El magistrado Alfonso Gazca Cossío, del Tercer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, dio la razón al recurso presentado por los condenados y reconoció que la sentencia se basó en un tipo legal que no estaba en vigor en el momento en el que se produjo el fallo. En concreto, debían haber sido juzgados según la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, aprobada en 2017, y no por los tipos aparecidos en el Código Penal Federal, que habían quedado derogados por la norma anterior. Por eso, obliga a la FGR a rehacer la acusación y, en caso de no presentar una nueva causa en 10 días naturales, los uniformados quedarán libres.
El capitán Raúl Enrique Sánchez Labrada, y los marinos Renato Juárez Arellanes, Alfi Ahumada Espinoza, Carlos Adán Verdugo Amarillas y Eliseo Sánchez Patrón fueron condenados por la desaparición forzosa de Armando Humberto del Bosque Villarreal, de 33 años. La sentencia fue considerada histórica por organizaciones de derechos humanos. Se trataba de la primera vez en la que integrantes de la Armada eran condenados por este delito. Ahora un tecnicismo puede ser aprovechado para eludir la justicia, según temen los familiares de la víctima.
“Veo que los están protegiendo. El tribunal saca esta resolución y espera a ver si nos quedamos dormidos. Temo que la fiscalía no haga nada”, dijo Humberto Del Bosque Gutiérrez, padre de la víctima. Tras seis años luchando por que se hiciera justicia, sintió alivio cuando los marinos fueron condenados. Pero ahora vuelve a sentirse angustiado. “Creo que están viendo a ver qué error cometo para ponerlos en libertad”, protesta.
Fuentes judiciales aseguraron a Animal Político que la FGR está trabajando en esta nueva imputación y que se presentará dentro del plazo establecido.
Problema con las fechas
“El escrito que contiene las conclusiones acusatorias que formuló el representante social contra los sentenciados, se presentó sin haber citado las leyes aplicables al caso conforme lo dispone el artículo 293 del Código Federal de Procedimientos Penales, y no obstante ello, el Juez natural indebidamente las tuvo por presentadas en legal forma, aun cuando éstas no debían surtir efecto legal alguno”, dice la resolución, fechada a 17 de noviembre.
El problema de fondo está en las fechas. La desaparición forzada se perpetró en 2013 y los marinos fueron detenidos en 2016, por lo que la acusación estaría bien formulada en aquella fecha. Sin embargo, en 2017 se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que deroga las disposiciones por las que se había perseguido a estos uniformados. Como la acusación final se formuló en 2019 y la sentencia fue este mismo año, considera el magistrado que los acusados vieron violados sus derechos y obliga a que se reponga el juicio.
En su resolución, el juez cuestiona tanto al fiscal de la causa, que presentó una acusación mal formulada, como contra el magistrado que dictó sentencia. “Este Tribunal estima que el juez de la causa actuó indebidamente al tener por formuladas de conformidad las conclusiones del representante social, no obstante que no debieron surtir efecto legal alguno al estar fundamentada la acusación por el delito de desaparición forzada de personas, en una ley que no se encontraba vigente en la época en que se acusó en definitiva a los imputados; lo cual, indudablemente causó perjuicio a los sentenciados, ya que a la postre se dictó sentencia condenatoria en su contra, con base en dichas conclusiones, de suyo irregulares”, dice.
Por este motivo, ordena la revocación de la sentencia y que las partes vuelvan a formular su acusación.
Padre testigo de la desaparición
Los hechos ocurrieron el 3 de agosto de 2013 en el poblado de Colombia, Nuevo León. Según dicta la sentencia ahora revocada, Armando Humberto Del Bosque Villarreal fue detenido por elementos de la Marina tras denunciar previamente a un vecino que irrumpió en su domicilio con un arma de fuego.
Esta persona resultó ser un supuesto “informante” de la Armada y fue liberado, mientras que los uniformados capturaron a Del Bosque Villarreal. Su padre fue testigo de cómo los marinos lo detenían, lo bajaban de su auto y lo metían en una camioneta de la Semar. Fue a buscarlo, pero los marinos le dijeron que estaba siendo objeto de una investigación y que luego le darían informes. Más tarde negaron tener en su poder al hijo y dejaron de dar información.
Los restos de Armando Humberto aparecieron dos meses más tarde, el jueves 3 octubre, en el interior del rancho Santa Cecilia, muy cerca de la Base de Operaciones de la Semar, con un disparo de gracia en la cabeza.
Según la averiguación penal AP/PGR/NL/ESC-DCSP-I/2086/2013, abierta después de la denuncia interpuesta por Del Bosque Gutiérrez, los elementos de la Marina viajaban en tres camionetas oficiales, pero, tras llevarse detenida a la víctima, se hicieron con un Ford Mustang modelo 2000, color gris, toldo negro, y placas de Texas, que abandonaron a 500 metros del cuerpo.
Tres años después de que tuvieron lugar los sucesos, los cinco marinos fueron detenidos en la Ciudad de México y acusados de desaparición forzada. Actualmente se encuentran en el Campo Militar Número 1 desde el 10 de marzo de 2016, a pesar de que la sentencia ahora revocada les retiró su condición como funcionarios públicos.
En el momento en el que se produjo la sentencia, organizaciones de Derechos Humanos celebraron que, por primera vez, unos marinos hubiesen sido condenados por desaparición forzada . Aunque el fallo fue por desaparición forzada todavía está pendiente la carpeta por homicidio, que aún no ha llegado ante el juez.
“Todo este proceso ha sido de mucho estrés, mucha ansiedad”, dijo Humberto Del Bosque Gutiérrez, padre de la víctima. Desde que su hijo fue secuestrado denuncia haber sufrido amenazas por parte de la Marina para que se desistiera del proceso. Teme que estas presiones tengan su efecto y que los uniformados a los que vio llevarse a su hijo queden libres aprovechando errores en la acusación.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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