Los aumentos al salario mínimo en los años anteriores no causaron quejas como las de este 2020, ya que mientras el sector empresarial pedía un aumento del 10 por ciento, el Gobierno federal otorgó el 15 por ciento.
Y aunque desde el Gobierno federal se destacó la creación de salarios mínimos para trabajadoras del hogar y jornaleros agrícolas, de 154.03 pesos diarios y 160.19 pesos, respectivamente, representantes de esos sectores ahora llaman a la transparencia por parte de las autoridades para saber con base en qué parámetros se decidió ese monto que resulta insuficiente.
Ana Farías Calderón, Directora de Parvada, Estrategias Comunitarias A.C., comentó en entrevista que el proyecto técnico de la Consami de 2019 fijó el monto que era más o menos asequible para el promedio de personas empleadoras, de acuerdo con un estudio que realizaron de ingresos, y el monto de salario era de cerca de 248 pesos.
“Esa discusión se iba a dar en diciembre del año pasado y las patronales como que no quisieron entrarle en ese momento. Ya había ese precedente del monto y no se pudo. Este año ya pero el monto está muy debajo. La Conasami tendría que transparentar cuál fue el proceso para llegar a esa decisión, temo que haya sido una concesión a los grupos patronales, lo que es preocupante porque parece que no hay representación sindical de trabajadoras del hogar en ese órgano que vota”, comentó a SinEmbargo.
Agregó que con esta decisión también debe venir una responsabilidad de comunicar qué implica ese aumento, porque mucha gente puede irse con la finta de que pagarles el nuevo monto, es decir, los 154 pesos, porque ahora “eso es lo legal”.
“Si hay esas dos omisiones, de la transparencia de cómo se llegó a ese monto y el comunicar qué implica aumentar el salario mínimo para que al final no signifique un retroceso para la gente que ya ganaba más”, dijo.
María Isidra Llanos Moreno, una de las presidentas colegiadas del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO), comentó que no están de acuerdo porque no fueron contempladas en la decisión.
“Sabemos que nunca antes se había fijado un salario, que no estaba establecido, pero manifestamos un rechazo porque puede ponernos en riesgo porque puede provocar una afectación a los salarios ya existentes de las compañeras. Nos están contemplando, es un avance, pero seguimos inconformes porque no nos consideraron nuestras necesidades económicas. En su mayoría somos mujeres solteras, jefas de familia las que prestamos este servicio y el aumento no cubre ni la canasta básica”, señaló.
“Nosotras estamos viendo cuánto cuesta cada actividad si la hacemos por separado […] Del salario que quedó de 154 pesos, no lo aceptamos. Lo que queremos nosotras es establecer un salario base de 350 y 400 y jalar a las que están en condiciones precarias. Es esa deuda histórica, que aunque ahora ya estamos en la tabla de los salarios no nos consideraron para esa toma de decisión. No nos tomaron nuestras necesidades y somos las que padecemos muchas situaciones y más con el COVID”, añadió.
El salario mínimo debe garantizar el sustento de una familia, así como la posibilidad de tener una vida digna, por ello es indispensable que cubra al menos el costo de dos canastas básicas, para que sea suficiente para 4 integrantes, por ello el monto de éste debería de ser de 6 mil 600 al mes, pero con la fijación de 154.03 pesos para las trabajadoras del hogar, su salario al mes quedaría en 4 mil 500 pesos.
LOS RETOS EN MATERIA
Pese a que el salario mínimo aumentó de manera constante en los últimos 29 años, el poder adquisitivo de la población fue a la baja. Traído a valor presente, por ejemplo, el salario mínimo promedio en México de 1992 (113.4 pesos diarios) es 6.9 por ciento superior al salario mínimo de 2019 (105.6 pesos diarios).
De acuerdo con un análisis de la Unidad de Datos de SinEmbargo, de 1992 a 2014, el poder adquisitivo ligado al salario mínimo cayó en 29 por ciento real. Es a partir del año 2015 en que el salario mínimo (83 pesos diarios a valor presente) comenzó a recuperar la capacidad de poder adquisitivo sobre la inflación, con un aumento real de 41.8 por ciento en comparación con el salario mínimo general vigente a partir de enero de 2020 (123.2 pesos diarios).
A pesar de que el aumento al salario mínimo es positivo, aún falta que México mejore los mecanismos de negociación salarial, porque hasta ahora la representación de los trabajadores ha sido “débil”, máxime considerando que los grandes sindicatos –que son los que tienen representación en la Conasami– tienen “muy poca relación” con trabajadores no sindicalizados que ganan el salario mínimo.
De acuerdo con Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, ahora se debe “buscar un mecanismo de mayor participación para que la gente de menos recursos, la que gana salario mínimo, de alguna manera pueda tener voz y si es posible voto en las decisiones” para que el salario mínimo no dependa sólo del Gobierno, sino también de la deliberación pública o de un acuerdo social.
En ese sentido dijo que el reto sería que no se generaran efectos negativos, ya que aunque el aumento al salario mínimo siempre es deseable, la cuestión es cómo hacer que el aumento se refleje, realmente, en términos de un incremento al poder adquisitivo.
Además está el asunto de los nuevos modelos laborales –como la subcontratación– que pagan poco y que castigan la participación de los trabajadores de las utilidades, la capacidad de negociación sindical, los beneficios sociales y la contratación estable.
Para Gómez Hermosillo, una cosa es el salario mínimo, que hoy en día garantiza cuando menos el acceso a la canasta básica de una persona, y otra cosa es mejorar el ingreso laboral que no depende de un decreto gubernamental, sino de una serie de factores como la productividad y las prácticas ligadas a derechos laborales.
El problema, explicó, es que en México “tenemos los dos extremos: muy baja productividad […] y por otro lado, también muchas prácticas de violación de derechos laborales”. Por ello, el coordinador de ACFP urgió la necesidad de aplicar políticas diferenciadas para construir un sistema de protección social que sustituya el modelo de seguridad social que tenemos, considerando que “nunca vamos a ser un país –porque eso ya no existe en el mundo– en que todo mundo va a tener trabajo y con ello seguridad social”.
Además, hace falta que el país fortalezca la capacidad de defensa y negociación laborales de la población, ya que “el 89 por ciento de la gente con trabajo asalariado, o subordinado o remunerado […] no tiene ninguna capacidad de negociación sindical”; y aún cuando la tengan, “en México la experiencia sindical es malísima”.
Con respecto a la inclusión de jornaleros y trabajadoras del hogar en la lista de salarios mínimos, Gómez Hermosillo dijo que siempre es positiva la inclusión de grupos que estaban al margen de éste mecanismo de garantía mínima de ingreso, aunque el monto haya quedado por debajo de la expectativa, en un contexto de precariedad económica agravada por la pandemia de coronavirus.
COPARMEX Y CCE INCONFORMES
En su conferencia de prensa matutina del jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que los sindicatos de los patrones se negaron al aumento de 15 por ciento al salario de los mexicanos, que es el más bajo del Continente Americano porque durante décadas se argumentó que subirlo “generaba inflación” o “destruía empleos”.
Dijo que los empresarios sí plantearon un ofrecimiento de incremento, pero los representantes de la Conasami consideraron que no era suficiente. “Lamento que no se haya logrado un acuerdo, pero considero que fue una buena decisión”.
El Gobierno federal, que fue representado por la Conasami en el Consejo General de esa Comisión, votó a favor del aumento del 15 por ciento, así como el sector obrero, que puso sus 11 votos a favor. Pero los 11 representantes del sector patronal votaron en contra de la propuesta.
Días previos al anuncio, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al Gobierno mexicano que cubriera parte del aumento del salario mínimo pretendida para 2021, que el propio Jefe del Ejecutivo Federal ubicó en el 15 por ciento.
Es decir, que para que ellos pudieran asumir el objetivo del 15 por ciento de aumento, el Gobierno federal debía pagar 6.42 pesos diarios por cada trabajador que perciba el salario mínimo de 2021. Entonces los empresarios asumirían un aumento del 4 por ciento correspondiente a la inflación esperada y 7.39 pesos extra al día, para que el trabajador perciba un total de 142.25 pesos diarios.
En ese escenario, la Coparmex se mostraba de acuerdo con subir el salario mínimo cerca de un 10 por ciento respecto al actual hasta 135.83 pesos al día, pero no fue aceptada su propuesta.
Gustavo de Hoyos escribió en su cuenta de Twitter que “sin base económica ni consenso”, el Gobierno impuso un incremento desproporcionado del salario, “los empleadores propusimos aumentar el 10 por ciento y que gobierno aportase un 5 por ciento adicional a cada trabajador por el COVID-19. Responsabilizo a López Obrador del desempleo”.
El día de ayer, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en voz de su Presidente Carlos Salazar, aseguró que el aumento será un incentivo para la informalidad porque afectará a las Mipymes.
Salazar expuso en conferencia de prensa que las micro, pequeñas y medianas empresas serán el sector principalmente afectado por deber aumentar el gasto y la informalidad crecerá debido a que, al no poder pagar estos salarios, sería la salida para evitar las inspecciones laborales.
“¿Cómo ha subido la informalidad en el país? De 56 millones de la Población Económicamente Activa, sólo 20 están en la formalidad. La gran fuerza laboral del país está en la informalidad; esto nos debería dar pena a todos”, dijo Salazar.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
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