducta de un servidor público”, advierte la denuncia de la UIF obtenida por Animal Político.
Emilio Zebadúa es una pieza clave en La Estafa Maestra. Fue el oficial mayor de la Sedesol y la Sedatu, cuando Rosario Robles era titular, es decir, el segundo puesto más importante de las dependencias, encargado de la administración y aplicación de los recursos públicos.
La Oficialía Mayor es un área indispensable para que los recursos sean ejecutados. En el caso de La Estafa Maestra, para que 11 dependencias de gobierno –incluyendo Sedesol– entregaran más de 7 mil millones de pesos a través de convenios con universidades públicas para hacer supuestos servicios entre 2013 y 2014. Pero las instituciones a su vez subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasma y, por lo tanto el dinero público desapareció.
Desvío en periodo electoral
La Unidad de Inteligencia Financiera revisó dos cuentas bancarias de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) en las que Emilio Zebadúa era el apoderado y detectó movimientos “inusuales” por 16 millones 385 mil pesos enviados a cuatro cuentas bancarias de personas que no tenían ningún tipo de relación con la dependencia.
En todos los casos, las cuentas bancarias fueron abiertas el mismo día en que recibieron los recursos públicos e inmediatamente el dinero era transferido a otras cuentas o retirado en efectivo.
Por ejemplo, entre el 14 de junio y el 19 de julio de 2018, la Sedatu envió 6 millones 797 mil pesos a la cuenta de una persona, abierta en Bancomer el 14 de junio. Una vez que recibió los recursos, los transfirió a una persona física y una moral y dejó la cuenta sin saldo, por lo que “hace inusual que una dependencia de Estado opere recursos con personas cuya actividad financiera es irregular”.
En otro caso, el monto depositado ascendió a 8 millones de pesos y fue retirado en 111 movimientos. En un caso más, los retiros ocurrieron en ventanilla bancaria y depósitos a personas físicas. Esto significa un desvío de recursos públicos, pues éstos no se ejercieron en lo que originalmente estaba presupuestado.
Los recursos provenientes de la Sedatu fueron entregados a través de este mecanismo los días 13, 14 y 15 de junio de 2018 “a escasos meses del cambio de administración federal e incluso en plena campaña electoral”, dice la Unidad de Inteligencia Financiera.
De ahí que la UIF, a cargo de Santiago Nieto, advierte que dicha estrategia fue “posiblemente encabezada por Emilio Zebadúa, quien era apoderado legal de las cuentas bancarias y a quien le correspondía además la vigilancia y correcta aplicación del presupuesto”.
“Probablemente implicó que el patrimonio de la Secretaría fuese desviado a través del actuar de Emilio Zebadúa”, dice la denuncia penal interpuesta por la UIF obtenida por Animal Político.
Casinos y consumos en American Express
José Ramón Zebadúa es hermano y apoderado legal de Emilio Zebadúa y transfirió 57 millones de pesos a una compañía en el extranjero entre 2015 y 2019. También pagó 45 millones de pesos en su tarjeta American Express y compró un inmueble en el Estado de México por 3 millones de pesos, lo que hace un total de 106 millones de pesos.
Sin embargo, según las declaraciones fiscales de José Ramón Zebadúa, sólo tuvo ingresos por préstamos y pagos de dos empresas que sumaron 19 millones de pesos entre 2015 y 2018. Esto significa apenas 17% de lo que gastó.
De acuerdo con la UIF, el monto de sus gastos “no encuentra justificación en una actividad lícita”, y su falta de declaración de dichos ingresos ante el SAT “puede ser una estrategia para el ocultamiento de recursos provenientes de actividades ilícitas”.
Emilio Zebadúa tiene un domicilio registrado en Cuajimalpa de Morelos, mismo que comparte con su hermana Lourdes Zebadúa, quien gastó 58 millones de pesos en casinos, entre 2017 y 2019.
La industria de los juegos de azar, advierte la denuncia, es fuente importante de “blanqueo” de dinero proveniente de actividades ilícitas, según el Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales.
Lourdes Zebadúa también gastó 26 millones de pesos a través de tarjetas de crédito entre 2017 y 2019. Sin embargo, no se sabe a qué se dedica, pues ni siquiera presentó declaraciones de impuestos, “por lo que se desconoce el origen de las cantidades de activos que opera”, lo que implica “un alto grado de probabilidad que los mismos provienen de actividades ilícitas”, dice la UIF.
Mientras que los ingresos de Emilio Zebadúa como funcionario público entre 2015 y 2018 ascendió a 9 millones 707 mil pesos, pero en ese periodo registró un pago por consumo a través de su tarjeta American Express por 14 millones 861 mil pesos, lo que “no sale del perfil transaccional manejado por él mismo”.
Por lo tanto, la UIF solicitó en 2019 el congelamiento de cuentas de los Zebadúa y, sobre todo, pidió a la FGR que reuniera los datos probatorios para sustentar la carpeta de investigación que se iniciara con la denuncia y “estar en posibilidad de acreditar el delito, siendo urgente la aplicación de la técnica de investigación por existir temor fundado de que se oculten, dilapiden o destruyan los activos, o producto de delito relacionados con la indagatoria”.
La denuncia incluye a los hermanos Zebadúa, pero también a Ramón Sosamontes, quien fue jefe de Oficina en la Sedesol, por las operaciones financieras a través de su empresa Sistema Guerrero Audiovisual S. A. de C. V., que recibió contratos de la Administración Pública por 10 millones 823 mil pesos entre 2012 y 2017, cuando él era funcionario.
También incluye a Rosario Robles por haber sido la jefa de Emilio Zebadúa y ella también era responsable de la correcta aplicación de recursos públicos. Aunque en la revisión financiera de la exfuncionaria sólo se encuentran viajes al extranjero y como “operaciones inusuales” el consumo a través de una tarjeta de crédito American Express por 4 millones 498 mil pesos. Mientras que sus ingresos sumaron 19 millones 322 mil pesos entre 2013 y 2018.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
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