De acuerdo con diversas organizaciones, ninguna de las instituciones de fuerzas federales ha cumplido con la obligación de capacitar a sus elementos en materia de derechos humanos.
Según el informe, a 10 años de las sentencias por los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú contra México, el Estado Mexicano sigue sin cumplir con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la implementación “en un plazo razonable, de un programa o curso permanente y obligatorio de capacitación y formación en derechos humanos, dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas”.
Dicha sentencia se suma a otra pendiente de hace dos años del caso Alvarado Espinoza, en la que se pide a México “continuar con las capacitaciones en derechos humanos dirigidas a las Fuerzas Armadas”.
Para dar seguimiento a estas sentencias, las organizaciones antes mencionadas iniciaron un monitoreo del cumplimiento de las responsabilidades internacionales establecidas, a través de diversas solicitudes de acceso a la información pública a las instituciones castrenses del país, incluida la Guardia Nacional.
De acuerdo con las organizaciones, “ninguna de las instituciones a las cuales solicitamos información cumple con cabalidad con la obligación de contar con programas de capacitación y de efectivamente capacitar a todo su personal”.
El informe señala que de las instituciones consultadas, ni la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), ni la Secretaría de Marina (SEMAR), ni la Guardia Nacional “cuentan con evidencia completa que permita evaluar el resultado de las capacitaciones que sí se llevaron a cabo”.
Refieren que en el mejor de los casos, las respuestas a las solicitudes de información solo les permitieron conocer el número de personas capacitadas, “pero ninguna institución es capaz de responder con evidencia de qué se trató exactamente la capacitación que recibió su personal”.
Las dependencias tampoco fueron capaces de mostrar los mecanismos que utilizan para medir el éxito de las capacitaciones”.
12 cursos en 7 años
Las organizaciones señalan que en sus respuestas, “la Sedena reportó 12 cursos y 62 videoconferencias en derechos humanos impartidas a lo largo de siete años —entre 2013 y 2019—.
Las capacitaciones en temas específicos de derechos humanos —como son los derechos de las mujeres, los derechos de personas LGBT+, los derechos de personas con discapacidad, entre otros— son incluso menos”.
No solo eso. En todo este tiempo, revela el informe, “solo hicieron referencia a una única capacitación en derechos de las personas indígenas”, pese a que la Corte IDH explícitamente ordenó realizar capacitaciones en este tema.
La Sedena tampoco proporcionó información sobre los temarios o contenidos de las capacitaciones y las personas que las imparten.
“La SEDENA ha gastado cientos de millones de pesos en actividades de capacitación de las que responde no tener registro alguno. Peor aún: ha declarado no contar con ninguna evidencia documental, de actividades para las cuales tiene registro, al menos parcial, en información que se encuentra públicamente disponible en su página web. En ese sentido, consideramos que no se ofreció información suficiente para asegurar que las capacitaciones que sí han llevado a cabo sirvan para garantizar que las injusticias cometidas contra Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes no se repitan”.
“Dicen que hacen un examen, que sus supervisores evalúan que lo aprendido se implemente con la ciudadanía, pero eso no lo sabemos… (sus respuestas) muestran una profunda opacidad de la SEDENA o de un mal manejo de la información; sino tenemos información cómo sabemos que se cumple con las recomendaciones de la Corte (IDH)”, dijo durante conferencia de prensa Nicole Huete, de la organización Intersecta.
En el caso de la Semar, en un primer momento la institución respondió no estar obligada a implementar las recomendaciones de la Corte IDH.
“Si bien la SEMAR afirma contar con un curso permanente de capacitación en derechos humanos, este no incluye los criterios mínimos ordenados por la Corte IDH para garantizar la no repetición. Además, no pudo proporcionar información precisa y desagregada por cargo y por área acerca del personal que asiste a las actividades de capacitación ni proporcionó información acerca de la duración de las actividades reportadas. Tampoco fue capaz, realmente, de proporcionar las cartas descriptivas y temarios de las mismas”.
La Guardia Nacional, por su parte, cuya integración está compuesta por militares y civiles, “presentó resultados similares a las anteriores instituciones”.
“En el mejor de los casos, sólo 7 de cada 100 elementos de la Guardia Nacional han sido capacitados en materia de derechos humanos a través de los cuatro escalones del Curso de Formación Inicial Homologado, un curso que, en teoría, debería ser obligatorio para todos los elementos”, dijo Alicia Franco de Data Cívica.
En el informe se destaca que la Guardia Nacional, al igual que las demás instituciones de las fuerzas armadas, “no fue capaz de brindarnos información sobre los temas específicos que se imparten en los cursos que presumen, así como los cargos de quienes las recibieron, ni el tipo de capacitaciones que brindaron, cartas descriptivas, temarios ni personal docente. Tampoco proporcionó evidencia sobre los mecanismos de evaluación que utilizan para garantizar que estas capacitaciones cumplieron con sus objetivos”.
A manera de conclusión, las organizaciones destacan que la falta de evaluación de las capacitaciones que se imparten a las fuerzas armadas en materia de derechos humanos, así como la imposibilidad que existe de fiscalizarlas de forma independiente, “es particularmente preocupante porque se continúa recurriendo a las capacitaciones del personal casi por inercia y sin que sepamos, con base en evaluaciones y evidencia, que están funcionando para lo que se sostiene que deberían funcionar”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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