La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), por su parte, ha calculado el incremento del trabajo infantil en México en un poco menos, 0.4%, pero ha subrayado que será un retroceso de dos años en lo que se había avanzado en cuanto a combate de este problema, subrayó Alejandro López Mercado, director de Administración del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
Los especialistas participaron en la presentación del informe Infancia con derechos: Trabajo infantil y Trabajo infantil forzoso en México, de las investigadoras Alicia Vargas y Sandra Mejía, publicado por la Red de Mujeres Sindicalistas y la Fundación Friedrich Ebert.
Vargas remarcó que cuando aumenta la pobreza, aumenta el trabajo de menores de edad, a pesar de que éste no sirve como mecanismo para salir de ella, sino todo lo contrario.
“El trabajo infantil lo que sí perpetúa es la propia pobreza de las familias. El ingreso que se genera por el trabajo infantil no es lo suficientemente importante como para poder disminuir la pobreza de la familia; solamente es un paliativo que contribuye a atender las necesidades inmediatas, la urgencia inmediata de adquisición de bienes, a veces alimentarios, a veces escolares, a veces de vestimenta… lo más inmediato, pero que no necesariamente el niño que trabaja se convierte en un sostenedor fundamental y estratégico para modificar la pobreza de la familia”, afirmó.
La correlación entre pobreza y trabajo infantil se ve más acentuada entre población indígena, que es también la que tiene peores condiciones económicas, según muestran las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“Entre la población no-indígena, 15.7% de niñas y niños trabajan, mientras que en la población indígena el trabajo infantil representa más del doble, sobrepasando 36% de los niños y niñas indígenas que trabajan. (…) Unicef nos señala que 40% de las niñas y niños que trabajan no van a la escuela, pero en la población indígena el porcentaje se eleva hasta casi 60%”, destaca el informe.
Los datos oficiales son que de los más de 29 millones de menores entre 5 y 17 años que hay en el país, 3.6 millones trabajan, alrededor del 11%. Y de esos, 1.2 millones no tienen la edad mínima legal para trabajar, que son 14 años, de modo que no están bajo ningún tipo de supervisión o regulación, lo cual deja en desprotección sus derechos humanos.
Las especialistas hicieron énfasis en la necesidad de abordar el problema del trabajo infantil también con perspectiva de género. La pandemia ha agravado y visibilizado que mucho del trabajo no remunerado de las tareas de cuidado y del hogar lo realizan niñas y adolescentes mujeres.
El 9.9% de servicios domésticos los realizan niñas, mientras que solo hay un 1.1% de niños. Además, la brecha salarial empieza desde esas edades: en las zonas más urbanizadas, los varones menores de edad que ganan tres salarios mínimos son cinco veces más que las mujeres que llegan a percibir eso.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ITXARO ARTETA.
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