“México, vive momentos terribles de violencia contra mujeres y niñas. Atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia ha sido una tarea difícil. En las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero, la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres es grave, por su triple condición: por ser mujeres, pobres e indígenas” detalló Tlachinollan.
De acuerdo con la organización, entre febrero y octubre de 2020 se registraron 19 casos de muertes violentas de mujeres; Tlachinollan actualmente acompaña 7 casos de feminicidios. Durante este período, también se registraron 6 casos de mujeres desaparecidas, 5 casos de niñas indígenas asesinadas, así como 14 casos de agresiones sexuales, la mayoría contra niñas de 9 a 16 años de edad.
A pesar de que desde 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia contra el Estado mexicano por la violación de los derechos a la integridad personal, dignidad, a la vida privada, las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de las indígenas de la Montaña de Guerrero, Inés Fernández y Valentina Rosendo, “el difícil camino de las víctimas violentadas para acceder a la justicia a menudo se vuelve un mecanismo de revictimización. Las instituciones de justicia son insensibles al dolor y violencia que viven las mujeres; dilatan las investigaciones, maltratan, discriminan y no les creen- Su palabra y testimonio no cuentan”, observó Tlachinollan.
La organización documentó este 2020 que la primera respuesta del operador de justicia ante la denuncia de las mujeres es la duda. “Se creía que con el sistema penal acusatorio, los formalismos y la burocracia en los procesos se superarían; que las investigaciones serían más ágiles, sin embargo, los problemas siguen siendo los mismos, pues son falencias estructurales no tienen que ver con el modelo procesal penal”, se detalló en el informe.
Pese a la exigencia de las organizaciones civiles que acompañan a las víctimas en la región, persiste falta de peritos del sexo femenino, personal especializado para atender a las mujeres, insensibilidad de las y los agentes investigadores, personal de psicología que desconoce el tema y maltrata a las víctimas, sobrecarga laboral y dilación en las indagatorias, fallas procesales en los actos de investigación e inobservancia de las reglas del debido proceso al realizar los actos de investigación, es una constante, lo que debilita la obtención de condenas y sanciones para las personas responsables.
A esto se suma, de acuerdo con Tlachinollan, que las mujeres indígenas en Guerrero enfrentan situaciones de marginación y de exclusión social. “La crueldad con la que han acabado con la vida de mujeres y niñas ha dejado mensajes claros en el interior de las comunidades indígenas: el dominio lo ejerce el hombre y el papel de la mujer es obedecer sin más. Cualquier osadía se paga con la vida”, señaló.
En su informe, Tlachinollan también documentó distintas violaciones a los Derechos Humanos que ocurrieron este 2020 contra personas defensoras, como Teodomira Rosales, así como contra periodistas (tres asesinados este año) y familiares de víctimas, como las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa desde 2014.
De acuerdo con lo documentado, al contexto de la pandemia, que retrasó los servicios de atención para la población en Guerrero, en especial para las víctimas, se sumó un incremento en asesinatos y “ajustes de cuentas” entre organizaciones criminales en la región. “En nuestra entidad es donde se han fragmentado más los grupos del crimen organizado, al grado que ahora hay un escenario cada vez más diverso de células rivales, involucradas en un espectro más amplio de negocios ilícitos y formas de control territorial más estrictas y agresivas”, denunció la organización.
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