Yair y Héctor, menores mazahuas, fueron torturados y mutilados presuntamente como venganza del grupo delictivo, en la Ciudad de México.
Al destacar que el caso “confirma la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México y las prácticas de terror que usan como forma de control territorial”, la organización alertó sobre el incremento de la violencia contra la niñez, toda vez que de enero a septiembre de este año mil 777 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de homicidio, “es decir, diariamente asesinan a siete y desaparecen a otros siete, en total impunidad”, de acuerdo con datos oficiales.
En un pronunciamiento, la Redim consideró que el asesinato de los niños mazahuas, de 12 (Yair) y 14 años (Héctor), quienes el 27 de octubre habían sido reportados como desaparecidos y habrían sido víctimas del crimen organizado, “son la expresión más cruda del fracaso de la estrategia de seguridad basada en la militarización en todo el país”.
Según la información oficial, los restos de los menores se encontraban en bolsas negras dentro de cajas de plástico, en un diablito que era movido por un hombre identificado por autoridades como Eduardo N, en tanto que las pruebas forenses “arrojaron que los dos niños fueron torturados y mutilados presuntamente como venganza del grupo delictivo”.
La organización exigió a las autoridades no filtrar información de la carpeta de investigación que dé lugar a la revictimización y a atentar contra la dignidad de los niños víctimas, y recordó su obligación de “identificar las redes de macro criminalidad que permiten operar a la delincuencia organizada en el centro de la ciudad”.
Aunado a lo anterior, “el hecho de que sean dos niños indígenas puede representar que fueran víctimas de otros delitos previos como reclutamiento forzado y otros abusos”, abundó.
La Redim acusó al Estado mexicano de ser “cómplice de la violencia del crimen organizado en contra de niñas, niños y adolescentes”, no sólo por la posible participación de agentes del Estado en muchos delitos, sino por la impunidad en que permanecen miles de homicidios, pues de cada cien carpetas de investigación donde niñez y adolescencia son víctimas, “sólo tres alcanzan algún tipo de proceso o sentencia”.
Lamentó la negativa del gobierno federal de incorporar como política pública el #Proyecto26, “una estrategia nacional para frenar la violencia armada en contra de niñas, niños y adolescentes”, misma que consideró necesaria “especialmente ante la regresión en derechos garantizados por las reducciones presupuestales a las instituciones y programas públicos en los dos últimos años”.
Tras manifestar su solidaridad con las familias de los niños mazahuas, la Redim exigió al Estado mexicano “abandonar los discursos vacíos y comprometerse a articular un proyecto prioritario para proteger el derecho a la vida y desarrollo de la infancia”.
De igual manera, alentó a explorar alternativas “basadas en la comunidad, el fortalecimiento de las instituciones de infancia, la participación de la niñez y la juventud en la prevención de la violencia”, sobre todo para construir la paz en territorios más conflictivos.
Para lograr ese objetivo, será necesario el acompañamiento de expertos internacionales y sociedad civil, “para ayudar a definir los tramos de responsabilidad institucionales a nivel federal, estatal y municipal en la prevención y atención de las violencias contra la niñez”, apuntó.
Y también hizo un llamado a periodistas y medios de comunicación para evitar el manejo revictimizante de la información que atente contra la dignidad de las víctimas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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