Ante la caída de los ingresos públicos registrada en los primeros nueve meses de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó en contraer deuda para inyectar recursos en la economía, y prefirió agudizar las ya importantes medidas de austeridad que impulsó desde su llegada al poder: recortó 165 mil millones de pesos al gasto asignados a sus principales programas, partió a la mitad los recursos destinados a obras y adquisiciones para este año, y entregó a los gobiernos estatales 155 mil millones de pesos menos que en 2019.
El gobierno de la Cuarta Transformación aplicó sus tijeretazos multimillonarios de manera casi homogénea en el gasto público. Ni los programas sociales ni las instancias de derechos humanos; mucho menos las entidades federativas se salvaron, según el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del tercer trimestre de 2020, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Sin embargo, hubo excepciones destacadas: el Instituto Nacional de Migración (INM), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuvieron fuertes incrementos presupuestarios –igual que la Secretaría de Economía, que destinó cerca de 30 mil millones de pesos al programa de créditos a microempresas familiares para atender la urgencia causada por el covid-19–, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Energía (Sener) y los fondos destinados al Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Corredor Interoceánico quedaron intocados.
La Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos –que López Obrador tachaba de organismos inútiles en el arranque de su sexenio– recibieron montos muy superiores a los presupuestados, mientras que la Lotería Nacional, que organizó la polémica “rifa” por el precio del avión presidencial, recibió este año 2 mil millones de pesos no contemplados en el presupuesto 2020.
Esto no fue el caso de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el Instituto Nacional de las Mujeres, o la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, todas ellas sufrieron “adecuaciones presupuestarias” a lo largo del año, que les quitaron entre 18% y 44% de sus asignaciones.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2298 del semanario Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario