Sobrevivientes de la Guerra Sucia, los octogenarios Victoriano Flores de la Cruz y Justino Fierro Hernández, originarios de El Quemado, Guerrero, han luchado durante décadas por tener justicia. Fueron torturados y encarcelados por el Ejército; los acusaron de haber emboscado a militares. Ambos ancianos, junto con otras 51 víctimas, ganaron un amparo en 2017 que obliga al Estado a reparar el daño que les fue causado. Un tribunal colegiado confirmó la resolución en mayo de 2019. Pensaron que la 4T acataría dicha sentencia. No obstante, nada ocurre. "San Pedro ya nos está llamando y quisiéramos que, si nos van a compensar, nos compensen", dice uno de ellos.
Victoriano Flores de la Cruz y Justino Fierro Hernández, ambos rebasan los 80 años, comparten una historia en común desde hace casi 50 años. Originarios de la comunidad de El Quemado, en Atoyac, Guerrero, fueron detenidos y torturados por soldados en septiembre de 1972 durante la Guerra Sucia.
Después de años de lucha por la verdad, justicia y la reparación del daño, los dos ancianos y otras 41 víctimas directas e indirectas de la violencia de Estado contra habitantes de El Quemado, así como otras 10 personas de la comunidad vecina llamada San Juan de las Flores, fueron reconocidos como beneficiarios de un amparo que data de 2017 y que obliga a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a compensarles por el daño que les infligieron. Sin embargo, nada ha pasado, pese a que la resolución fue ratificada en mayo de 2019.
Junto con unos 90 hombres, jóvenes y adolescentes de su comunidad, y 16 de pueblos cercanos, Victoriano y Justino fueron acusados de haber participado el 23 de agosto de 1972 en una emboscada contra miembros del Ejército mexicano en el poblado conocido como Arroyo Oscuro, ataque atribuido al movimiento guerrillero encabezado por Lucio Cabañas.
Entre el 2 y 6 de septiembre de ese año los soldados tomaron El Quemado, de donde se llevaron a decenas de personas que fueron trasladadas en helicóptero hacia las bases militares de Atoyac y Acapulco, para después ser procesados.
“Ni siquiera tuvimos la dicha de conocer a Lucio Cabañas y nos sentenciaron a 30 años de cárcel”, dice Victoriano.
Como cientos de víctimas de este periodo conocido como la Guerra Sucia, Victoriano y Justino buscaron justicia, primero denunciando sus casos de manera particular ante la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada y desaparecida en el gobierno de Vicente Fox.
“Empezamos cuando estaba el fiscal (Ignacio) Carrillo Prieto, después dijeron que esos papeles que hizo no sirvieron; más tarde vinieron a interrogarnos otras personas y siguen viniendo y no pasa nada… Apenas vinieron los de la CEAV, pensamos que ya no vamos a declarar nada, el tiempo se va en puros papeles. Lo que queremos es que nos cumplan”, expone Justino.
En entrevista, ambas víctimas coinciden en que la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República les dio esperanza de ser resarcidos por el daño que el Estado mexicano les causó.
“De El Quemado fuimos 24 los sentenciados a 30 años sin haber cometido algún delito. Algunos compañeros ya fallecieron, sólo 10 sobrevivimos y seguimos esperando justicia”, dice.
“En lo personal, quisiera que esto llegara a los oídos del presidente: ya estamos para irnos, San Pedro ya nos está llamando y quisiéramos que, si nos van a compensar, nos compensen. Yo les decía a unos de la CEAV que vinieron que no es una limosna lo que estamos pidiendo, es lo justo porque nosotros fuimos víctimas sin tener culpa”, agrega Victoriano.
Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2297 de la edición impresa de Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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