A pesar de la desaceleración del flujo de personas y bienes a causa de las medidas de confinamiento, los grupos criminales se adaptaron rápidamente a la nueva normalidad, reforzaron y expandieron su control sobre la población y el territorio. “En México, los grupos criminales, en complicidad con actores estatales corruptos, son responsables de las tasas de homicidios más altas del mundo y ejercen un poder abrumador en un número cada vez mayor de comunidades”, advierte el International Crisis Group, organización no gubernamental con sede en Bruselas, Bélgica.
Afirma que el país se ha visto afectado durante años por organizaciones criminales transnacionales que se alimentan de la falta de oportunidades económicas y la corrupción del Estado y las fuerzas de seguridad y, con presupuestos estatales bajo una enorme presión, en un entorno en el que las respuestas oficiales continuarán siendo precarias.
En su informe Violencia a prueba de virus: crimen y Covid-19 en México y el Triángulo Norte (noviembre 2020), considera que este país se ha visto afectado durante años por organizaciones criminales trasnacionales que se alimentan de la falta de oportunidades económicas y la corrupción del Estado y las fuerzas de seguridad.
“Las interrupciones en el comercio y las restricciones a la movilidad obligaron a algunos grupos criminales a suspender las actividades ilícitas. Pero la pausa fue corta. El intercambio de bienes ilícitos está volviendo a la normalidad, mientras resurge la extorsión”, refiere la ONG con presencia en 120 países, dedicada al análisis de conflictos graves.
Señala que, con algunas excepciones notables, la respuesta del gobierno de la cuarta transformación a la inseguridad crónica, hasta ahora, no ha logrado detener la violencia o reducir la impunidad por delitos graves. Por el contrario, considera que la política de seguridad del Estado enfrentará aún mayores obstáculos a medida que se reduzcan los presupuestos.
Advierte que las perspectivas de seguridad en México son poco prometedoras mientras persista la pandemia. “Bajo presión de actuar bajo la pandemia, el gobierno puede verse tentado a enfrentar las crecientes tasas de homicidios con medidas draconianas que replican los fallidos esfuerzos del pasado”.
Consecuencias económicas graves
El International Crisis Group asienta que el país se ubica entre los lugares más violentos del mundo; enfrenta la perspectiva de un incremento en su ya grave inseguridad pública, a medida que la Covid-19 sacude al país; y se prepara para mitigar sus efectos económicos devastadores en el tercer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La ONG, con 120 expertos y analistas en el mundo, prevé una caída en el PIB cercana al 10 por ciento, acompañada de un marcado incremento en el desempleo, lo cual revertirá los avances en la reducción de la desigualdad y la pobreza, debilitará los servicios públicos en las zonas pobres, intensificará las rivalidades criminales y hará más propensos a los funcionarios públicos a involucrarse en negocios ilícitos.
Apunta que después de meses de restricciones a las actividades económicas relacionadas con la pandemia, México se ha visto muy afectado por una caída del 47.1 por ciento en las exportaciones a Estados Unidos, y los economistas proyectan una disminución del PIB de alrededor del 10 por ciento en 2020.
Sólo entre marzo y junio, el país perdió más de 1 millón de empleos en el sector formal y hasta 11.5 millones en el sector informal. Mientras, el porcentaje de la población sin posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas podría llegar al 56 por ciento (70 millones de personas), según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El Coneval concluye que la crisis de la Covid-19 amenaza los avances de México en desarrollo social y afectará de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables. “Si esta estimación resulta acertada, representaría un aumento del 50 por ciento con respecto al número de mexicanos en situación de pobreza en el 2018”, indica Crisis Group. El análisis, sin embargo, no incluye las cifras de recuperación de empleos formales que para noviembre ya superaba los 500 mil.
En ese contexto que describe, observa que el aumento de la pobreza y la desigualdad podrían reforzar las condiciones que durante mucho tiempo han facilitado el crecimiento de negocios ilícitos y profundizar la amenaza que representan para el Estado y la sociedad los grupos criminales armados.
Fragilidad institucional
El aumento de la pobreza e informalidad económica, y estructuras e instituciones de salud débiles en México, impide una respuesta gubernamental rápida y efectiva para combatir la pandemia con éxito, advierte Raúl Benítez Manaut, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Sostiene que ello conlleva a que, ante la aparición de la pandemia, las Fuerzas Armadas han sido requeridas por necesidad vital “por ser instituciones altamente disciplinadas, organizadas y con infraestructura flexible, donde el equipo y personal rápidamente pueden cambiar de misión”.
Considera que habrá consecuencias económicas y sociales muy duras en el futuro cercano para la población más vulnerable, emigración masiva y aumento exponencial de la pobreza, así como conflictos en 2021 entre los países de Centroamérica y México por el tema de la migración a Estados Unidos.
Las Fuerzas Armadas han sustituido roles de instituciones civiles, por ejemplo, vigilancia de instalaciones de salud protección de personal médico por incapacidad policiaca, construyen rápidamente hospitales, y personal médico-militar, rápidamente se adaptó al combate a la Covid-19, refiere el catedrático. “Todo el servicio médico militar se abre a población abierta por órdenes del gobierno; los hospitales militares nunca habían abierto sus instalaciones a población civil. Esto es inédito”.
Benítez Manaut concluye que, en 2021, las Fuerzas Armadas serán necesarias y vitales en México, donde los esfuerzos militares han sido muy bien vistos por la población civil, participando activamente en la lucha anti coronavirus sin registrar acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
“Lo único predecible es que las fuerzas armadas tendrán un rol fundamental en el periodo de vacunación, pues se requerirá disciplina de la población”, enfatiza.
Mientras tanto, apunta que el debate político se centra en que, si bien “la militarización la ordenan líderes civiles, es urgente y necesaria, pero la pregunta es: ¿se quedarán empoderados políticamente los militares?”
Se dispara la extorsión
El reporte del International Crisis Group apunta que la extorsión ha sido una fuente fundamental de ingresos para los grupos criminales en México durante la pandemia. Sin embargo, se han visto obligados a adaptar sus actividades para mantener el flujo de dinero en circunstancias difíciles.
Agrega que las redes delictivas se han ido alejando de la dependencia del tráfico de drogas durante los últimos 15 años, expandiéndose a otros negocios ilícitos. Una de las áreas de crecimiento más lucrativas ha sido la de “gravar” las economías lícitas mediante la extorsión, pagos del sector agrícola, como las industrias de aguacate, limón y bayas en Michoacán y Jalisco.
La extorsión, que afecta a empresas de todos los tamaños, se ha convertido en un medio crucial para generar ingresos en áreas donde la protección estatal es inexistente o deficiente. Según el Banco de México, una de cada 14 empresas en todo el país fue víctima de extorsiones en 2019, y la tasa aumenta a una de cada cinco en ciertas regiones.
La minería se ha convertido en una fuente más atractiva de ingresos por extorsión, incluso si los grupos criminales tienen que competir por ella. El precio del oro, que se ha disparado durante la pandemia debido a un flujo de inversión global hacia activos confiables, hará que el metal precioso sea aún más codiciado por los grupos criminales rivales.
Los cárteles mexicanos también han seguido beneficiándose de otros mercados ilícitos menos afectados por los cierres, como el tráfico de vida silvestre. La agricultura y la minería se han visto envueltas en estos esquemas, comenzado a dirigir pequeñas empresas, principalmente restaurantes, lavaderos de autos, talleres de carrocería y servicios de transporte local, en parte para lavar dinero.
La capacidad de adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes y de encontrar fuentes de ingresos alternativas, combinada con los altos niveles de impunidad judicial y colusión estatal, explican la resiliencia operativa de muchos grupos criminales.
Elecciones 2021, en la mira del crimen
Ante los problemas de fortaleza institucional de las áreas de salud del gobierno mexicano, las Fuerzas Armadas han tenido que salir en apoyo, en auxilio de las políticas sanitarias en muchas áreas multidimensionales, considera Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara, catedrático de ciencias políticas en la Universidad de las Américas.
Sostiene que la pandemia en México sí va a impactar en las elecciones del 2021 de manera negativa al gobierno de López Obrador, “sin lugar a dudas, por el tema de la economía”.
“Más o menos unos 10 millones de mexicanos de clase media afectados por el coronavirus, ya no van a salir a votar de nuevo por el gobierno de López Obrador. El partido del gobierno que lo llevó está en los niveles más bajos, cerca del 18 por ciento, aunque el presidente todavía tiene márgenes de confiabilidad de opinión pública magníficos”, enfatiza.
Vaticina que los partidos de derecha obtendrán más votos entre la clase media, “enojada porque no hubo un paquete de rescate importante para las empresas medianas y pequeñas, al tiempo que habrá una caída en la confianza de las instituciones, sobre todo sociales y el gobierno”.
Al respecto, Crisis Group apunta que la estrategia de conquistar los “corazones y las mentes” de la población tiene una motivación electoral: algunos grupos criminales utilizan sus servicios al público como un medio para que ciudadanos voten por sus candidatos o partidos en las próximas elecciones, con la idea de que, una vez en el cargo, estos políticos paguen el favor permitiéndoles operar con impunidad.
Reducción delictiva, quimera
Si bien se esperaban que la pandemia de Covid-19 redujera los delitos violentos en todos los ámbitos, eso no sucedió. Hasta ahora los efectos del virus sobre la violencia han sido fugaces, refiere Crisis Group.
Apunta que las políticas gubernamentales, en particular las restricciones a la movilidad y el cierre de fronteras, contribuyeron a reducir los niveles de violencia, al igual que la decisión de algunas pandillas de pasar por alto los cobros de extorsión.
Sin embargo, explica que después de una breve reducción, las tasas de homicidio ahora han regresado a los niveles anteriores a la pandemia en México, donde los altos niveles de conflicto armado persistieron, con tasas de homicidios en 2020 similares y posiblemente más altas que las de 2017 y 2018.
También, que los delitos violentos se han mantenido en niveles esencialmente constantes. Aunque las autoridades sugirieron medidas de contención desde el principio de la pandemia, éstas fueron en su mayoría voluntarias, teniendo en cuenta las tasas de transmisión inicialmente bajas.
Posteriormente, ante el aumento en contagios y muertes, el gobierno federal impuso algunas restricciones a las actividades económicas y de ocio, así como a la movilidad en general. Pero siempre se le dio una mayor prioridad a la actividad económica, y grandes extensiones del país donde la gente vive al día nunca entraron en cuarentena general.
Los estados se enfrentan a grupos criminales revitalizados que se han adaptado a las restricciones de la pandemia, en medio de una de las recesiones económicas más marcadas que se hayan registrado en el país, con la probabilidad de que la pobreza y la desigualdad se agudicen aún más, llevando así a nuevos reclutas a los brazos de las organizaciones criminales.
El presidente López Obrador ha hecho de los programas sociales y económicos el eje de sus esfuerzos para combatir la inseguridad desde sus raíces. Sin embargo, persisten las dudas sobre la eficacia de estas iniciativas y su utilidad como respuestas a las consecuencias económicas de la pandemia, señala Crisis Group.
Al mismo tiempo, subraya que el gobierno de la cuarta transformación continúa volviéndose más dependiente de instituciones de seguridad altamente militarizadas, incluida la recién creada Guardia Nacional, “una fuerza policial que es civil solo en el papel y se configura como un instrumento para combatir al crimen organizado”.
FUENTE: CONTRALÍNEA.
AUTOR: JOSÉ REYES.
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