De acuerdo con testimonios obtenidos por Animal Político e investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, exfuncionarios de universidades y organismos públicos que hicieron convenios con las dependencias aseguran que Zebadúa inició la negociación y sus subalternos servían de enlace en la operación y autorizaban la salida de recursos.
El esquema consistió en que dependencias de gobierno firmaban convenios con universidades públicas para hacer supuestos servicios, pero estas subcontrataban a empresas fantasma o ilegales, como reveló el reportaje periodístico La Estafa Maestra. Según Zebadúa, él “nunca” participó, pero los testimonios lo desmienten.
Zebadúa, el encargado de los recursos
Quienes conocen a Emilio Zebadúa González lo describen como un hombre arrogante, listo y muy culto. Solo consultaba la prensa internacional y acostumbraba a leer The New York Times con los pies sobre el escritorio de su oficina.
Comenzó a despachar en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, desde 2006 cuando se integró al equipo cercano de Elba Esther Gordillo, la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dirigiendo la Fundación para la Cultura del Maestro SNTE, cuya sede estaba en esa colonia.
Tiempo después instaló su propia oficina en Tennyson 125, y la mantuvo aún como funcionario público. Los visitantes cuentan que debían pasar por los arcos detectores de metales puestos en la entrada y dejar los teléfonos celulares, relojes, y hasta las plumas, en el lobby.
Las reuniones se realizaban generalmente en la sala de juntas, cuya entrada era flanqueada por un jaguar gigante tallado en madera, técnica típica de Chiapas, de donde es originaria la familia Zebadúa; al interior, una ostentosa mesa de madera oscura para 12 personas y en las paredes una extensa biblioteca y obras de arte finas. “La oficina era la ostentación por la ostentación”, dice una de las fuentes entrevistadas y que conoció el lugar.
En esa oficina, poco después de iniciar el sexenio de Enrique Peña Nieto, ocurrieron las primeras reuniones con el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, quien ahora enfrenta una orden de aprehensión por su presunta participación en delincuencia organizada y lavado de dinero.
Esas reuniones eran encabezadas por Rosario Robles, entonces titular de Sedesol, y su oficial mayor, Emilio Zebadúa, afirman fuentes consultadas por este medio que pidieron anonimato por temor a represalias. Aunque al principio hubo reticencia por parte del rector, ambos funcionarios (Rosario y Emilio) insistían en que “no pasaría nada”.
Para muestra, el mismo Zebadúa firmaría el primer convenio de colaboración, como efectivamente ocurrió el 6 de mayo de 2013, según consta en el documento obtenido por este medio.
También influyó la intermediación de Enrique Fitch, a cargo de la dirección de Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, entonces apoderado legal de esta universidad que había firmado convenios incluso desde 2012 con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), bajo el mismo esquema de contratación de supuestos servicios.
“Ellos vinieron, literal, a hacer campaña. Nos decían: ‘miren qué bien nos va con estos convenios con Sedesol. Tenemos dinero y una situación financiera sólida”, explica un exfuncionario de la Universidad de Morelos, que subraya que, en realidad, Fitch y Del Pozzo “fueron los primeros vendedores del modelo de La Estafa Maestra” entre funcionarios de otras universidades.
“No va a pasar nada”
Exfuncionarios de la Universidad Autónoma de Morelos narran varios encuentros con Emilio Zebadúa, en los que se da detalle de cómo eran las presiones a las universidades para que accediesen a participar en el esquema de La Estafa Maestra.
“Zebadúa nos repetía constantemente: ‘podemos ayudarlos con su problema financiero. Ayúdennos y nosotros los ayudaremos ”.
Una de esas reuniones tuvo lugar en marzo de 2015, en un restaurante cercano a la sede de Sedesol, en el Paseo de la Reforma, donde “los meseros le hablaban por su nombre” a Emilio Zebadúa.
Dos meses antes, en enero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había emitido un primer informe sobre irregularidades en el gasto de la UAEMOR en la cuenta pública de 2013, cuando firmaron el convenio con Sedesol.
Zebadúa iba acompañado ese día de dos abogadas. “Nos dijo: ‘Esto se va a complicar, pero ustedes no van a hacer nada’. Y para tranquilizarnos nos decía: ‘Esto es un tema de medios, no de fondo. Así que tranquilos, no va a pasar nada’”.
No fue hasta finales de octubre de 2015, ya con Zebadúa como oficial mayor en la Sedatu de Rosario Robles, cuando los exfuncionarios aseguran que lo vieron “muy preocupado” por las denuncias penales que la Auditoría interpuso por desvíos en Sedesol en la cuenta pública de 2013.
En esa reunión, también en el restaurante que solía frecuentar, Zebadúa les propuso “una defensa conjunta” ante los medios de comunicación. Pero esta no se llegó a concretar. Por el contrario, Zebadúa decidió cortar de manera tajante las relaciones.
El rompimiento se produjo porque el exrector Alejandro Vera entró ese año en la carrera política para contender como gobernador de Morelos, manteniendo un pleito público con el mandatario morelense de ese entonces, Graco Ramírez.
“Vera se volvió un riesgo. Se hizo demasiado escandaloso, demasiado visible, por eso nos dijeron que ya no nos querían volver a ver”.
El último contacto de los exfuncionarios universitarios con Zebadúa fue en diciembre de 2015. Desde entonces, dicen los entrevistados, ya no les tomó ni una llamada. “Hubo un rompimiento absoluto”.
Fue entonces cuando la UAEMOR dejó de recibir convenios, y la Sedatu puso los ojos en otras universidades más pequeñas, como la Francisco I Madero, de Hidalgo, el Tecnológico de Comalcalco, en Tabasco, o en medios de comunicación estatales, como el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social de Quintana Roo, donde continuaron los desvíos a empresas fantasma.
“Cuando exprimieron a las universidades autónomas se fueron con estas universidades más pequeñas. Con ellas era más fácil, por ejemplo, fabricar los entregables porque tenían menos controles. Eso les facilitó mucho la transa”, dice uno de los funcionarios entrevistados.
Presión financiera
Los funcionarios de Morelos entrevistados por Animal Político reconocen que “había una presión financiera tremenda para aceptar los convenios. Hasta el punto que decíamos: o se resuelve ya la falta de dinero, o el barco se nos hunde”.
La Universidad de Morelos terminó haciendo convenios por mil 201 millones de pesos entre 2013 y 2014 para supuestos servicios que no hizo, pues envió el dinero a empresas fantasma. Solo por la intermediación, la institución se quedó con un supuesto moche de 61 millones de pesos.
Otro exfuncionario de un organismo de comunicación pública, también bajo anonimato, coincide en el argumento de la presión financiera. “Era eso o dejar de pagar salarios”, dijo al justificar su participación en la trama a cambio de obtener recursos que no encontraban por la vía legal.
Por eso es que, afirma, la elección de las universidades y organismos públicos de comunicación pasaba no solo por el contacto personal entre funcionarios, sino por sus registros financieros.
Desde ahí entraba en operación la Secretaría de Hacienda, pues tenía información sobre el estado de las finanzas de las instituciones y además recibía las peticiones de ampliaciones presupuestales cuando los números estaban en rojo. Las entidades con mayor apuro financiero eran el terreno fértil para la estafa.
Sobre todo porque éste mecanismo no fue exclusivo de la Sedesol y la Sedatu, sino que involucró a otra decena de dependencias de gobierno como la SEP, la SCT, Pemex o Banobras con instituciones de presupuestos menores como la Universidad Mexiquense del Bicentenario, la Universidad Politécnica de Chiapas o Radio y Televisión de Hidalgo y Televisión de Hermosillo.
“El paquete”
La Auditoría Superior de la Federación recabó información de exrectores como parte de las investigaciones adicionales a las revisiones de auditoría. Uno de los testimonios advierte que en 2016 acudió a sus oficinas Claudia Gabriela Morones Sánchez junto con Anner Pérez, “quienes manifestaron ser servidores públicos de la Sedatu y me entregaron los convenios para que yo los firmara”.
Ambas regresaron en diversas ocasiones para “llevar los entregables ya elaborados, por lo cual únicamente solicitaban que elaborara los oficios correspondientes para formalizar la supuesta entrega de los servicios ejecutados a la Sedatu. En razón de lo anterior, los entregables jamás fueron entregados por las empresas contratadas, ya que el vínculo de estas fue con la Sedatu”, se asienta en una de las actas administrativas circunstanciadas de auditoría obtenidas por este medio.
En el reportaje “Operación Entregables”, realizado por Aristegui Noticias, se reveló la participación de Morones en la elaboración de los “entregables”, es decir, los documentos comprobatorios de los servicios que eran fabricados en la oficina ubicada en Bahía de Magdalena 125, en la Anzures.
Morones era una funcionaria cercana a Emilio Zebadúa pues en Sedesol ocupó dirección general de Recursos Materiales, un área de la Oficialía Mayor, y solo estuvo formalmente nueve meses en el Registro Agrario Nacional de la Sedatu, aunque continúo laborando por periodos como prestadora de servicios bajo el concepto de “asesoría en el pago de proveedores”.
Un exfuncionario que pidió anonimato advierte que además de Morones también acudía a sus instalaciones otro supuesto empresario y portavoz de la Sedatu, Alejandro Hinojosa, y ambos indicaban a qué empresas transferir los recursos y supervisaban la dispersión.
Luego de convencerlo de participar en la triangulación de recursos, Morones le indicaba que le entregaría una serie de documentación a la que ella llamaba “el paquete” y que consistía en “el convenio general, los convenios específicos, órdenes de trabajo, cotizaciones de los servicios con empresas, contratos con las empresas, oficios y actas de entrega, actas de cierre de servicios”, explica la fuente.
Se trata de todos los documentos que genera una contratación conforme lo mandata la Ley de Adquisiciones, pero en este caso todo era simulado. Después de esto, el titular de la institución debía firmar y sellar todos los documentos de acuerdo a las fechas que Morones establecía. Una vez concluido esto, la institución emitía la factura por el cobro de los servicios a la Sedatu.
La ruta de los recursos
De acuerdo con el reglamento interior de la Sedesol y la Sedatu, el Oficial Mayor tiene la responsabilidad de administrar los recursos de cada dependencia, por ello, el ejercicio de presupuesto y solicitudes de ampliación deben ser registrados en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), que requiere de un usuario y clave, mismas que estaban en resguardo de dicha área.
El subalterno inmediato de Emilio Zebadúa en la Sedatu, Francisco Báez, director general de Programación y Presupuestación, ejecutaba el pago a proveedores, en este caso las universidades públicas.
El procedimiento comenzaba con el registro del compromiso presupuestal (el pago a proveedores) en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) con los datos del contrato, el proveedor, partida de gasto, programa presupuestario.
La Tesorería de la Sedatu, encabezada por Martha Lidia Montoya, recibía el folio del compromiso presupuestal y autorizaba el trámite en el SICOP, que luego era registrado en el Sistema Integral de Administración Financiera (SIAFF).
Después debía tramitar una Cuenta por Liquidar Certificada (CLC), es decir, el documento comprobatorio para registrar toda erogación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Con ello, la Tesorería de la Federación revisaba, autorizaba y liberaba los recursos para pagar al proveedor y genera una CLC autorizada, y así hacer efectivo el pago a proveedores.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN, MANU URESTE.
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