La carpeta de investigación se abrió a partir de una denuncia penal presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual documentó un cúmulo de irregularidades de principio a fin en la ejecución de esta obra, que incluso se extendieron a los trabajos de reparación del referido socavón.
Aun cuando el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de comunicaciones y Transportes (SCT), argumentó siempre que la culpa de las fallas era de la empresa contratista, los auditores concluyeron que los principales responsables fueron los servidores públicos que no atendieron las alertas en torno a fallas en la obra, lo que dejó perdidas millonarias, además del costo en vidas humanas.
“Los servidores públicos de la SCT aun teniendo conocimiento de las fallas que se presentaban en el km 93+857 del Paso Exprés y del riesgo que representaba la falta de reparación de la alcantarilla, acordaron no realizar las recomendaciones técnicas sugeridas, dejando dicha obra en las condiciones en que se encontraba, no atendiendo las solicitudes y recomendaciones de las que tuvieron conocimiento” concluyeron los auditores en la denuncia.
Lo anterior, sumado al descubrimiento de 35 millones de pesos de los gastos de reparación del socavón cuyo destino no es claro, llevaron a la ASF a presentar la denuncia el pasado 31 de octubre. El caso fue turnado a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de FGR.
Esta es la primera indagatoria por posibles delitos de corrupción –entre ellos posible peculado– que se inicia a nivel federal en torno a la referida obra. A continuación, se detallan algunas de las principales irregularidades que dieron pie a la denuncia.
Negligencia criminal
A las 5 de la mañana del miércoles 12 de julio de 2017 un enorme hueco se abrió en el pavimento del Pasó Exprés, un libramiento de la carretera México-Acapulco, que apenas tres meses antes había sido inaugurado por el presidente Peña Nieto bajo la promesa de que duraría 40 años. El sorpresivo socavón se tragó un automóvil en el que viajaba el señor Juan Mena López y su hijo. Ambos fallecieron por asfixia tras dos horas de agonía.
Unas horas después de ocurrido el accidente la SCT se apresuró a decir que el hundimiento fue consecuencia de una alcantarilla tapada por una enorme cantidad de basura, sumado a la erosión del suelo producto de la deforestación causada por habitantes de la zona. Unos días más tarde reconocería defectos en la obra, pero se los atribuyó a los contratistas.
La realidad es otra: fue la actuación negligente de los funcionarios de la dependencia que encabezaba Gerardo Ruiz Esparza lo que derivó en el incidente que pudo haberse evitado y con ello el costo humano y económico, de acuerdo con la auditoría 358-DE practicada por la ASF.
Los auditores llegaron a esa conclusión tras verificar que hubo al menos cinco alertas de diversas fuentes sobre el riesgo y mal estado en que se encontraba el subsuelo de la obra por un drenaje deficiente, que la SCT recibió en meses previos al desastre. Pero en los hechos no hizo nada.
Entre ellos está, por ejemplo, un informe interno de dos direcciones de la propia SCT fechado el 6 de mayo de 2016 en donde se alertaba de “fallas” a la altura del kilómetro 93+850, concretamente por la inestabilidad del suelo generada por la humedad y el poco desagüe.
El 10 y el 27 de septiembre de 2016 los vecinos de la colonia Chipitlán, aledaña al paso exprés, dirigieron sendos oficios a la SCT alertando de un “desastre” inminente debido a que el tubo del desagua era insuficiente para filtrar la humedad debajo del libramiento, lo que generaba inundaciones y el peligro de derrumbes. El 28 de septiembre fueron los propios contratistas los que sugirieron que era necesario una obra complementaria.
El 31 de octubre, especialistas de la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA) inspeccionaron la zona y concluyeron que el tubo de 1.20 metros de diámetro era insuficiente para desahogar los escurrimientos, y que se necesitaba un tubo de al menos 2.44 metros de diámetro para generar un afluente solvente. El informe fue proporcionando a la SCT.
Pero en los hechos y más allá de promesas de realizar otros estudios, nada ocurrió. La obra fue inaugurada en abril sin que se pusiera en práctica ninguna solución para atender el riesgo. Tres meses después ocurrió el socavón.
“Por lo anterior, se reitera que los servidores públicos encargados de la Construcción del Paso Exprés no atendieron las soluciones y recomendaciones emitidas por CEAGUA, los colonos de Chipitlán y la Dirección General de Protección Civil Cuernavaca. Ellos (los funcionarios) tuvieron pleno conocimiento de la existencia de fallas en la alcantarilla desde marzo de 2015”, indica el dictamen de los auditores.
Sobrecostos de principio a fin
Desde el punto de vista de los auditores el Paso Exprés fue una obra con una “deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos”. Ello trajo consigo, entre otras cosas, sobrecostos en el proyecto, así como retrasos en los tiempos prácticamente desde el inicio.
El contrato original contemplaba una inversión de 901 millones de pesos en números cerrados, y un tiempo de ejecución de 730 días naturales que iba del 29 de noviembre de 2014 al 28 de noviembre de 2016. Luego de cuatro modificaciones posteriores, el costo de la obra ya había crecido más de 70 % para llegar a 1 mil 548 millones de pesos, y los tiempos de conclusión se habían alargado un 24 %, hasta el 30 de junio De 2017.
Luego de eso vino el desastre del socavón y las obras de reparación. Se tuvieron que destinar en total 101 millones 467 mil pesos tanto para los trabajos emergentes luego del hundimiento, así como para la denominada “estructura intermedia”. Se suponía que el costo lo asumiría el contratista, pero al final fue cubierto con el presupuesto público.
Todo lo anterior sumado a costos adicionales no previstos terminaron elevando el costo total del proyecto hasta los 2 mil 148 millones de pesos. Es decir, más del doble de lo que originalmente se había planteado.
Y hasta posibles desvíos
Las obras del Paso Exprés registraron irregularidades hasta en las inversiones que se llevaron a cabo para reparar los daños causados por el socavón de julio de 2017. En la revisión del presupuesto ejercido en 2018 los auditores encontraron desde omisiones hasta dinero supuestamente ejercido sin que haya constancia creíble de ello.
De la revisión de los distintos contratos firmados, todos ellos por la vía de la adjudicación directa, los auditores registraron distintos conceptos en donde no se acreditaron las inversiones supuestamente realizadas, lo que generó un faltante de 12 millones 70 mil cuyo destino no está probado.
En uno de los contratos la ASF identificó una diferencia superior a los 5 millones 741 mil pesos entre lo pagado y los precios unitarios que estaban contemplados en los tabuladores. En otro caso la SCT reportó el pago de 59 jornadas de trabajo cuando en los hechos solo se llevaron a acabo 44.
“Adicionalmente, de la revisión a la ejecución y pago de los trabajos de emergencia se detectaron irregularidades técnicas en diversos contratos, toda vez que (los funcionarios a cargo) no revisaron, controlaron ni comprobaron que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los equipos fueran de la calidad y características pactadas en el contrato, así como no vigilaron ni controlaron el desarrollo de los trabajos en sus aspectos de costo y rendimientos establecidos en las matrices de los precios unitarios de los contratos referidos”, subrayan los auditores.
En suma, la ASF identificó tan solo en los trabajos de reparación del socavón por lo menos seis posibles desvíos de recursos o malos manejos, que dejan como saldo 35 millones de pesos cuyo uso no fue claro y tendrían que ser devueltos o recuperados.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
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