Coincidiendo con la conmemoración de los 109 años del Plan de Ayala de Zapata, campesinos y ejidatarios —campesinos con campos en propiedad—, además de cientos de habitantes, de comunidades y ejidos, tanto de Morelos pero también de Puebla y Tlaxcala, mostraron músculo ante lo que consideran el robo de sus recursos.
La pasada madrugada del lunes 23 de noviembre la Guardia Nacional (GN) desmanteló, sin orden de desalojo, dos campamentos que mantenían desde 2016 ejidatarios de Apatlaco, municipio de Ayala (Morelos) para evitar las obras de finalización del acueducto que llevará agua a la primera de las dos termoeléctricas del PIM. Dicha obra pretende utilizar el ya de por sí disminuido caudal del Río Cuautla y de la planta tratadora de aguas negras, para enfriar las turbinas de la termoeléctrica de Huexca.
El presidente López Obrador anunció el pasado septiembre que la termoeléctrica comenzaría a funcionar a finales de este año. Esa declaración significó un duro golpe para las comunidades locales organizadas en la defensa de su territorio y recursos, reunidas en elFrente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTAyAMTP) .
Pueblos y comunidades de los estados afectados por este megaproyecto, que incluye además de las termos, el acueducto y un gasoducto, llevan desde 2011 luchando por mantener sus recursos de tierra y agua, en un área fundamentalmente de subsistencia campesina. A nivel jurídico han conseguido hasta 19 amparos, diez de ellos con orden vigente de suspensión de cualquier obra y sobre el funcionamiento del proyecto.
“No se han resuelto todos los amparos, y sí hay impedimentos legales en cuanto a las descargas al Río Cuautla, suspensión de funcionamiento del gasoducto en Amilcingo, y en cuanto a que disminuya el agua del río”
Ante la reanudación sin aviso a los habitantes de la construcción del acueducto la Comisión Federal de Electricidad, CFE, a través del coordinador de comunicación Luis Bravo Navarro, afirmaba en conferencia de prensa que no existía ningún impedimento por parte de jueces para la continuación de las obras. “Miente la CFE”, asegura Juan Carlos Flores Solís, abogado y miembro del Frente de Pueblos. “No se han resuelto todos los amparos, y sí hay impedimentos legales en cuanto a las descargas al Río Cuautla, suspensión de funcionamiento del gasoducto en Amilcingo, y en cuanto a que disminuya el agua del río para el funcionamiento de la termoeléctrica con ocho suspensiones, seis de ellas definitivas en diferentes ejidos, que impiden la toma de agua del río”.
El mismo lunes 23N, Flores describió con documentos en mano, el contenido de algunos de los amparos vigentes ante la continuación de distintas obras del PIM: un amparo en favor de la comunidad de Huexca que impide descargar los residuos de las torres de enfriamiento de la termoeléctrica en el río. Otro amparo vigente en la comunidad de Amilcingo que impide “la inminente operación del gasoducto de Morelos toda vez que pudiera tener como consecuencia la privación total o parcial de las tierras del núcleo ejidal”, señala Flores citando el propio documento, así también prohíbe “cualquier construcción o modificación ni siquiera la obtención de una licencia u autorización para tal fin”.
Sin embargo, ignorando estas órdenes judiciales desde aquella misma madrugada del lunes pasado un amplio número de trabajadores recomenzaron los trabajos del acueducto con maquinaria pesada. Algunos medios locales captaron imágenes que advierten de una posible intervención sobre la ribera del río sin cumplir ningún protocolos ambiental. “El hecho de que estén aquí las máquinas no significan que tengan el agua. El agua para los campesinos es la vida y es lo que no quieren entender, más que hincharse la bolsa de dinero bolsillos”, declaraba Jorge Zapata, un campesino de la zona, al medio Central de Noticias Mx.
“Dicen que entre 10 y 15 días van a a terminar el acueducto, esto solo puede causar incertidumbre entre los ejidatarios al no saber exactamente qué tipo de obra se está llevando a cabo”, indica el abogado del Frente de Pueblos
Hasta el momento, la fuerzas policiales mantiene un muro hecho con planchas de acero y decenas de elementos custodiándolo con el que prohíben el acceso al río y a las obras en Apatlaco. Ejidatarios y organizaciones han insistido durante toda la semana en hablar con quien estuviera a cargo de la operación, para entregar los amparos pertinentes e informarles de que el retén estaría violando los recursos jurídicos interpuestos. “Dicen que entre 10 y 15 días van a a terminar el acueducto, esto solo puede causar incertidumbre entre los ejidatarios al no saber exactamente qué tipo de obra se está llevando a cabo”, indica el abogado del Frente de Pueblos.
Por su parte, Isaac Pimentel Mejía, alcalde de Ciudad Ayala, cabecera municipal de Apatlaco, sostuvo desde el primer día que no había otorgado permiso alguno para la continuación de las obras del acueducto. Asimismo se reiteró en respetar y reconocer a los ejidatarios y respetar su derecho constitucional a defender sus recursos.
La traición de AMLO
Desde la intervención de la Guardia Nacional en Apatlaco, se han organizado diversas acciones descentralizadas en toda la franja de pueblos y comunidades por donde pasa o se instala algunas de las obras del megaproyecto. En las mismas se han recordado las palabras pronunciadas por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en campaña cuando era candidato a la presidencia, y que visitando Morelos, aseguró que esa obra no iba a llegar a finalizarse. “México no es territorio de conquista para que vengan los extranjeros a apropiarse de todo. Construir esa termoeléctrica en la tierra de Zapata, sería una ofensa, un agravio”, afirmaba entonces el ahora presidente.
«Si tenemos esta planta produciendo energía eso nos ayuda para que podamos mantener sin aumento los precios de la luz y eso beneficia a todos”, afirmaba AMLO en la mañanera
AMLO en su rueda de prensa mañanera del lunes pasado se aprestaba a ratificar la intervención de la Guardia Nacional para reiniciar los trabajos del acueducto, al tiempo que apoyaba los argumentos de la CFE. “No se está afectando ningún derecho. Haciendo este trabajo es a beneficio del pueblo, porque la CFE es una empresa pública… Si tenemos esta planta produciendo energía eso nos ayuda para que podamos mantener sin aumento los precios de la luz y eso beneficia a todos” afirmaba con su peculiar ritmo pausado.
El Gobierno mexicano alega que al no ponerse en marcha todavía el proyecto lleva ya perdidos 25.000 millones de pesos, sin embargo desde el Frente de Pueblos afirman que “ello no es fundamento legal para violar las suspensiones de amparo, y mucho menos para violar los derechos de los ejidos y comunidades” afectadas por el macroproyecto, señala Flores. Insiste en que es un argumento político y económico para decir que la termoeléctrica es para todos los mexicanos y sería operada por una empresa pública.
“Pero lo que omite el gobierno es que este proyecto va a comprar el gas natural [para que funcione la termo] a dos empresas que forman Gasoducto Morelos, o sea, las españolas Elecnor y Enagas, no para beneficio del país. CFE es solo el prestanombre”, asegura el abogado. Otras multinacionales que se beneficiarían en un medio plazo serían Saint Gobain, Nissan, Burlignton, Continental Gas Natural del Noreste, y las empresas mineras canadienses como Alamos Gold.
En declaraciones para otro reportaje de El Salto activistas del Frente de los Pueblos afirmaban que México tiene un 30% de sobre producción energética, y que lo que se prevé con el megaproyecto a largo plazo es cambiar la condición agrícola de la zona por una industrial, pero con sistemas obsoletos como las termoeléctricas de ciclo combinado que se pretenden con el PIM. Tecnología que ya no se utilizan en Europa, por ejemplo, por su alto coste ambiental y económico.
Comunidades en resistencia
Este pasado sábado el recorrido de la manifestación fue desde Apatlaco hasta la plaza de El Señor del Pueblo, en pleno centro de la ciudad de Cuautla. donde se encuentran las cenizas Zapata, líder campesino de la revolución mexicana. En la valla de metal custodiada por la guardia nacional y que cierra el paso en Apatlaco, los convocantes pegaron carteles con los diez amparos vigentes con suspensión. “Nosotros no venimos a amotinarnos, venimos a notificarles que están siendo los traidores al pueblo y que queremos hablar con el comandante a cargo, que de la cara, que nos firme de recibido las suspensiones”, pronunciaba Juan Carlos Flores a través de los altavoces. Justo al inicio de la marcha se vivieron algunos momentos de tensión, sin embargo después todo transcurrió con normalidad.
‘Agua sí, termo no’, ‘Ni un paso atrás en la defensa de nuestra agua’, ¡AMLO, mientes, los amparos están vigentes! ¡Si Zapata viviera con nosotros estuviera!, coreaban los manifestantes.
Durante el trayecto los y las manifestantes exigían con sus consignas dar marcha atrás al megaproyecto. A su vez, reclamaban proteger la vida y los recursos naturales de sus territorios. Agua sí, termo no, Ni un paso atrás en la defensa de nuestra agua, ¡AMLO, mientes, los amparos están vigentes!, Si Zapata viviera con nosotros estuviera! Apatlaco no es cuartel, fuera ejército de él, coreaban. Durante el trayecto no faltaron recuerdos en memoria de Samir Flores, vecino de Amilcingo y activista del FPDTAyAMTP, asesinado en febrero de 2019.
En sus alocuciones, diversos manifestantes apelaron a López Obrador por ignorar los amparos que suspenden toda obra en diversos ejidos. Advirtieron que si el presidente insistía en llevar a cabo el megaproyecto significaría desconocer lo que ancestral, pero sobre todo legalmente, les pertenece: el derecho a los recursos de tierra y agua.
Algunos activistas se refirieron a la decisión del presidente —de imponer la finalización del megaproyecto— como la misma la traición que cometió el presidente Francisco I. Madero a Emiliano Zapata, y que obligó al líder campesino a redactar y promulgar el Plan de Ayala (1911), cuya principal demanda era exigir la restitución de la propiedad de sus tierras arrebatadas por caciques, grandes hacendados y terratenientes.
“Los campesinos no tenemos miedo a las consecuencias porque no estamos peleando algo por el que no tengamos derecho”, aseguraba un campesino
Las diversas organizaciones de Morelos, Puebla y Tlaxcala prevén más marchas y manifestaciones para conseguir parar el megaproyecto. “No tenemos miedo porque estamos peleando por algo que es nuestro. Los campesinos no tenemos miedo a las consecuencias porque no estamos peleando algo por el que no tengamos derecho”, alertaba Jorge Zapata días antes.
“Se tiene que acordar el presidente de cómo llegó al poder: por el descontento social. Y está traicionando al pueblo. Estamos aquí en una lucha que viene de varios años atrás, y va para adelante”, declaraba Juan Carlos Flores, ante los medios, al término de la marcha. El Frente de Pueblos en defensa de la tierra, el agua y el aire, al que Flores pertenece, lleva viviendo desde 2011 encarcelamientos, represión, tortura, desalojos, militarización y el asesinato de su compañero Samir por su activa oposición al megaproyecto.
Mensajes de solidaridad
De todo el territorio mexicano llegaron a las organizaciones convocantes de la marcha decenas de mensajes de apoyo y exigiendo el fin del PIM. Desde el Consejo Nacional Indígena, Mujeres y la Sexta y el EZLN, pasando por La Escuelita del Agua del Estado de México y la Alianza mexicana contra el fracking, entre muchas otras,
Desde el extranjero también se han sumado a las muestras de solidaridad. Más de 40 de organizaciones ambientalistas, sociales y migrantes del estado español, Francia, Grecia, Suiza e Italia han firmado un comunicado dirigido a las comunidades en resistencia pero también a los gobiernos mexicano y español, en el que rechazan la intervención de la Guardia Nacional para continuar con las obras del acueducto, además de denunciar que se aproveche la contingencia de COVID-19 para imponer el PIM.
Organizaciones sociales europeas señalan a Abengoa Elecnor y Enagas, empresas españolas involucradas en la termoeléctrica y el gasoducto, y al gobierno español, ya que han sido financiadas con dinero público, a través del FIEM
A su vez señalan la responsabilidad de Abengoa, Elecnor y Enagas, empresas españolas involucradas en la construcción de la termoeléctrica y la construcción del gasoducto del PIM. A su vez apelan al gobierno español ya que estas empresas han sido financiadas con dinero público a través del el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Las organizaciones y colectivos firmantes del este comunicado exigen en definitiva que el gobierno de México cese de manera inmediata las obras del Proyecto Integral Morelos, al tiempo de que terminen las violaciones a los derechos humanos “como estrategia institucional y el respeto a la voluntad y la dignidad de las comunidades y los pueblos originarios. exigimos también que se esclarezca el asesinato del compañero Samir Flores y el castigo de los responsables políticos”.
A la Unión Europea demandan “cese la financiación de los megaproyectos de muerte y se sancionen a las empresas que trabajen en proyectos en los que exista vulneraciones de los DDHH” entre otras cuestiones.
Por su parte oficina europea de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés) ha organizado una gira virtual europea entre activistas y abogados del Frente de Pueblos con autoridades en Suiza, Italia, España, Países Bajos y Francia para denunciar la situación actual de las comunidades afectadas por el megaproyecto, y en el que participan también empresas de estos países. Entre las reuniones telemáticas agendadas esta semana están con la el Ministerio italiano de Asuntos Exteriores, y en España, con la Secretaria de Estado de la Agenda 2030 y otra en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de la Unión Europea.
AUTOR: SUSANA ALBARRÁN.
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