Mientras tanto la cifra de personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios del país ha continuado en ascenso y el numero de cárceles con problemas de sobrepoblación ya es del 43%. El nuevo virus ha contagiado a 2 ,774 reos y ha matado a 234.
La Ley de Amnistía fue aprobada el pasado 20 de abril en el Senado de la República. El dictamen de dicha norma, que estaba congelado desde 2019, fue rescatado y avalado en una sesión exprés bajo el argumento de que ayudaría en alguna medida a despresurizar las cárceles y, con ello, disminuir los riesgos de contagio ante el arranque de la pandemia.
Pero el diseño y puesta en marcha del aparato burocrático para hacer esto posible (las instancias, los formularios y los lineamientos que la propia ley contempla) le ha tomado a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador más de medio año.
Fue hasta el 19 de agosto (cuatro meses después de la aprobación de la ley) cuando se logró publicar en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para el Procedimiento de Atención de Solicitudes de Amnistía, sin los cuales era imposible siquiera iniciar con el registro de las solicitudes que se presentaran y comenzar su análisis.
En dichos lineamientos se establece que, por cada petición presentada, se debe elaborar un expediente que, a su vez, debe terminar en un proyecto de resolución elaborado por una secretaría técnica. Luego la Comisión de Amnistía debe sesionar formalmente para aprobar o rechazar los proyectos que le presente la secretaría. Dicha comisión, hasta ahora, solo ha tenido una sesión y fue la de su instauración en junio pasado.
“Ha sido bastante lamentable lo que ha pasado. La ley se aprueba en el contexto de la pandemia con un mensaje de que va a despresurizar la prisión cuando en realidad va mucho mas allá de la pandemia: es una deuda con ciertos grupos de población y un esquema de justicia transicional, no una respuesta a la pandemia. Y sin embargo ni con el contexto de la pandemia se han entregado amnistías rápidamente, ni con la emergencia sanitaria”, dijo en entrevista María Sirvent, directora de la organización Documenta.
El balance oficial: 75 en espera de aprobación
De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Gobernación (Segob) obtenidos por Animal Político a través de una solicitud de información, hasta el corte de octubre pasado se habían recibido en total 762 solicitudes formales de amnistía por parte de internos que se encuentran en alguna prisión.
De ellas 75 se encuentran en proyecto de resolución, es decir, con un análisis realizado por la Secretaría Técnica de la comisión de Amnistía en donde se propone aprobar o desestimar la petición formulada.
“Del total de solicitudes recibidas hay 75 que ya cuentan con proyecto de resolución y las restantes solicitudes se encuentran en integración y análisis, por lo que hasta ahora no se ha concedido amnistía”, indica el informe de Gobernación.
Para que alguna de las 75 solicitudes se consume aun restan dos pasos que contempla la ley y los lineamientos. El primero es que la Comisión de Amnistía vuelva a sesionar para aprobar los proyectos que se le presenten. Una vez ocurrido lo anterior las peticiones que sean aprobadas en sentido favorable deberán ser enviados ante un juez federal para que este determine, de forma definitiva, si es procedente o no el perdón.
Dado que la ley contempla un periodo de cuatro meses entre que se presenta una solicitud y debe definirse, se espera que este mes la referida comisión sesione para aprobar los proyectos de resolución que estén listos.
Por otro lado, la Secretaría de Gobernación detalló que de las 762 solicitudes formales que ha recibido, hay 78 donde los reos peticionarios no están procesados o condenados por ninguno de los delitos que la ley contempla para abrir la posibilidad de conceder el perdón. Por tanto, se prevé que sean desestimados.
En cuanto a las peticiones que sí están dentro del abanico de ilícitos que pueden recibir la amnistía, la mayoría corresponden a delitos contra la salud que involucran la venta de narcóticos con 452 casos. En cambio, solo se ha presentado una solicitud de una mujer procesada por aborto, y otra mas de una persona por homicidio en razón de parentesco.
Hay 230 solicitudes donde no se proporcionó detalle del delito.
La ley establece que solo los internos procesados a nivel federal pueden acceder a este beneficio. Por ello las solicitudes que correspondan a delitos del fuero común también serán rechazadas por la secretaría técnica y la comisión a cargo de este procedimiento.
Crisis en penales se agrava
Pese a que a lo largo de 2020, y sobre todo en el contexto de la pandemia, se ha tratado de despresurizar los penales federales y estatales con figuras como la libertad anticipada o condicional pare reos, la cantidad de personas en prisión ha ido en aumento.
Al cierre de septiembre pasado, según datos del cuaderno de estadística penitenciaria del gobierno federal, en el país había 214 mil 202 personas privadas de la libertad en cárceles locales o federales, que son 14 mil más que las que había al arranque del año.
La misma estadística señala que de los 294 penales que funcionan en el país hay 129 (equivalentes al 43%) que tienen problemas de sobrepoblación.
En ese contexto, la pandemia del COVID-19 ha ocasionado estragos. De acuerdo con datos del Observatorio de Prisiones, recolectados por la organización Documenta a partir de informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al cierre del pasado 22 de noviembre ya sumaban 2 mil 774 los internos contagiados con el nuevo virus, y 234 los que han fallecido por la enfermedad.
La Ciudad de México concentra casi la mitad de los casos reportados, aunque hay varias entidades que no son transparentes en su información.
Los datos del observatorio también arrojan, a partir de la realización de diversas encuestas, que en el 51% de los casos ni los internos ni sus familiares han recibido información sobre medidas de prevención ante la pandemia, y en el 85% de los casos no se les ha dado a conocer un protocolo en caso de que haya algún caso positivo.
Contradicciones y lentitud: especialista
La organización civil Documenta, que ha seguido de cerca la creación de la Ley de Amnistía desde la elaboración del proyecto hasta su puesta en marcha, considera que el proceso que ha llevado el gobierno en materia de política penitenciaria ha sido lento y a su vez contradictorio.
Su directora, María Sirvent, recordó que de forma paralela a la creación de esta ley la administración de López Obrador ha promovido reformas constitucionales para incrementar la cifra de delitos que ameritan prisión preventiva automática lo que, en los hechos, ha contribuido al incremento de la población en las cárceles de México
“La verdad es que tenemos que pensar que tan cierta fue esta promesa de campaña de poder darle la libertad a ciertas poblaciones cuando no solo siguen sin concederse las amnistías, sino que además se aumentan los delitos de prisión preventiva. Es un discurso un poco contradictorio”, dijo Sirvent.
La especialista cuestionó que la Comisión de Amnistía solo haya sesionado una vez hasta el momento, situación que impide que los primeros proyectos de resolución puedan ser enviados a los jueces y con ello se materialicen las absoluciones.
Sirvent también recalcó que a nivel estatal ha sido muy lento el avance en la creación de leyes de amnistía locales, pese a que en los artículos transitorios de la ley aprobada a nivel federal se hacia un exhorto a los congresos locales para avanzar en esta materia. El que haya leyes en los estados es vital porque en México la mayoría de las personas está presa por cargos del fuero común, no del fuero federal.
“Hasta donde tenemos entendido solo Hidalgo tiene una ley ya aprobada en este tema. Hay avances en otras entidades como Ciudad de México donde hubo un parlamento abierto. Hay esfuerzos en algunos estados, pero definitivamente hace falta mayor celeridad para las leyes de amnistía en los estados. Eso es una obligación”, dijo.
Pero más allá de ello la especialista insistió en la importancia de que se materialice en los hechos lo que las leyes indiquen. “Una ley que no se implementa es estéril. No solo se tarta de que exista sino de que funcione, sea expedita. No importa que haya ley de amnistía si siete meses después no ha beneficiado a nadie ni siquiera en el contexto de una emergencia sanitaria”, concluyó.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
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