El amplio informe, que debe su título al argumento que dan encargados de pacientes psiquiátricos a medidas coercitivas como la sujeción mecánica, el encierro y el suministro de fármacos, alienta a un cambio de modelo de atención de la salud mental en el país, centralizada en la hospitalización, por uno que ponga en el centro la dignidad humana, en apego a los estándares internacionales de derechos humanos.
El informe de Documenta, hace un recuento de algunos casos de violaciones graves a derechos humanos por maltrato como la violencia sexual, así como la prevalencia de “tratamientos” como terapia electroconvulsiva, castración química, aislamiento y sujeciones; castigos como baños con agua helada, golpes con palos o diversos objetos, amarres, sentarse en un banco y extender los brazos en forma de cruz, ridiculizar en público, lavar la ropa de otras personas, privar de alimentos, vejar y desnudar con la intención de humillar.
El documento resaltó que se destine sólo el 2.2% del presupuesto de salud a la salud mental, “cifra muy inferior al 10% recomendado por la OMS”, siendo “más preocupante aún que una altísima proporción de los recursos disponibles se destina a los hospitales psiquiátricos como eje de atención”, del orden del 80%.
De acuerdo con información proporcionada por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) a nivel federal a partir de 2015 el presupuesto para salud mental empezó a contraerse cada año, al pasar de 3 mil 267 millones de pesos, en 2015, a 2 mil 013 millones en 2019.
La organización destacó que el 90% de los recursos para salud mental están destinados a la prevención y atención a las adicciones y la atención a la salud.
A nivel local, ante solicitudes de información sobre el gasto destinado a salud mental 2013 a 2019, la organización sólo obtuvo respuesta de 22 estados, identificando que el estado que destinó mayor presupuesto de salud en salud mental en 2019 fue Chihuahua con 3.30%,, seguido de Baja California Sur, con 2.3%, registrándose los menores presupuestos en Jalisco, con 0.76% y Nayarit con el 0. 012%.
Modelo estigmatizador
En su informe, Documenta considera preocupante que la inversión en salud mental está destinada a “los modelos de coacción, la excesiva medicalización y la institucionalización”, que favorecen “los círculos viciosos de estigmatización, discriminación y exclusión social y pueden ser más perjudiciales que los problemas de salud mental a los que se suponen deben hacer frente”.
En cuanto a violaciones a derechos humanos, la organización alertó sobre la falta de monitoreo de espacios para tratamiento de adicciones, pues mientras en 2015 el Censo de Alojamientos de Asistencia Social del Inegi contabilizaba 4 mil 453 clínicas de este tipo, que alojaban a 47 mil 458 personas, cinco años después, la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) avaló para su operación a 304 en su “Directorio de Establecimientos Residenciales de Atención a las Adicciones reconocidos del primer semestre de 2020”.
Al considerar alarmante “que menos del 7% de las clínicas de tratamiento de adicciones en modalidad residencial están reconocidas por la máxima institución encargada de promover las acciones de prevención y atención a las adicciones”, Documenta destacó que el 80% de las quejas reportadas ante organismos públicos de derechos humanos respecto de albergues se relacionan con condiciones indignas (20 quejas); 40% con violencia ejercida por los cuidadores (10 expedientes); 24% por ausencia de apoyos (6 casos); 16% por los tratamientos médicos (6 quejas), en tanto que se identificó una queja por situaciones que atentan contra la vida y otra más por restricciones de accesos o salidas.
En cuanto a las clínicas de internamiento para tratamiento de adicciones, el 55.5% de las quejas reportadas son por violencia ejercida (5 casos); 22.2% por las condiciones del lugar (2 quejas), otros porcentajes similares se reportaron por restricciones de autonomía y situaciones que atentan contra la vida, en tanto que en 11%, es decir, un caso, por el tratamiento médico.
En el caso de los hospitales psiquiátricos, de 85 reportes integrados por organismos públicos de derechos humanos, el 38% están relacionados con el tratamiento médico; 29.4% con la violencia ejercida; 19.1% con restricción a la autonomía; 16% con situaciones que atentan contra la vida; 14.7% con la ausencia de apoyos y 5.8% con condiciones del lugar.
En el caso de los reclusorios, de 78 quejas el 51.2% el tratamiento médico es el principal motivo, seguido de violencia ejercida, en 32% de los casos; 25.6% restricción a la autonomía; 24.3% condiciones del lugar; 6.4% situaciones que atentan contra la vida y 5.1% ausencia de apoyos.
En materia de recomendaciones emitidas por organismos estatales de derechos humanos, de las 13 recomendaciones emitidas, “cuatro fueron hechos de violencia en contra de la población usuaria, cuatro por negación de la autonomía, tres por condiciones materiales de los hospitales, dos por ausencia de medidas de seguridad, una por hechos que ponen en riesgo la vida de las personas, una más por ausencia de apoyos, otra por falta de acceso a la información y otra en relación al tránsito de un modelo asilar a uno de atención a la salud mental de la comunidad”.
En cuanto a las recomendaciones en reclusorios, “dos de las cuatro emitidas son por hechos que atentan contra la vida de las personas -específicamente por suicidios-, una por violencia ejercida contra una persona privada de la libertad con discapacidad psicosocial y una por el tratamiento médico recibido”.
Violencia y condiciones indignas
Para Documenta, los datos anteriores evidencian que “en los albergues y centros de rehabilitación predominan las condiciones indignas y la violencia”, en tanto que en los hospitales psiquiátricos y reclusorios “predominan las quejas en contra de tratamientos médicos y la violencia”.
Al destaca que prevalece “la violencia ejercida en contra de la población usuaria” en esos centros, apuntó que además en las clínicas de tratamiento de adicciones y los hospitales psiquiátricos “se denuncia más la negación de la autonomía, particularmente a través de los internamientos involuntarios”, mientras que en los reclusorios y hospitales psiquiátricos “prevalecen las quejas por situaciones que derivan en suicidios”.
La organización sistematizó 44 quejas de personas usuarias de servicios de salud mental relacionadas con humillaciones, golpes, regaños, amenazas, uso de apodos o palabras peyorativas alusivas a la condición de discapacidad, burlas retención o negación de dispositivos técnicos o apoyos para el caso de la población con discapacidad además de la psico social, robo de pertenencias y negligencia médica que, en algunos casos derivan en la muerte.
De acuerdo con los datos proporcionados por las comisiones estatales de derechos humanos, de las 44 quejas, 18 corresponden a hospitales psiquiátricos, 13 a reclusorios, nueve a albergues en particular de la Ciudad de México y cuatro a clínicas de tratamiento de adicciones.
De la revisión de los expedientes de las comisiones, el documento puntualiza que la violencia ejercida contra los usuarios, es ejercida por funcionarios en 90% de los casos denunciados.
Entre los casos que se destacan está la muerte de una persona, debido a golpes propinados por personal médico en el Hospital Psiquiátrico de Parras, en Coahuila; en esa misma entidad la madre de una usuaria del Centro Estatal de Salud Mental, presentó una queja por las marcas de golpes que su hija tenía en el cuerpo; en tanto que en Durango, la madre de una interna en una clínica de tratamientos de adicciones, denunció que su hija había recibido golpes, descargas eléctricas e inmovilización por parte del personal, y que al denunciar los hechos, la Fiscalía General del Estado ordenó la detención del encargado del lugar, pero “a las pocas horas obtuvo su libertad”.
El informe de Documenta, hace un recuento de algunos casos de violaciones graves a derechos humanos por maltrato como la violencia sexual, así como la prevalencia de “tratamientos” como terapia electroconvulsiva, castración química, aislamiento y sujeciones; castigos como baños con agua helada, golpes con palos o diversos obetos, amarres, sentarse en un banco y extender los brazos en forma de cruz, ridiculizar en público, lavar la ropa de otras personas, privar de alimentos, vejar y desnudar con la intención de humillar.
La organización puntualizó que los abusos en algunos casos han terminado con la vida de usuarios de centros de rehabilitación de adicciones, de hospitales psiquiátricos y de centros de reclusión, prevaleciendo los casos en la impunidad.
Documenta sostiene que “en México los entornos de atención a la salud mental en institucionalización son torturantes en la medida que la presencia tanto de actos de tortura autónomos como de prácticas que afectan la integridad psicológica de las personas usuarias se combinan y se prolongan de forma generalizada”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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