Para la “protección social”, nuestro país adelantó el pago del programa para adultos mayores y personas con discapacidad en marzo y junio; además en diciembre se anunció el apoyo por 11 mil pesos para gastos funerarios de personas fallecidas por COVID.
En cambio, en países como Argentina, además de entregas directas de recursos, hubo ampliación de ayudas públicas a restaurantes comunitarios. Incremento de 6.12% a las pensiones, las prestaciones familiares y las cotizaciones sociales. Transferencias de alimentos. Bonos para personal de salud. Y se prorrogó hasta fin de año la prohibición a las empresas de servicios públicos de interrumpir servicios por falta de pago. Creación de cuatro programas para dar internet y telefonía a población marginada y congelación de tarifas de telefonía, internet y televisión.
Estos son algunos de los datos comparados en el “Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe: acciones por país”, realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que enlista las acciones de cada nación ante la pandemia.
Las acciones operadas en los países para enfrentar la pandemia incluye siete criterios: restricciones a desplazamientos, economía, educación, empleo, género, protección social y salud.
En materia de salud México decretó medidas extraordinarias para la emergencia en marzo de este año y anunció medidas para garantizar el suministro de agua en hospitales y áreas marginadas en julio, como parte de la clasificación “emergencia sanitaria” del Observatorio.
No hubo cuarentena obligatoria para viajeros extranjeros, casos confirmados o sospechosos, como sí implementaron otros países como Chile, ni se estableció la cuarentena obligatoria.
En el caso de las pruebas para detectar COVID fueron gratuitas, pero estuvo reducida a “la definición de casos”, es decir, sólo a quienes presentaban síntomas y tenían vigilancia médica.
En contraste, Chile, desde marzo se amplió el protocolo de aplicación de pruebas para personas sin historial de viaje y sin contacto directo con personas infectadas y para personas sin o con pocos síntomas. En abril también se comenzaron a aplicar pruebas de anticuerpos a trabajadores de la salud. Además, desde marzo también se fijó un precio máximo para la prueba COVID.
A partir del 7 de abril, el Ministerio de Salud de Chile estableció el uso obligatorio de mascarillas en transporte público y privado y nueve días después se hizo obligatorio para lugares públicos cerrados. También implementaron el programa de salud mental para brindar a apoyo a quienes necesitaron ayuda ante los problemas derivados de la pandemia.
La Secretaría de Salud de México, en cambio, no estableció como política el uso obligatorio de cubrebocas y, a través del subsecretario, Hugo López Gatell, se insistió en que daba una “falsa seguridad” y lo más eficaz era el distanciamiento social por lo que se implemento la estrategia “Susana distancia”.
Entre otro tipo de acciones en el país está el acuerdo entre el gobierno federal y hospitales privados para subcontratar servicios médicos a hospitales privados traducido en 3 mil 115 camas en abril pasado.
Aunque en el Observatorio de la CEPAL no está mencionado, México también implementó el “semáforo epidemiológico” para determinar el nivel de confinamiento/apertura económica en cada estado del país.
En materia económica, Chile, Argentina y Uruguay aplazaron el pago de impuestos para pequeñas y medianas empresas, además de medidas de “alivio” para deudores en Chile y exención de pago de impuestos de seguridad social. Mientras que en México no hubo ningún tipo de medida de este tipo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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