Como parte de la estrategia para obtener el perdón legal, Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol y la Sedatu y denunciado por presunto lavado de dinero, hizo una declaración ministerial en la que acusó que el dinero de los convenios entre la Sedatu y universidades públicas era sacado en efectivo para “apoyar en la elección para la gubernatura del Estado de México (…) lo que proporcionó materiales y recursos para la actividad y la movilización en la totalidad de los municipios del Estado de México”.
“Entre finales de 2016 y mediados del 2017 me consta que en seis ocasiones diversas, en la oficina de la secretaria Robles en Reforma 99, así como en la oficina alterna en la colonia Cove, se recibió y resguardaron fuertes cantidades de dinero en efectivo que a su vez fue enviado por personal adscrito a la oficina de la Secretaría a distintos puntos del Estado de México durante el periodo electoral de campaña para gobernador en esa entidad”, dice en la declaración obtenida por Animal Político.
Los recursos públicos desviados cumplían dos fines principalmente: “campañas de promoción de la figura del presidente Enrique Peña Nieto, de la figura de la secretaria Rosario Robles y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en búsqueda de posicionarse para la candidatura presidencial de 2018; y para contar con recursos para la propaganda y movilizaciones en elecciones estatales, principalmente la del Estado de México en 2017”.
De acuerdo con la declaración de Zebadúa se desviaron 1, 267 millones de pesos provenientes de ocho convenios para las estrategias de publicidad de Peña Nieto, Osorio Chong, Rosario Robles, y para la campaña electoral del Estado de México.
Detalló que para el tema de la publicidad de Peña, Osorio y Robles el dinero provino de cuatro convenios que Sedatu firmó con el Sistema Quintanarroense de Comunicación por 702 millones y de un convenio con Televisora de Hermosillo con 320 millones.
Y para la campaña electoral y presunta compra de votos en el estado de México se desviaron recursos de tres convenios más por un monto de 245 millones de pesos, como se detalla más adelante.
Sin embargo, lo que Zebadúa no menciona es que de acuerdo al reglamento interno de la Sedatu, la responsabilidad del manejo y salida del presupuesto de la dependencia estaba a cargo de la Oficialía Mayor, es decir, el área que él encabezó.
Los apoyos para Del Mazo
En marzo de 2017, el PRI registró como su candidato a la gubernatura al Estado de México a Alfredo del Mazo, quien resultó ganador con 2 millones 40 mil votos, mientras que su más cercana competidora, Delfina Gómez, de Morena, logró 1 millón 871 mil votos.
Pero antes, fue titular del Banobras, cuando el banco hizo tres convenios con el Fondict, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México por 503 millones 616 mil pesos para hacer supuestos servicios como “control, operación y soporte de tecnologías de la información y comunicaciones”, pero la institución subcontrató empresas que resultaron ser ilegales o fantasma, como reveló la investigación La Estafa Maestra.
Durante la elección de 2017 en el Edomex, Morena denunció que en cinco municipios del Edomex se había registrado una participación promedio de 65% –mientras en el resto de la entidad apenas se superaba 50%– lo que podría ser resultado de la compra de votos y entrega de apoyos gubernamentales o urnas rellenadas y falsificación de actas en la jornada electoral, acusó entonces Andrés Manuel López Obrador, fundador del partido.
Incluso en marzo de 2017, apenas en el registro de candidatos, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) ya sumaba 462 averiguaciones previas sobre presuntos ilícitos como compra de votos y condicionamiento de programas sociales en el Estado de México, Veracruz y Coahuila, donde habrían elecciones ese año.
Animal Político buscó al equipo del gobernador Del Mazo para obtener alguna respuesta ante el señalamiento, pero prefirieron no emitir postura.
De acuerdo con la declaración ministerial de Zebadúa, realizada el pasado 19 de octubre, el dinero desviado financiaba actividades de carácter “extra-institucional” como brigadas de propaganda política, campañas de comunicación social extraordinarias y apoyo a sectores sociales, todo encaminado a cumplir “metas electorales”.
La operación en el Estado de México provenían de varios convenios realizados por la Sedatu con varias universidades públicas, como el de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, por 185 millones de pesos. Signado supuestamente por Armando Saldaña, exdirector general de Ordenamiento Territorial en la Sedatu, pero éste denunció penalmente en 2017 la falsificación de su firma ante la PGR y ante el Órgano Interno de Control.
Otro con el Instituto Superior de Comalcalco por 40 millones de pesos, y con la Universidad Politécnica de Quintana Roo por 20 millones de pesos firmados por José Antolino Orozoco Martínez, exjefe de la Unidad de Políticas Planeación y Enlace Institucional de la Sedatu, fue testigo colaborador de la FGR, pero tiene ya una orden de aprehensión por el presunto delito de delincuencia organizada.
Sin embargo, lo que Zebadúa no menciona es que de acuerdo al reglamento interno de la Sedatu, la responsabilidad del manejo y salida del presupuesto de la dependencia estaba a cargo de la Oficialía Mayor, es decir, el área que él encabezó.
De hecho, en la acusación involucró a Luis Videgaray, justamente porque en su cargo como Secretario de Hacienda podía administrar los recursos. Por eso es que él ordenó la ejecución de La Estafa Maestra y autorizaba partidas extraordinarias de recursos públicos hacia las dependencias que participarían en el esquema de desvío.
Esta declaración ministerial de Zebadúa forma parte de la petición para ser testigo colaborador en la investigación por La Estafa Maestra, luego de ser denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero, al detectar que él y dos de sus hermanos gastaron 205 millones de pesos junto sin que correspondiera a sus ingresos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL, NAYELI ROLDÁN.
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