Salvador Cienfuegos Zepeda fue arrestado en octubre cuando llegaba a Los Ángeles a unas vacaciones familiares. Se le acusó de aceptar sobornos a cambio de proteger a líderes del narcotráfico. México protestó contra este arresto porque nunca fue informado que el militar de alto rango estaba bajo investigación, y Estados Unidos decidió retirar los cargos y devolver al General a México.
“Los fiscales federales de Estados Unidos insistieron en audiencias judiciales y presentaciones en que las pruebas eran sólidas contra el General retirado, quien desempeñó un papel destacado en la estrategia antinarcóticos de México cuando encabezó las Fuerzas Armadas [durante el sexenio de Enrique Peña Nieto]”, dice esta mañana The Wall Street Journal en una nota firmada por José de Córdoba, Santiago Pérez y Sadie Gurman.
En una carta enviada a un Juez federal después del arresto del General, “los fiscales en Brooklyn señalaron miles de mensajes de BlackBerry interceptados que, según dijeron, mostraban que el General Cienfuegos se había comunicado directamente con un líder de alto rango de un cártel, así como comunicaciones en las que se le identifica por nombre, título y fotografía como colaborador del cártel”, recuerda el diario.
“Los investigadores estadounidenses no estuvieron de acuerdo entre sí sobre cuán persuasiva sería la evidencia en la corte estadounidense, dijeron personas familiarizadas con el asunto. A algunos agentes federales involucrados en el caso les preocupaba que la evidencia, que también incluye conversaciones telefónicas entre miembros del cártel no fuera lo suficientemente sólida como para asegurar una condena”, señala el texto.
La portavoz del Departamento de Justicia, Nicole Navas, dijo que la agencia desestimó el caso debido a preocupaciones de política exterior, “no por ninguna debilidad percibida en el caso”. Y añadió en un comunicado: “Si el Gobierno de México procede con su propio enjuiciamiento es una decisión que debe tomar con base en sus leyes, pero Estados Unidos siempre se reserva el derecho de reiniciar el enjuiciamiento de Cienfuegos si el Gobierno de México decide no hacerlo”.
Es probable que un caso construido en gran parte sobre evidencia circunstancial tenga más dificultades para tener éxito en el sistema legal de México que en Estados Unidos, comentaron expertos mexicanos al diario. “Para que una prueba indirecta sea considerada admisible por un Juez mexicano, debe estar sustentada con otros elementos como movimientos financieros o testigos”, dijo a The Wall Street Journal Ulrich Richter, un abogado de Ciudad de México que se ha desempeñado como defensor en juicios de corrupción de alto perfil.
“Si el Fiscal [Alejandro Gertz Manero] tiene que construir un caso y no tiene pruebas directas, es probable que en unos meses se dirija a Estados Unidos y pregunte: ‘¿Qué más tienes que pueda admitir un Juez mexicano?’”. abundó Richter.
Ayer, las autoridades mexicanas desclasificaron la nota diplomática enviada al Gobierno de Estados Unidos el pasado 28 de octubre de 2020 sobre la detención del General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores -Dirección General para América del Norte- saluda atentamente a la Embajada de los Estados Unidos de América en México, y hace referencia a la información relativa a la detención del C. Salvador Cienfuegos Zepeda, ocurrida el 15 de octubre de 2020 en la ciudad de Los Ángeles, California”, se lee en el documento que se reveló luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo solicitara.
“Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta su profundo extrañamiento por la falta de información sobre la investigación que condujo a la detención del nacional mexicano. El Gobierno de México se permite destacar que, de conformidad con los instrumentos suscritos por ambos países y los acuerdos de cooperación en materia de seguridad, la relación con el Gobierno de Estados Unidos se caracteriza por la existencia de sólidos lazos de confianza y cooperación, por lo que sorprende a este Gobierno que se hayan solapado los mecanismos formales de intercambio de información y cooperación disponibles en el caso en comento”, agregó la nota diplomática.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores hace válida la ocasión para reiterar a la Embajada de los Estados Unidos de América en México la seguridad de su más alta y distinguida consideración”, concluyó.
En noviembre, el Departamento de Justicia estadounidense solicitó “la desestimación de los cargos penales contra Cienfuegos para que pueda ser investigado y, si corresponde, ser acusado, de conformidad con la legislación mexicana”.
El regreso a territorio nacional del General Salvador Cienfuegos Zepeda fue sorpresivo y extraordinario. De inicio, su arresto en la ciudad de Los Ángeles el pasado 15 de octubre sacudió la relación entre México y Estados Unidos por la participación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que tenía vigilado al General las 24 horas del día en territorio nacional sin conocimiento del Gobierno mexicano.
El General Cienfuegos Zepeda fue entregado a México el pasado 18 de noviembre para ser investigado en el país. Un día antes, el Fiscal General de Estados Unidos, William P. Barr, y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, anunciaron que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos proporcionó a México pruebas del caso y se comprometió a continuar con la cooperación para apoyar la investigación de autoridades mexicanas.
El General duró 33 días encarcelado. El 15 de octubre fue detenido cuando estaba por abordar un vuelo rumbo a Miami. El 5 de noviembre se declaró “no culpable” de los cargos que la Fiscalía estadounidense le imputaba: asociación delictiva para distribuir e importar drogas y lavado de dinero.
A pesar que el Canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón dijo que la decisión tomada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos no era “un camino a la impunidad”, el General no fue detenido. A su arribo a México, Cienfuegos Zepeda solo fue llevado a una sala privada en las oficinas del hangar de la FGR donde le realizaron un dictamen pericial médico y le informaron que ya es investigado en el país; luego el mando militar se retiró a su casa.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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