“Tenemos la impresión de que hay algo detrás, de quien ha postulado fuerte en este lugar para meter miedo o que nos retiremos de la defensa de los casos que estamos trabajando”, asegura el abogado Javier Nicolás Hernández, socio en el despacho Corporativo Magister y jefe de los dos estudiantes.
“Ellos estaban en Puebla, pero por una cuestión ajena a la que ahora les imputan. Son estudiantes de Derecho. Mi hijo salió en televisión como si fuera un delincuente, está en un módulo de máxima seguridad como si fuera un reo peligroso”, se queja Claudia Gazano Romero, madre de Zahid Estrada.
Animal Político quiso consultar la versión de la Fiscalía General del Estado (FGE) pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.
La noche de este domingo inició audiencia de control en el juzgado en la que se determinaría si los jóvenes son vinculados a proceso o puestos en libertad. Estaba prevista su conclusión a lo largo de la jornada del lunes.
Los hechos tuvieron lugar entre las 6 y las 7 de la mañana del 20 de noviembre en el Cereso ubicado en el kilómetro 2.5 de la carretera al Batan, Lomas de San Miguel, Puebla. Allí se encontraban Estrada y Gazano, que radican en la Ciudad de México, pero se desplazan habitualmente a Puebla para las gestiones relacionadas con un preso al que defienden, Emmanuel “N”. Ambos estudian Derecho, uno en el Instituto Anáhuac y el otro en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminalísticas. Su misión aquel día era reunirse con la esposa del reo, que había tenido visita conyugal, y recibir una documentación firmada.
Los jóvenes nunca llegaron a encontrarse con la señora, quien avisó al abogado de que se registró un operativo de la Policía Estatal en la zona.
A lo largo de aquella mañana, el abogado Hernández y los familiares de Estrada y Gazano buscaron a los jóvenes e interpusieron denuncias ante la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Horas más tarde fueron informados de que estaban detenidos en las oficinas de la policía estatal de Puebla en el Centro Histórico de esa ciudad capital.
“Los celulares de ellos aparecían en línea, pero no respondían. Eso es porque los estaban revistando”, dice el abogado.
Este dato es corroborado por Gazano Romero, madre de uno de los jóvenes. Asegura que en las dos únicas comunicaciones que mantuvo con su hijo Zahid, este le dijo que le habían golpeado para que diese las claves de su celular.
Gazano Romero insiste en la inocencia de su hijo y su sobrino. “Si querían detener al otro señor, ¿para qué llevar a cabo la detención de otras personas que no tienen nada que ver?”, afirma.
La acusación de la Policía Estatal
Desde el momento de los hechos, las autoridades de Puebla no han vuelto a hacer pública ninguna información. Aquel día, la Secretaría de Seguridad Pública anunció la detención de José Guadalupe “N”, a quien vinculan con un grupo delincuencial en Chignahuapan junto a otras cinco personas más. Dos de ellas son Estrada y Gazano, los estudiantes de Derecho, a los que se presentó junto a los otros cuatro como parte del mismo grupo.
En realidad, según la carpeta de investigación 604/2020/FEIDAI/C5, aquella mañana se produjeron dos detenciones. La primera, en el propio estacionamiento del Cereso. La segunda, en la entrada al fraccionamiento de La Calera, ubicado muy cerca de la cárcel. Unos eran las cuatro personas entre las que se encuentra José Guadalupe “N”. Los otros, los dos estudiantes.
A pesar de ellos, todos aparecen juntos en la acusación, que les imputa “delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro de cristal, heroína y cocaína, portación de arma de fuego y ataques cometidos contra funcionarios públicos”. En medios, la SSP aseguró que los agentes se incautaron de dos armas de fuego de fuego así como de cristal (191 dosis), cocaína (10 dosis), heroína (10 dosis).
El operativo tuvo su impacto mediático porque la policía estatal remarcó que entre los detenidos estaba José Guadalupe, al que vinculan con un grupo criminal de Chignahuapan. Los investigadores aseguraban que esta persona está ligada al asesinato de dos policías ministeriales que tuvo lugar el 28 de agosto el mismo municipio. Además, es hermano de Juan “N”, a quien conocen como “El Moco”, candidato a la alcaldía de Chignahuapan y al que acusan de liderar el grupo delictivo anteriormente. Juan “N” es, a su vez, cliente del despacho Corporativo Magister y Emannuel “N”, el hombre del que los dos estudiantes debían recibir la documentación como abogados.
“El proceso que llevan contra mi cliente también es fabricado. Se trata de una revancha política”, asegura Nicolás Hernández. Su tesis: que la detención de los dos estudiantes busca presionar a los abogados para sacarles del caso.
La defensa denuncia irregularidades
Según denuncia el abogado de los jóvenes, la acusación en su contra está llena de irregularidades. En primer lugar, y aunque son presentados como un mismo grupo, afirma que no estaban junto al resto de detenidos y que acudieron en un vehículo del despacho de abogados.
En segundo lugar, dice que los funcionarios públicos provocaron su indefensión, ya que no le dieron acceso al expediente. Por último, denuncia el abogado que en el tiempo en el que permanecieron bajo custodia denunciaron haber sido torturados para que entregasen las contraseñas de sus celulares. “Tienen lesiones en la cadera y los brazos”, asegura.
“Sin tener pruebas o evidencias que confirmaran, señalaran o vincularan a Zahid Estrada Gazano y Fernando Gazano Tolentino como presuntos delincuentes, y sólo por el hecho de encontrarse en las inmediaciones del Centro de Readaptación, la Policía… de Puebla, específicamente los agentes Francisco Damaris Vázquez, Ricardo Salazar Trejo, Cristian Uriel Bautista Castillo, Gerardo Vargas Pestaña, José Alfredo Aguirre Ordaz, Ricardo Gutiérrez Cruz, Agustín López González, Verónica Ramírez Cova, pusieron a disposición del Ministerio Público a los jóvenes, a quienes ahora relacionan con dicha asociación criminal, además de señalarlos por los delitos como narcomenudeo y portación de arma de fuego, sin que hubiera evidencia de estos hechos”, denunciaron los allegados de los jóvenes en comunicado.
“Son estudiantes a los que brindamos una oportunidad de trabajo”, dice Nicolás Hernández. El abogado presentó una queja ante el Poder Judicial contra las presuntas negligencias del MP, mientras que la familia de los jóvenes interpuso su denuncia en la Comisión Estatal para los Derechos Humanos.
El pasado día 22 tuvo lugar una audiencia en la que el juez mantuvo a los jóvenes en prisión. “El juez dijo que yo tengo razón, pero que (le) cree a los policías y que la detención es legal”, argumenta el abogado, que asegura que el único delito de los dos jóvenes es haber acudido al Cereso para recoger la documentación.
“Ellos son jóvenes, están deshechos, atormentados. Lo que creían un sueño de venir a trabajar se convirtió en esto”, dijo el abogado, quien aseguró que en su despacho asumen la situación con “asombro e incredulidad”. En su opinión, esta es una maniobra para que dejen los casos.
Este domingo por la tarde se celebró la audiencia de control que será clave para el futuro de los dos jóvenes. Gezano Romero, minutos antes del inicio, mostraba su confianza en que el juez resolviese la inocencia de su hijo y su sobrino. “¿De qué lado queda en que uno inculque valores cuando te lo arrancan y se convierten en víctimas de la situación política que hay en Puebla?”, denunció.
La madrugada entre el domingo y el lunes será clave para dos estudiantes de Derecho que, aseguran sus familiares, jamás esperaban terminar ellos mismos como acusados.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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