Un juez federal del Estado de México giró una orden de aprehensión en contra de la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada.
La orden fue emitida a petición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) quien presentó una imputación en contra de Robles a la que responsabiliza de participar junto con otras personas en una operación para ocultar o blanquear recursos supuestamente extraídos del erario.
De acuerdo con fuentes federales, se trata de una investigación que se desprende de las labores de investigación que se llevan a cabo con motivo del desvío de mas de cinco mil millones de pesos en la Sedesol y Sedatu a través del esquema conocido como “La Estafa Maestra”.
La orden de aprehensión girada contra Robles se cumplimentará en las próximas horas en las instalaciones de la cárcel femenil de Santa Martha Acatitla donde se encuentra recluida desde hace mas de un año, luego de que en 2019 se le iniciara un primer proceso penal por el delito de uso ilícito de atribuciones, el cual se encuentra en la fase intermedia.
Una vez que la orden sea cumplimentada por agentes de la Policía Federal Ministerial, Robles deberá ser trasladada ante el juez federal que obsequió para ser informada, en audiencia inicial, de los hechos y cargos que se le imputan.
Si el juez considera que hay evidencia inicial suficiente abrirá proceso en contra de la exfuncionaria federal por los referidos delitos. Se trataría del segundo proceso en contra de Robles, aunque a diferencia del anterior, este es por delitos considerados como graves que ameritan prisión preventiva automática.
La pena para una persona por cargos de delincuencia organizada puede ir de los 20 a los 40 años de prisión.
La orden de aprehensión también fue girada en contra de Simón Pedro de León Mojarro, quien fungiera como coordinador de delegaciones estatales de la entonces Sedesol, por los mismos delitos que a Robles.
Entre las evidencias con las que cuenta la Fiscalía para la solicitud de esta orden, indicaron las fuentes consultadas, están declaraciones de otros exservidores públicos que recibieron criterios de oportunidad (se volvieron testigos colaboradores) así como datos recabados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
La denuncia que dio pie a la investigación contra Robles por lavado de dinero se presentó el 11 de septiembre del año pasado por la UIF ante la SEIDO. A partir de ahí se inició la carpeta de investigación número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019 a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de dicha subprocuraduría.
En esa misma denuncia la UIF también señaló a Emilio Zebadúa y a su círculo familiar por posible lavado pero hasta ahora no hay notificación de que se haya procedido en su contra. Cabe señalar que Zebadúa inició hace unos días negociaciones con la FGR en búsqueda de un criterio de oportunidad, es decir, volverse testigo en contra de Robles y otros altos exfuncionarios. Todo ello a cambio de que él no sea procesado o que se le imponga una pena reducida.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
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