Entre los actos más sancionados fueron las disminuciones de salario, la reducción de días de descanso o el incremento de jornadas, según Paul Ortiz, director general de Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. “Hemos recibido muchas denuncias por falta de pago o despidos”, explica el funcionario.
Animal Político quiso saber la identidad de las empresas sancionadas, pero desde la secretaría se argumentó que hacer públicos los nombres podría ir en contra del proceso legal.
México registró los primeros casos de coronavirus el 27 de febrero. Un mes después se decretó la Jornada Nacional de Sana Distancia que implicó el cierre de establecimientos para evitar los contagios. Desde aquel momento se incrementaron las denuncias despidos injustificados o irregularidades con los salarios. En este tiempo se han perdido decenas de miles de empleos, tanto formales como informales.
Desde marzo hasta la tercera semana de diciembre, la secretaría de Trabajo capitalina realizó un total de 746 inspecciones. De ellas, 546 fueron para verificar el cumplimiento de las medidas de trabajo, como aguinaldo, vacaciones o salario. Otras 200 buscaban comprobar que se cumplen las medidas de seguridad e higiene, especialmente las destinadas a evitar los contagios de COVID-19.
Del total de inspecciones se abrió un proceso administrativo en 300 negocios, aunque en otros se han rendido informes por tener datos erróneos. En total, según Ortiz, fueron desahogados 229 expedientes. De ellos, en 80 se impusieron sanciones económicas, que alcanzan un total de 58 millones de pesos.
“Están ya notificadas a los centros laborales y en espera de ser ejecutadas porque la norma tiene previstos métodos de impugnación”, explica el funcionario.
Con las inspecciones se busca comprobar que no trabajen mujeres embarazadas, que se paguen los salarios o que no se registren descuentos no autorizados por la ley, según Ortiz.
En caso de incumplimientos, la secretaría de Trabajo puede imponer sanciones económicas.
En el caso de las vulneraciones a las normas sanitarias, la secretaría de Trabajo insta al cierre, pero si la empresa no lo acepta, interviene el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, que sí tiene atribuciones para ordenar la clausura.
Desde el inicio de la pandemia se multiplican las denuncias por despidos injustificados y otras vulneraciones de los derechos laborales. La última que fue documentada por Animal Político tuvo lugar el pasado fin de semana, cuando la empresa Toks, parte de Corporativo Grupo Gigante, despidió a medio centenar de personas y les presionó para que firmasen una baja voluntaria. Entre ellas se encontraban personas con comorbilidades e incluso una mujer que iba a ser operada al día siguiente de su cese.
Ante hechos de esta naturaleza, la Secretaria de Trabajo de la Ciudad de México insta a los trabajadores a denunciar a las empresas. Según explica Paul Ortiz, existen dos vías para presentar denuncia. Por un lado, puede recurrirse a la Procuraduría de Defensa del Trabajo para pedir asistencia y que se analice su caso individualmente. Por otro, puede presentarse una queja y que se lleve a cabo una inspección.
A finales de abril, cuando apenas habían transcurrido dos meses de confinamiento, la CDMX anunció que analizaba denunciar a 10 empresas por despidos masivos y que estaba investigando a 123 después de cotejar sus datos con los del IMSS. Ante las irregularidades practicadas por grandes compañías, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, llegó a avisar que quienes incurriesen en prácticas contrarias a los derechos laborales podrían no volver a hacer negocios en la capital.
Sin embargo, durante todo este año Animal Político ha documentado diversos casos de malas prácticas empresariales, la mayor parte de ellas con despidos en los que las compañías alegaban pérdida de beneficios a causa de la crisis por la COVID-19.
De hecho, este medio reveló recientemente que en 2020 se multiplicaron un 25% las quejas de trabajadores por abusos laborales a nivel federal.
El anuncio del pasado 18 de diciembre de que el Valle de México entraba de nuevo en semáforo rojo para tratar de frenar los contagios puede ser el detonante para un incremento en los despidos. Por el momento, el gobierno capitalino ha puesto en marcha un apoyo de 2 mil 100 pesos para los restauranteros al que ya se han inscrito más de 34 mil personas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario