Al mismo tiempo, durante este período se registraron 3 mil 140 preliberaciones y libertades por compurga de pena en cárceles estatales a causa del coronavirus, según las mismas fuentes. El mecanismo aplicado no fue la amnistía sino la “Guía para llevar a cabo preliberaciones en el marco del COVID-19” elaborada por la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la secretaría de Gobernación, que fue desarrollada en marzo, cuando la pandemia apenas daba sus primeros golpes en México.
La diferencia es obvia: mientras que los parámetros que determina la guía buscan sacar de prisión a personas especialmente vulnerables para evitar que enfermen, la Ley de Amnistía va más allá. Se trata de un proyecto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que personas condenadas por delitos leves (o con acusaciones como aborto) y que cumplan una serie de requisitos puedan recuperar la libertad.
Hasta octubre, la secretaría técnica de la Segob había elaborado 75 dictámenes de las 768 solicitudes que habían llegado hasta aquel momento. La mayoría de las peticiones venían de personas condenadas por narcomenudeo y solo una de las solicitudes fue presentada por una mujer perseguida por aborto. Estos casos y los que se hayan redactado entre noviembre y diciembre serán los que se tengan que debatir hoy. Hay que recordar que la ley prevé un plazo máximo de cuatro meses desde que se presenta la solicitud hasta que se toma una determinación sobre cada expediente.
Dificultades con los jueces
No ha sido fácil el proceso. Por un lado, la administración estuvo más lenta de lo esperado en aprobar las normas, sesionar y hacer públicos los requisitos que debían cumplir los presos para pedir su perdón. Además, la pandemia por COVID-19, que limitó la actividad institucional, y el decreto de austeridad del ejecutivo federal, que cortó recursos financieros, alargaron los tiempos. Finalmente, la secretaría técnica se encontró con dificultades a la hora de valorar las peticiones de amnistía, según fuentes conocedoras del proceso. En primer lugar, muchas de las peticiones venían incompletas, por lo que exigían recabar información en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). En segundo, hubo problemas por parte de los propios jueces, que no respondían a las peticiones de información, lo que impedía integrar el expediente. Según pudo saber Animal Político, esta falta de colaboración por parte de la judicatura motivó una queja dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar. Por último, está la variedad de las solicitudes, ya que también llegaban escritos reclamando la amnistía para personas con delitos graves como homicidio, casos que no aplican para la excarcelación.
En los expedientes en los que la comisión dé su visto bueno, la liberación no es inmediata. Todavía tienen que pasar ante un juez federal que es quien determina si el reo obtiene definitivamente su libertad o no. Este trámite puede encontrarse con el obstáculo de la pandemia, ya que el CJF determinó la reducción de actividades para evitar los contagios. De este modo, todavía es una incógnita saber si para fin de año habrá la primera persona amnistiada por parte del gobierno.
La Comisión de Amnistía está presidida por el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Su papel es el de evaluar los dictámenes que llegan desde la secretaría técnica y dar el visto bueno definitivo o rechazar las peticiones de amnistía. Aunque se suponía que la arquitectura legal iba a estar en marcha rápidamente desde que el Senado aprobó la Ley de Amnistía, llegamos a final de año sin liberaciones.
Recientemente, en su conferencia de balance del último año, el subsecretario Alejandro Encinas hizo mención a más de 3 mil solicitudes y 28 liberaciones. El dato no hacía referencia a posibles amnistiados sino a personas que recuperaron la libertad por el mecanismo de las mesas de justicia de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia. En este caso se trata de expedientes que los afectados denuncian que fueron irregularmente ejecutados o que no se cumplieron todas las garantías constitucionales, por lo que reclaman que jamás debieron pisar la prisión.
A pesar de las más de 3 mil liberaciones por COVID-19, México cierra el año con más presos que el año pasado. Según reveló Animal Político, al cierre de octubre pasado la cifra de personas en prisión en México ascendía a 214 mil 776, un crecimiento de casi el 7% respecto a las 200 mil 936 que había en diciembre de 2019. En números absolutos, son 13 mil 840 internos más en 10 meses.
Con la sesión de hoy se abre el camino para la excarcelación de aquellas personas que hayan solicitado la amnistía y que cumplan con los requisitos marcados en la ley.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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