Durante la entrevista con la apicultora maya Leydy Pech, galardonada con el premio Goldman por la lucha de su colectivo contra la soya transgénica, megaproyectos y la agroindustria –que han causado deforestación y contaminación del agua–, Monsanto seguía sembrando este monocultivo en la Península de Yucatán porque, a pesar de la suspensión ordenada por la Suprema Corte en 2015, ninguna autoridad ambiental realiza inspecciones ni castigo, dijo la activista ambiental.
“Leydy Pech, una apicultora indígena maya, encabezó un colectivo que detuvo con éxito la siembra de soya genéticamente modificada por Monsanto en el sur de México. La Suprema Corte de Justicia de México dictaminó que el Gobierno violó los derechos constitucionales de los mayas y suspendió la siembra de soya genéticamente modificada. Debido a la persistencia de Pech y su colectivo, en septiembre de 2017 la Secretaría de Agricultura –que le había dado el permiso en junio de 2012– revocó el permiso de Monsanto para cultivarla en siete estados”, destaca la Fundación.
Esos permisos incluyeron la siembra en fase comercial de 235 mil 500 hectáreas de soya genéticamente modificada. Frente a ello, presentaron diversos juicios de amparo ante juzgados federales para denunciar que esos permisos otorgados a Monsanto vulneraron sus derechos a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada; al territorio; a la libre determinación; y a un ambiente sano. Los juicios llegaron a la SCJN, que en noviembre de 2015 reconoció la violación y ordenó suspender los permisos otorgados a esta trasnacional hasta que se haga la respectiva consulta indígena vinculante.
En entrevista con SinEmbargo, Pech aseguró que dentro del colectivo hay mucha “emoción y alegría” por recibir el premio Goldman. Pero la siembra de la soya transgénica, que ha aumentado la deforestación, contaminación de agua y muerte masiva de abejas por plaguicidas y fumigación aérea cercana a los poblados, continúa en la zona porque ninguna autoridad ambiental castiga a la trasnacional Monsanto. A ello se suman los periodos largos de sequía y las inundaciones por tormentas tropicales con mayor intensidad que impactan sus cosechas y producción de miel, por lo que “los que pagamos el precio más alto de estos desequilibrios ambientales somos nosotros los pueblos indígenas”.
“Hoy en día tenemos más soya transgénica sembrada, tenemos más hectáreas de bosque deforestado, tenemos más plaguicidas y más agua contaminada, a pesar de que existen suspensiones. Se hace de forma ilegal. Ahorita en este momento se está cosechando y comercializando soya, y ninguna autoridad hace monitoreos ni inspecciones. Nosotros cada año denunciamos, pero Profepa y SENASICA [Servicio Nacional de Sanidad de la SADER] no han hecho su trabajo. El problema se mantiene y ha aumentado”, aseguró Pech. “Más que Monsanto respetara la suspensión son las autoridades las que deben asumir su responsabilidad. Pero no hay nadie, no hay nadie que sancione ni castigue, y entonces de nada sirve la consulta y la sentencia”.
La resolución de la SCJN, dijo la activista maya, no ha sido efectiva. De 2015 a 2018 la consulta indígena ordenada no ha sido posible. En ninguna de las siete reuniones previas pudieron avanzar, porque les presentaron “un protocolo armado en el que no nos identificábamos ni respondía a los problemas que estamos enfrentando asociados a la soya transgénica”. Aunque creyeron que con esta nueva Administración federal podrían avanzar, “en las dos reuniones con ellos no pudimos al no ser una consulta vinculante y sino se convierte en un trámite, en simulación y las cosas siguen como si nada. Y fue lo que sucedió”.
El área de comunicación de la Profepa aseguró que si no hay denuncia no pueden ir a vigilar. Y El Senasica, a través del área de comunicación de SADER, respondió que, en este momento, no se cuenta con ningún permiso vigente para la siembra de soya genéticamente modificada, “ya que el permiso solicitud 007_2012 fue revocado”. El Senasica cuenta con un Programa Anual de Inspección y Vigilancia, a través del cual se llevan a cabo acciones de inspección a permisos de liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados, “incluido el monitoreo del cultivo de soya en el estado de Campeche”.
MAYAS COTRA TREN Y DEFORESTACIÓN
Estas comunidades mayas han defendido su territorio frente a diversos megaproyectos como el Tren Maya que afectan el patrimonio biocultural de esta región de gran biodiversidad colindante con la biósfera de Calakmul, la mayor reserva mexicana de bosque tropical y uno de los últimos pulmones de México.
“No solo en la Península de Yucatán, los megaproyectos en otros pueblos originarios los tenemos a nivel nacional en Oaxaca, Guerrero, Sonora… Es algo contra lo que luchamos porque cada megaproyecto no responde al modelo de desarrollo de nosotros los indígenas, responde a otros intereses económicos y trasnacionales a pesar de que estamos en contra”, afirmó la maya Leydy Pech. “Como colectivo de comunidades mayas en relación al Tren Maya, lo que se está luchando no es en sí la vía del tren, sino todo lo que va a ocasionar; todos los daños ambientales asociados a nuestras aguas, suelos, bosques, semillas nativas y plantas medicinales. Todo lo que daña los medios de vida de los territorios de los pueblos indígenas es contra lo que estamos luchando”.
También han defendido la apicultura como práctica histórica y tradicional del pueblo maya y medio de subsistencia sustentable a través de la conservación de las abejas nativas, para lo cual han denunciado los efectos nocivos que la deforestación, por el impulso de monocultivos y el uso indiscriminado de plaguicidas y agrotóxicos (como el glifosato), causan no solo a la apicultura, sino también a la salud, el suelo, el agua y el ambiente de las comunidades mayas de Hopelchén, expusieron organizaciones como Greenpeace, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), entre otras.
“La quema de carbón también se ha incrementado y está ocasionando grandes deforestaciones. En el uso de plaguicidas también está la agricultura de hortalizas, arroz… Tenemos infinidad de problemas con eso. Y el daño de las granjas porcícolas y turismo en Yucatán nos va a tocar por la contaminación del agua de nuestros cenotes”, expuso la activista Pech. “Nadie está controlando y se están llendo por la libre”.
Esta región de México enfrenta graves problemas de deforestación, pérdida de biodiversidad, así como contaminación de suelo y sus fuentes de agua debido a los cambios de uso de suelo que de forma irregular se han llevado a cabo para introducir prácticas agropecuarias industriales. Campeche es el más deforestado de la Península de Yucatán, ya que tan solo en 2019 perdió 53 mil hectáreas de bosque natural, lo que equivale a 12.5 de toneladas de dióxido de carbono de emisiones, documenta el Globa Forest Watch.
“Todo esto es un modelo de desarrollo implementado por la agroindustria que solo nos ha traído grandes problemas. Es contrario al modelo de desarrollo de los mayas que nos ha sostenido por muchos años. El cambio de la producción a gran escala, como la soya, sorgo y otros grandes monocultivos es contraria a la producción de la milpa de una manera más diversificada y sana”, dijo la apicultora Pech.
El denominado Premio Nobel del Medio Ambiente también fue recibido este lunes por los las heroínas ambientales Kristal Ambrose de Las Bahamas por su lucha contra la contaminación plástica; Lucie Pinson de Francia por su lucha contra la industria del carbón; Nemonte Nenquimo de Ecuador por su lucha contra la industria de la extracción en la Amazonia y el territorio Waorani; y los héroes Chibeze Ezekiel de Ghana por su lucha contra la industria del carbón; y Paul Sein Twa de Myanmar por su impulso a la paz y conservación en el río Salween, hogar del pueblo indígena Karen.
AUTOR: DULCE OLVERA.
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