Los recortes presupuestales, la ausencia de políticas de Estado que contribuyan a garantizar el bienestar de la población infantil y las medidas de confinamiento para enfrentar la pandemia de COVID-19, agravaron las condiciones pre-existentes de desigualdad y pobreza en la que vive niñez y adolescencia en Chiapas, aseguraron organizaciones civiles.
La Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas, integrada por la Alianza por la Salud, Alimentación y nutrición, Aldeas Infantiles SOS Chiapas, Desarrollo Educativo Sueniños, Melel Xojobal, Vientos Culturales, y World Vision Chiapas, advirtieron que a 31 años de la Convención de los Derechos de la Niñez, aniversario que se conmemora este 20 de noviembre, se incrementó la desigualdad y las brechas en el acceso a derechos de la niñez y adolescencia en aquel estado.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en esa entidad 85.4 por ciento de la población infantil y adolescente es pobre por ingresos, lo que podría incrementar a 92.6 por ciento y hasta 93.3 por ciento. Significa que 9 de cada 10 niñas, niños y adolescentes en el estado, vivirán su infancia y adolescencia en pobreza o extrema pobreza, con un efecto negativo en sus proyectos de vida, explicaron en un comunicado.
La suspensión de clases presenciales y la estrategia educativa “Aprende en Casa” implicó que cientos de niñas, niños y adolescentes se hayan quedado sin escuela por falta de acceso a internet, computadora o televisión, con el riesgo grave de deserción, lo que impacta particularmente para las niñas y mujeres adolescentes a quienes tradicionalmente se les asigna obligaciones de cuidado y cumplen dobles o triples jornadas de trabajo. Cabe mencionar que Chiapas es la entidad con mayor rezago educativo a nivel nacional.
En esta pandemia las y los menores de edad que trabajan se han quedado sin trabajo o han dejado de ayudar a su familia a generar dinero, lo que representa importantes restricciones en el acceso a la alimentación o la educación principalmente. Para las infancias trabajadoras, la pobreza, la precariedad laboral y los menores niveles de escolaridad, incrementan sus probabilidades de exponerse a la explotación, la trata de personas, y el trabajo forzado, expusieron las organizaciones.
Por otro lado, alertaron que las diferentes expresiones de violencia contra la niñez no se han detenido, sino más bien han ido a la alza. En este año, Chiapas registró una cifra récord en niñas, niños y adolescentes con reporte de desaparición, misma que representa casi el doble respecto al año anterior. Hasta el mes de noviembre 316 niñas, niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos y sólo 47 por ciento tiene reporte de localización; 85 por ciento de las desapariciones están concentradas en niñas y mujeres adolescentes.
En sus expresiones más graves, la violencia machista ha cobrado la vida de 8 niñas y adolescentes víctimas de feminicidio. De acuerdo con las agrupaciones, la más pequeña tenía 1 año de edad.
Todo lo anterior ha repercutido gravemente en la salud emocional de la niñez. La red de organizaciones indicó que muestra de ello es el incremento a más del doble de la cifra de suicidios de adolescentes respecto a 2019. Hasta agosto de 2020, 24 adolescentes entre 13 y 17 años fallecieron por esta causa, en 2019 la cifra fue de 14.
También alertaron sobre los conflictos armados no resueltos en la entidad que prevalecen con la complicidad del Estado así como las prácticas de despojo territorial a los pueblos originarios para imponer megaproyectos (supercarreteras, mineras, hidroeléctricas y plantaciones). Estos conflictos han representado el desplazamiento forzado de más de 4 mil niñas, niños y adolescentes de 2006 a la fecha.
La red expuso que ahora más que nunca se requiere que el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes asuma un serio compromiso para garantizar y proteger los derechos de la niñez. No obstante, este mecanismo sigue sin contar con una estructura ni presupuesto propio para operar y el Anteproyecto del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes presentado desde el inicio de esta administración sigue sin publicarse.
“Si no actuamos hoy, tendremos una crisis sin precedentes con impactos irreversibles en el presente y futuro de los más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes que viven y transitan por este territorio”.
Es por esto que llamaron a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en todos los niveles, a priorizar el interés superior de la niñez en sus decisiones y a cumplir a cabalidad y con presupuesto el Acuerdo SIPINNA/EXT/01/2020 por el que aprueban acciones indispensables para la atención y protección de las Niñas, Niños y Adolescentes durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
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