«De esta forma la CIDH está atendiendo con prontitud e inminente prioridad y preocupación la situación que viven las comunidades, ejidos y personas defensoras de derechos humanos que se defienden frente al Proyecto Integral Morelos y que han obtenido como respuesta del Estado Mexicano la incursión de la Guardia Nacional para desalojar un campamento que resguardaba los derechos de los ejidos de Ayala, Morelos», señalaron el FPDTA y los Ejidos de Ayala.
La información que solicitó la CIDH al gobierno mexicano es sobre las medidas cautelares que solicitaron los pueblos de Morelos para que se garantice el derecho a la libre manifestación, protesta, organización y reunión pacífica de las personas, ejidos y comunidades que se defienden frente al PIM; suspenda el impulso del funcionamiento y culminación de construcción del PIM; inste al Estado Mexicano a que respete las suspensiones vigentes otorgadas en los juicios de amparo, «realizando el retiro de la Guardia Nacional, policía estatal de Morelos, así como cualquier fuerza pública ubicada en el plantón de Apatlaco, así como el retiro de la maquinaria y las bardas de metal instaladas para custodiar la obra», entre otras.
Recordaron que los ejidos de las comunidades afectadas por el PIM cuentan con ocho suspensiones de plano para evitar que disminuya el caudal de riego del Río Cuautla, «así como la suspensión de plano que tiene el ejido de Amilcingo para evitar comience a funcionar el Gasoducto Morelos y la suspensión definitiva de la comunidad de Huexca para evitar se contamine el Río Cuautla con las aguas de purga de la termoeléctrica».
AUTOR: REDACCIÓN.
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