Los colectivos acusaron que la reforma condiciona la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a la denuncia penal y exige que la mujer cuente con el aval del Ministerio Público para poder practicar el aborto.
Además, la refoma condiciona que las niñas y adolescentes deben estar acompañadas por sus padres para practicarse la ILE, así como sanciona y criminaliza al personal médico «garantista de los derechos reproductivos de las mujeres», estableciendo que deberá dar vista al DIF y a la Secretaría de la Mujer cuando se presente un caso de aborto.
Las organizaciones recordaron que tan sólo en este año Guerrero ocupa el primer lugar a nivel nacional de embarazo infantil, con más de 3 mil menores de edad que han parido un hijo, «y que eso según el Instituto Nacional de las Mujeres es producto de la violencia sexual».
Por ello, exigieron que el pleno del Congreso del Estado de Guerrero emita un voto en contra de esta reforma y convoque a un Parlamento abierto en el que se escuchen las voces de las víctimas, de las organizaciones peticionarias, las agencias de Naciones Unidas, Médicas, y organizaciones de la sociedad civil expertas en derechos humanos.
De igual forma, demandaron que se garanticen los derechos de las mujeres y que el actuar del Congreso «se aleje de creencias religiosas o de la postura de grupos conservadores, que impiden la garantía de los derechos de más del 50% de la población en la entidad».
El comunicado completo:
Las organizaciones que trabajamos con víctimas de violencia sexual en la montaña reprobamos el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guerrero para reformar el artículo 159, sumando más obstáculos al aborto por violación, y consideramos que esta reforma es regresiva y violenta la salud reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes.
Hace unos días, presentamos en redes sociales una campaña para visibilizar la violencia que las niñas sobre todo viven en esta región y en el estado de Guerrero. Con esto queremos que las autoridades se sensibilicen y sepan que a quien afectan con sus decisiones morales y religiosas es a las víctimas que ya han sufrido una violación y encima les quieren poner más candados para que no accedan a un derecho ganado hace muchos años y que hoy el Congreso del Estado pretende desparecer.
Hemos visto en medios de comunicación y a través de funcionarios y funcionarias que el Gobernador está buscando a las niñas cuyos testimonios presentamos, queremos decirle que las niñas somos todas, que somos muchas las víctimas a quien el sistema de justicia no cree, a quien rechazan en las instancias de gobierno cuando solicitamos ayuda, y que muchas aún se quedan calladas por el miedo a que la violencia sea peor. Le queremos decir al gobernador y a los diputados que tan solo en este año Guerrero ocupa el PRIMER lugar a nivel nacional de embarazo infantil con más de 3 mil menores de edad que han parido un hijo, y que eso según el instituto nacional de las mujeres es producto de la violencia sexual. También queremos decirles que Guerrero ocupa el PRIMER lugar en matrimonio infantil según datos publicados por ONU mujeres, y que desde 2017 tenemos una alerta por violencia feminicida por los altos números de asesinatos cometidos contra mujeres la que según datos de CONAVIM solo se ha cumplido con el 32% de su aplicación, y que para este año fue declarada la segunda alerta de violencia de género, esta vez por agravio comparado, proceso del que se deriva la homologación de la norma 046, mismo que la comisión de justicia no solo no atiende sino que intenta poner más candados para acceder a un aborto, legal y seguro en los centros de salud y hospitales. Frente a la violencia sexual que priva en Guerrero, es necesario que las reformas y legislaciones que se impulsen desde el Congreso del Estado, evidencien el compromiso con las mujeres Guerrerenses y las modificaciones sean progresivas no regresivas.
Dicha reforma es regresiva porque:
- Condiciona la causal de interrupción por violación a las 8 semanas, cuando los estándares internacionales establecen que en el caso de violación no puede restringirse el tiempo, debido a varias razones, entre ellas: que es difícil que las mujeres, adolescentes y niñas acudan a solicitar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por temor, porque se encuentran en lugares lejanos, porque no cuentan con los recursos necesarios, por vivir en contextos de pobreza, por ser menores de edad, etc.
- Por otra parte, condiciona la ILE a la denuncia penal, requiriendo que una mujer, niña o adolescente víctima de violencia sexual cuente con el aval del Ministerio Público antes de que la interrupción le sea practicada. Cabe mencionar que la mayoría de las mujeres no presentan la denuncia por temas de estigma, o desconfianza en las autoridades.
- Asimismo, condiciona a que las niñas y adolescentes vayan acompañadas por sus padres, extendiendo la edad no solo para las menores sino a las jóvenes de hasta los 18 años, para que acudan ante las autoridades acompañadas de sus padres, sin tomar en cuenta que la mayoría de las violaciones sexuales cometidas contra menores de edad, los agresores son sus propios familiares.
- Sanciona y criminalizar al personal de salud que sea progresista y garantista de los derechos reproductivos de las mujeres; estableciendo que deberán dar vista al DIF y a la Secretaría de la Mujer cuando se presente un caso.
La Comisión de Justicia del Congreso del Estado, conformada por: Omar Jalil Flores Majul (PRI), Guadalupe González Suástegui (PAN), Servando de Jesús Salgado Guzmán (Sin grupo parlamentario) y Ossiel Pacheco Salas (Morena), que votaron a favor, y Moisés Reyes Sandoval (Morena) que es el único que se opuso a esta reforma que es regresiva y una aberración que busca poner mayores candados legales que pudieran derivar en embarazos forzados, afectando de manera particular a las mujeres, niñas y adolescentes indígenas del estado.
Esta regulación restringiría innecesariamente el acceso a servicios especializados de salud para las mujeres guerrerense, pues limitaría el acceso a la ILE, contraviniendo lo establecido en la Ley General de Víctimas, la cual no obliga a las mujeres agredidas a acudir ante el Ministerio Público para acceder a los servicios de salud, contraviniendo también la Norma Oficial Mexicana 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, la cual no señala este requisito para el acceso al servicio especializado de salud.
Así mismo, es contrario a las recomendaciones internacionales, como es el caso del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), quien en las Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México manifestó su preocupación por las “disposiciones de las leyes penales estatales que restringen el acceso al aborto legal y siguen obligando a las mujeres y a las niñas a someterse a abortos en condiciones de riesgo que ponen en peligro su salud y su vida”.
Ante ello, como defensoras de los derechos de las mujeres y organizaciones nos sumamos a las organizaciones peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado y exigimos al pleno del Congreso del Estado de Guerrero:
- Emitir un voto en contra de esta reforma y ponerse del lado de los derechos de las mujeres y el acceso a una vida libre de violencia.
- Convoquen a un Parlamento abierto en el que se escuchen las voces de las víctimas, de las organizaciones peticionarias, las agencias de Naciones Unidas, Médicas y organizaciones de la sociedad civil expertas en derechos humanos.
- Garanticen los derechos de las mujeres y su actuar se aleje de creencias religiosas o de la postura de grupos conservadores, que impiden la garantía de los derechos de más del 50% de la población en la entidad.
al Gobernador Héctor Astudillo Flores:
- Atender la petición de una reunión urgente con las organizaciones peticionarias de la alerta por agravio comparado y diversas organizaciones de mujeres, feministas y activistas, defensoras de los derechos humanos de las mujeres.
- Atender su compromiso de cumplir con las medidas de las alertas declaradas para Guerrero, la de violencia feminicida y la de agravio comparado.
- Hacer el llamado al congreso del estado a legislar bajo el principio de que los derechos humanos deben ser progresivos y no en retroceso tal como lo plantea la comisión de justicia.
- Tener como una prioridad en su agenda la erradicación de la violencia contra las mujeres, instando a los gobiernos locales en la medida de sus atribuciones a cumplir con su obligación de prevenir y atender la violencia.
A la fecha los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del estado tienen una deuda histórica con las mujeres Guerrerenses.
¡Por una vida libre de violencias para las mujeres y las niñas!
Colectivos y organizaciones civiles de la región Montaña.
AUTOR: REDACCIÓN.
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