Uno de los responsables de gestionar los permisos fue Javier Aguilar, un mexicano residente en Houston que enfrenta un proceso en una Corte en Nueva York por supuestamente haber intervenido como directivo de Vitol en una red de pago de sobornos en Ecuador.
Según documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Aguilar gestionó también los permisos para la terminal Río Bravo, la cual almacena el combustible importado, y cuya operación fue autorizada durante la actual administración federal.
En los documentos consultados consta, además, que el exdirectivo de Vitol acusado de corrupción también fue el responsable de firmar un contrato de suministro de etano por 237 millones de dólares en Pemex (equivalente a 4,500 millones de pesos) para el periodo 2018-2020, el cual, según una auditoría, fue pagado con sobrecostos. También aparece como firmante en contratos y procedimientos de licitación con la Comisión Federal de Electricidad y el Puerto de Veracruz.
MCCI constató en documentos oficiales que Aguilar fungió como representante de Vitol hasta mediados de 2020.
En el sexenio pasado, la empresa transnacional también obtuvo contratos para el suministro de energéticos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuando ésta era dirigida por Enrique Ochoa, ahora diputado del PRI. Los montos pagados por dichos contratos fueron clasificados como confidenciales por la actual administración obradorista.
Además, MCCI y Animal Político constataron que varios exfuncionarios públicos de Pemex y la CFE pasaron a formar parte de la nómina de Vitol, a la que presuntamente beneficiaron desde sus anteriores encargos.
Los permisos de importación
El 29 de noviembre de 2018, dos días antes de que Peña Nieto dejara la Presidencia de México, Vitol obtuvo de la Secretaría de Energía diez permisos para la importación de hasta 35 mil millones de litros de gasolinas, diésel, aceites, crudos ligeros y turbosina.
Luego, el 4 de diciembre de 2018, cuando López Obrador acababa de asumir la Presidencia, se otorgó un nuevo permiso a Vitol para importar 11 millones de litros de crudos ligeros. La titular de Energía ya era en ese momento Rocío Nahle.
Once meses después, el 15 de noviembre de 2019, se otorgaron a Vitol otros seis permisos para la importación de 22 mil 360 millones de litros de combustible –principalmente gasolina–, según documentos oficiales de la Dirección General de Petrolíferos de la Secretaría de Energía.
Los permisos de mayor volumen otorgados aquel día fueron para importar 12 mil millones de litros de gasolina con octanaje superior o igual a 87 pero inferior a 92, y 9 mil 500 millones de litros de diésel.
Para almacenar tan elevado volumen de combustible que importaría de Estados Unidos, Vitol obtuvo el pasado 28 de mayo de 2020 la autorización por parte de la Comisión Reguladora de Energía para operar la Terminal Río Bravo, que fue construida en Matamoros, Tamaulipas.
La terminal consta de 12 tanques con una capacidad operativa de 216 mil barriles, equivalente a 34 millones de litros; Vitol proyecta distribuir el combustible desde ese punto fronterizo a gasolineras de todo el país, a través de autotanques.
La Semarnat y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente habían otorgado su aval a la terminal en una resolución fechada el 21 de septiembre de 2018, a tres meses de que concluyera la anterior administración federal, según consta en un oficio enviado aquel día a Aguilar, el exdirectivo de Vitol acusado de corrupción.
Vitol es una petrolera de origen holandés que se enfoca en la comercialización de combustibles, más que en la extracción y refinación.
A partir de la reforma energética, su principal negocio en México ha sido la importación y comercialización de combustibles.
Vitol sustituye etano enviado a Odebrecht
Uno de los clientes de Vitol ha sido Pemex. En un contrato con vigencia de 2018 a 2020, la compañía acordó venderle a Pemex-Etileno hasta 720 mil toneladas de etano importado para distribuirlo a los complejos petroquímicos de Cangrejera y Morelos.
Con el insumo importado se cubriría el déficit que enfrentaban las plantas de Pemex, tras los compromisos establecidos desde el gobierno de Felipe Calderón de suministrar 66 mil barriles diarios de etano a la planta Etileno XXI, propiedad de Braskem, filial de Odebrecht.
Originalmente el contrato se había asignado en mayo de 2018 a Sabic Petrochemicals, con sede en los Países Bajos, pero al mes siguiente de la adjudicación la compañía envió a Pemex una carta en la que señalaba que no acudiría a firmar el contrato por no estar en condiciones de cumplir el suministro de etano.
Fue entonces que el contrato se asignó a Vitol. Carlos Espinosa fue el funcionario de Pemex que el 11 de junio de 2018 notificó a Aguilar la decisión de otorgarle el contrato a Vitol, según el expediente obtenido por MCCI.
Espinosa se desempeñaba como gerente general de Pemex Procurement International Inc., una subsidiaria de la petrolera mexicana que tenía su sede en Houston, en donde también residía y despachaba Aguilar.
Sobreprecio del etano
El contrato con Vitol para suministrar etano fue por 237 millones 614 mil dólares, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.
La empresa holandesa se comprometió a entregar 144 mil toneladas de etano en 2018, otras 288 mil toneladas en 2019 y una cantidad idéntica en 2020. Es decir, si bien el contrato con Vitol se negoció durante la gestión de Peña Nieto, ha estado vigente en los dos primeros años del gobierno de López Obrador.
La Auditoría Superior de la Federación detectó que Vitol había vendido el etano muy caro a Pemex.
El precio acordado fue de 321.30 dólares la tonelada, equivalente en la fecha del contrato a 6 mil 388 pesos, mientras que Pemex Transformación Industrial estaba comercializando el mismo insumo a Etileno XXI en 2 mil 727 pesos.
Contratos reservados
Pemex no fue el único cliente de Vitol. En 2016, la CFE le adjudicó dos contratos: uno, del 8 de abril, para el suministro de gas natural en la zona de Manzanillo, y otro, del 28 de julio, para el suministro de combustóleo, un energético que la paraestatal podía adquirir de Pemex.
El primero de los contratos fue adjudicado por la CFE cuando su director era Enrique Ochoa, que dejó la empresa el 8 de julio de ese año para irse a dirigir su partido, el PRI. Ochoa ahora es diputado federal.
El monto pagado por la Comisión a Vitol por ambos contratos fue reservado el pasado 29 de septiembre por el Comité de Transparencia de la CFE, con Manuel Bartlett a la cabeza de la paraestatal.
El primer contrato, mediante el que se acordó el suministro de gas natural licuado por buque-tanque, se suscribió con la razón social Vitol S.A. El segundo de ellos, firmado con la razón social Vitol Inc., fue para el suministro de combustóleo por buque-tanque para abastecer a centrales de generación eléctrica de la CFE.
En ambos contratos se estableció que el pago sería en dólares. Sin embargo, el Comité de Transparencia decidió clasificar como confidencial la información referente al monto erogado por la CFE, con el argumento de que ello “evidenciaría costos de importación para la generación de energía”, de acuerdo con el acta de la sesión.
“Esta Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que los costos de importación para la generación de energía es información que está estrechamente vinculada a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado (…) y que le significa mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas como empresa productiva del Estado”, estableció el Comité de Transparencia.
Los funcionarios que avalaron la reserva de información son Raúl Jarquín López; Juan Tadeo Ramírez Cervantes y María Beatriz Rivera Hernández.
De reguladores a socios
Al menos dos exfuncionarios de Pemex y uno de la CFE pasaron a formar parte de Vitol. En todos los casos, cuando fueron servidores públicos, tuvieron cargos desde los que pudieron haber beneficiado a la multinacional holandesa. Además, el hijo de un alcalde priista de Coahuila formó parte de una empresa socia de Vitol en la época en que fueron pagados los sobornos.
El caso más emblemático es el de Eduardo Arriola Jiménez, quien fue subdirector de Generación y de Negocios no Regulados de la CFE hasta diciembre de 2018 y luego fungió como director de Grupo Vitol México. Su cambio del sector público al privado se dio antes de que se cumpliera el plazo mínimo establecido en la ley para no incurrir en conflicto de intereses.
Otro caso es el de Yolanda Alicia Villegas Morales, que laboró de 2012 a 2013 en Pemex como Coordinadora de Asuntos Jurídicos Internacionales. La exfuncionaria ingresó a Grupo Vitol en 2018 como directora jurídica. Además, figura como integrante del Consejo de Administración de la razón social Vitol Energy México S.A. de C.V. y apoderada legal de Vitol Electricidad de México S. De R.L. de C.V., según documentos del Registro Público.
Un excolega suyo de Pemex ingresó a Vitol en 2019. Se trata de José Esteban Esponda Hernández, que fue asesor de la Dirección General de Pemex Exploración y Producción (Pemex) hasta octubre de 2015. Un año antes, en 2014, esa subsidiaria adjudicó a Vitol dos contratos para la producción de hidrocarburos en los campos de Amatitlán y Miahuapan. Entonces, Esponda Hernández era asesor de Juan Javier Hinojosa Puebla, que dirigía Pemex PEP.
En documentos del Registro Público, Esponda Hernández figura desde 2019 como miembro del Consejo de Administración de Vitol Energy México S.A. de C.V., donde comparte un asiento con Yolanda Villegas.
Para la explotación de los campos de Amatitlán y Miahuapan, Vitol se asoció con GPA Energy S.A. de C.V., perteneciente al emporio coahuilense Gimsa, que encabeza el empresario Gerardo Benavides Pape.
La empresa matriz de Gimsa es Grupo Industrial Monclova S.A. de C.V. En ella, Diego Siller Beltrán fungió como apoderado desde 2018 hasta octubre de este año. Siller Beltrán es hijo del Alcalde del municipio de Frontera, Coahuila, el priista Florencio Siller Linaje.
La acusación en EU
El pasado 3 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó ante una Corte en Nueva York que en el transcurso de 2018 Vitol había pagado sobornos a un funcionario de una subsidiaria de Pemex, para obtener información confidencial que le ayudara a la compañía a obtener un contrato. La acusación no precisa el nombre de la subsidiaria ni revela la identidad del funcionario.
Sin embargo, hay coincidencia con la fecha en que se asignó el contrato millonario del etano. En el rastreo documental realizado por MCCI no se localizó en 2018 alguna otra adjudicación a Vitol.
La acusación del Departamento de Justicia refiere que entre 2015 y 2020 Vitol pagó 2 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Ecuador y México para obtener negocios petroleros, pero no precisa cuánto pagó en cada país.
Lo que sí explica es que los sobornos se pagaron a través de empresas fantasma que controlaba un intermediario de Vitol residente en la isla de Curazao, un paraíso fiscal ubicado en el Caribe. Para ocultar el soborno, los pagos fueron por concepto de servicios de consultoría.
En esta operación participaron dos empresas mexicanas –de las que no se dan nombres- las cuales emitieron facturas por los falsos servicios de consultoría. Una vez que recibió los comprobantes, el intermediario transfirió los sobornos a cuentas bancarias en Estados Unidos, que tenían como beneficiario final a funcionarios mexicanos no identificados.
El documento de la acusación señala por su nombre al exrepresentante de Vitol, Javier Aguilar, como el responsable de negociar el pago de sobornos con funcionarios ecuatorianos de Petroecuador. Los pagos ilícitos se hicieron por medio de empresas fantasma en Curazao, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caymán y en Portugal.
Al igual que en el caso de México, algunos pagos fueron ocultados como supuestas consultorías.
En el proceso que se sigue contra Aguilar en Nueva York ha trascendido que Vitol pagó el equivalente a 1.4 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Ecuador.
Lo anterior significaría que los sobornos pagados a funcionarios mexicanos serían por al menos 600 mil dólares entre 2015 y 2020, que corresponde a los gobiernos de Peña Nieto y de López Obrador.
Este jueves, en su conferencia de prensa mañanera, el presidente mexicano se comprometió a investigar el caso de corrupción de Vitol que involucra a su administración.
El gestor de Vitol en México
Javier Aguilar era el ejecutivo de Vitol encargado de negociar permisos y contratos ante las autoridades mexicanas.
El 8 de abril de 2016, por ejemplo, firmó como representante de Vitol en un contrato de suministro de gas natural licuado con la Comisión Federal de Electricidad, y el 3 de julio del mismo año intervino en la licitación para construir y explotar una terminal para el manejo de combustibles en el puerto de Veracruz.
En mayo y junio de 2017 gestionó para Vitol permisos para la comercialización de hidrocarburos, y en junio de 2018 envió desde su oficina en Houston un oficio dirigido al gerente de Pemex Procurement International en el que aceptaba el contrato de suministro de etano para los años 2018-2020. En diciembre del mismo año fue ratificado como apoderado y tuvo esa representación hasta mediados de 2020.
Muestra de lo anterior es que el 10 de julio de 2020 la Secretaría de Desarrollo Urbano de Matamoros expidió a su nombre un certificado de uso de suelo para la Terminal Río Bravo, el centro de almacenamiento que Vitol construyó en aquel municipio fronterizo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/MEXICANOS UNIDOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD.
AUTOR: ZEDRYK RAZIEL/RAÚL OLMOS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario