Durante el lanzamiento del informe elaborado por Luchadoras “Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México”, que se realizó este lunes, las defensoras de los derechos digitales Angélica Contreras, Agneris Sampieri y Olimpia Coral Melo, coincidieron en que las reformas legislativas son un avance, pero falta avanzar.
Actualmente 30 estados han modificado sus Códigos Penales o sus leyes de Acceso de las Mujeres a Una Vida lIbre de Violencia para sancionar con cárcel y multas los delitos relacionados con la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, pero las defensoras reconocieron que no todas las víctimas desean presentar denuncias ante un Ministerio Público y seguir un proceso penal.
Al hacer un balance sobre los logros y retos de estas reformas, y de la modificación normativa que avanza a nivel federal después de ser aprobada en el Senado, la abogada de la organización R3D, Agneris Sampieri, expuso que no todas las personas buscan las mismas formas de justicia. Hay quienes solo desean que se elimine el contenido que se difunde sin tener que entrar en un proceso legal, aseguró.
No obstante, los estados se han concentrado en el enfoque punitivista para tipificar conductas y sancionarlas con prisión. En contraste, la defensora señaló que una de las propuestas es capacitar al personal de los Instituto estatales de las Mujeres para que pueda asesorar a las víctimas y ser intermediario entre ellas y las plataformas de contenidos donde se difunde la violencia.
Sampieri expuso que una de las inconsistencias de las reformas es dar facultades a los Ministerios Públicos para realizar diligencias que ponen en riesgo la evidencia, como eliminar contenido, algo que es riesgoso porque los jueces deben conocer toda la evidencia. Sin embargo, dijo, las reformas no contemplan que las imágenes, textos o videos que está haciendo daño pueden ser ocultados y al mismo tiempo preservados para la investigación.
La defensora también destacó que hacen falta medidas de prevención enfocadas en mujeres jóvenes, quienes son las principales afectadas de estas conductas. Sampieri expuso que las consecuencias de esta violencia van más allá de una sanción penal, pero hay que entender que una denuncia no es igual a cárcel y que es necesario reconocer otras formas de reparación como el pago de costos del proceso, atención psicológica para las víctimas o terapias para el agresor.
Por su parte, la defensora e impulsora de las reformas en los congresos locales, Olimpia Coral Melo, expuso que a pesar de que el escenario que muestra el informe es desolador, porque menos del 20 por ciento de las carpetas relacionadas con difusión de contenido íntimo siguen en trámite, parte de la resistencia feminista es exigir justicia.
Señaló que este informe es esperanzador si sirve para abrir los ojos a las autoridades y evidenciar que se están aprobando reformas a las que no se les da continuidad para su implementación y llamó a las mujeres que son víctimas de violencia digital a no tener miedo. Dijo que si bien el sistema de justicia “está podrido “, es suficiente con que una mujer encuentre justicia al ver en prisión a su agresor.
La defensora señaló que hay disparidad en las reformas por la poca atención de los congresos para llevar a cabo el proceso legislativo, de ahí que son pocos los estados donde se han emitido protocolos o unidades de atención a delitos contra la intimidad sexual. No obstante, afirmó que las reformas no son la panacea pero nombran este problema y por tanto ya no hay excusas para sancionar estas conductas.
A su vez, la defensora de Aguascalientes, Angélica Contreras, destacó que en el estado, 80 por ciento de las mujeres que han sido violentadas y que fueron consultadas sobre esta violencia dijeron que decidieron no contarle a nadie. Por otra parte, las mujeres, expuso, desconocen a quién acudir o cuando denuncian son revictimizadas.
La defensora destacó el caso de una joven que fue a denunciar el incumplimiento de la “Ley Olimpia”, pero le dijeron que eso no existía. Aunque no hay una ley como tal, existe una reforma en la materia. A otras mujeres, les dicen que si no llevan golpes no hay violencia.
En su participación señaló que falta concientizar a las autoridades de su obligación de atender las denuncias sin revictimizar, porque “ya todo está en papel”, pero falta que se ejecute. Contreras agregó que un espacio olvidado son los centros educativos donde las estudiantes que denuncian son sancionadas con suspensión de clases, cambio de grupo o con quitarles el teléfono.
Las defensoras también señalaron que es necesario visibilizar conductas que no deben considerarse normales, como esta difusión sin consentimiento de contenido íntimo, ofrecer acompañamiento informado a las mujeres y exigir políticas públicas para implementar las reformas vigentes en los estados.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.
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