Pero en los hechos, García no está solo. Controla una de las estructuras más importantes en el proyecto político de la Cuarta Transformación, con una nómina anual de más de 3 mil 233 millones de pesos, encargada de repartir los más de 191 mil 200 millones de pesos en programas sociales. En cada estado le obedece un “superdelegado”, tiene a más de 250 “subdelegados” en los principales municipios del país, y más de 18 mil “servidores de la Nación” aplican sus instrucciones a lo largo y ancho de México.
Durante los tres años previos a integrarse a la administración pública federal, prácticamente todos los integrantes de esta estructura ya eran subordinados a Gabriel García en Morena, el partido que llevó a López Obrador al poder: él los seleccionó como enlaces o candidatos, y los coordinó desde la Secretaría de Organización, cargo que ocupó a partir del Consejo Nacional celebrado en noviembre de 2015.
En el partido, el hombre tuvo la tarea de afiliar militantes al padrón del partido, supervisar las asambleas municipales y formar cuadros locales (los enlaces), validar la integración de los llamados “comités de protagonistas”, seleccionar los candidatos de Morena y controlar la Comisión de Encuestas –el polémico método de designación en el partido–, pero también de realizar alianzas locales, así como de representar el partido ante las “instancias internas y electorales del país”, según el Estatuto de Morena.
Tras incorporarse al gobierno federal, García colocó a los cuadros del partido que él había dirigido en la administración, primero como honorarios y posteriormente en la nómina de la Secretaría de Bienestar.
Las semanas recientes comprobaron que, en realidad, la Coordinación de Delegaciones Federales es un gran aparato electoral, pues ocho “superdelegados” que él y López Obrador nombraron ya presentaron su renuncia, siete de ellos con la intención de competir por candidaturas para gobernadores. En otras palabras: uno de cada tres posibles aspirantes a gobiernos estatales habrá estado bajo las órdenes directas de García.
Discreto a pesar de su poder e influencia, García forma parte del grupo de incondicionales de López Obrador que trabajaron con él durante su administración capitalina, en la primera mitad de los 2000, y dedicaron los siguientes 15 años a ayudar a su líder en su largo camino hacia la Presidencia de México.
Actualmente, estos personajes ocupan los cargos clave en la administración pública federal; varios de ellos incluso desde Palacio Nacional, como el propio García.
En este grupo, Gabriel García Hernández fungió como operador electoral y cerebro financiero; además fue, junto con César Alejandro Yáñez Centeno Cabrera, el principal creador y operador de las asociaciones civiles que articularon el movimiento político de López Obrador entre 2005 y 2018.
Largo y sinuoso camino
La relación de García y López Obrador empezó a través de un incondicional del actual mandatario, el tabasqueño Octavio Romero Oropeza. En 2000, como Oficial Mayor de López Obrador en el entonces Distrito Federal, Romero contrató a García Hernández, de apenas 23 años, al puesto estratégico de director de Adquisiciones; en los años siguientes, se hizo un lugar en el grupo que impulsaba el proyecto presidencial de López Obrador para las elecciones de 2006.
En febrero de 2005 fundó la asociación civil No Nos Vamos a Dejar, junto con Alejandro Encinas Rodríguez y Raquel Sosa Elizaga. Esta organización tenía por objeto social defender los derechos “civiles y políticos de los asociados y de terceras personas interesadas” y “promover en todo el país la participación ciudadana, la cultura democrática y el derecho a elegir gobernantes”.
Después de la polémica elección del 1 de julio de 2006, que dio la Presidencia a Felipe Calderón Hinojosa, López Obrador y sus seguidores desconocieron los resultados y protagonizaron un largo conflicto poselectoral. En este marco, el 14 de septiembre de 2006 García Hernández fundó la asociación civil Honestidad Valiente, con Alejandro Rosario Esquer Verdugo, César Yáñez Centeno Cabrera, Laura González Nieto y Polimnia Romana Sierra Bácerna.
Dicha organización tenía los mismos objetos sociales que No Nos Vamos a Dejar, pero tuvo una función más clara durante los años posteriores: fue usada para recolectar recursos y financiar giras y salarios de López Obrador, así como para pagar gastos de impresión de Regeneración, el medio de propaganda de Morena entonces dirigido por Jesús Ramírez Cuevas.
El 14 de febrero de 2007, poco tiempo después de crear Honestidad Valiente, García Hernández fundó Austeridad Republicana, con Javier Núñez López, Elvira Daniel Kabbaz Zaga, Gustavo David Mejía Rivera, Héctor Muñoz Ibarra, Guillermo Genaro Polanco García y Carlos Alberto Evangelista Aniceto.
Y cuatro años más tarde, Yáñez fundó la asociación Movimiento de Regeneración Nacional, semilla de lo que tres años después se convertiría en el partido Morena.
Los socios fundadores de estas organizaciones ocupan todavía el primer círculo de confianza de López Obrador: Romero Oropeza dirige Pemex y Núñez López es subdirector de abastecimiento en la petrolera; Alejandro Esquer es secretario particular de López Obrador, César Yáñez es coordinador general de Política y Gobierno, y González Nieto es particular del presidente; Encinas es subsecretario de Derechos Humanos, y Sosa es titular del Organismo Coordinador de las Universidades del Bienestar Benito Juárez.
Polanco García, por su parte, trabajó para García Hernández en la Secretaría de Organización de Morena, y es ahora director general en la Unidad de Delegaciones de la Secretaría de Bienestar, que administrativamente encabeza la estructura de los “superdelegados”, “subdelegados” y servidores de la Nación. La titular de esta unidad, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, fue titular de la Comisión de Elecciones de Morena.
Las asociaciones jugaron un papel central para financiar y estructurar el movimiento alrededor de López Obrador. Tanto el PRI como el PAN buscaron incriminarlas como plataformas de financiamiento ilegal de las campañas del tabasqueño –afirmaron que triangularon recursos de gobiernos estatales y municipales–, pero tanto el Tribunal Electoral como la Unidad de Fiscalización del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) desecharon las acusaciones, por no tener sustento.
Más allá de su papel en las asociaciones civiles, García asumió un papel de liderazgo en la operación de Morena. Durante la campaña presidencial de 2012, García fungió como “coordinador técnico de la defensa del voto” y a la vez como coordinador de finanzas personal de López Obrador; en un expediente del tribunal electoral posterior –número SUP-RAP-124/2013–, se plantea incluso que, en junio de 2012 el hombre mandó escritos a empresas proveedoras de la campaña, y los firmó en calidad de “ciudadano” como “representante del candidato”.
Después García se volvió asesor de Víctor Hugo Romo y David Razú en la entonces delegación Miguel Hidalgo de la capital, hasta que en noviembre de 2015 llegó a la Secretaría de Organización de Morena, con la misión de ayudar a López Obrador a reclutar militantes en todo el país para promover la “agenda de nación” del tabasqueño y, sobre todo, llegar a las elecciones de 2018 con personas suficientes para supervisar las casillas y el conteo de votos, y así evitar un fraude electoral.
Durante los siguientes tres años, al igual que López Obrador, García recorrió los municipios de México, pero de manera mucho más discreta que su líder. En un trabajo minucioso, supervisó la formación de comités seccionales –llamados Comités de Protagonistas– en los 300 distritos electorales esparcidos a lo largo y ancho del país. Éstos a su vez realizaban el trabajo de campo “casa por casa, puerta por puerta” para reclutar militantes, llamados “Protagonistas del Cambio Verdadero”.
A medida que se avecinaba el proceso electoral, García participó en el nombramiento de los coordinadores estatales, municipales y distritales, pero también en la designación de los coordinadores estatales y candidatos a gobernadores.
A cambio de su fidelidad, Morena colocó a García Hernández en su lista de senadores por la vía plurinominal; tan pronto cuando arrancó el sexenio, el hombre pidió licencia como legislador y dejó su cargo a su suplente, José Alejandro Peña Villa, quien es secretario de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social. García, por su parte, asumió la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, creada por decreto el 30 de noviembre de 2018, es decir, un día antes de la toma de posesión de López Obrador.
Texto publicado en la edición 2298 del semanario Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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