Con este recurso, el también exdiputado federal buscaba abandonar el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el que está recluido desde el 31 de agosto, tras ser detenido en un operativo en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
La solicitud de amparo que presentó la defensa de Sosa Castelán es en contra de la vinculación que dictó el juez de control Gregorio Salazar Hernández la madrugada del 6 de septiembre, al argumentar que carecía de solidez, al desestimar las aportaciones documentales que hizo la Fiscalía General de la República (FGR) durante la audiencia inicial y su continuación.
Sin embargo, el juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México consideró que la FGR aportó elementos que acreditan la posible responsabilidad del político hidalguense en la triangulación de 58.2 millones de pesos del erario universitario a cuentas de su familia y tres allegados a quienes acusa de coparticipación, al recibir y ocultar recursos.
De acuerdo con la causa penal 263/2020, el dinero salía de la UAEH y llegaba a las cuentas de Gerardo, sus dos hijas, Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto —no localizadas aún por la FGR—, y tres personas con estrecho vínculo con este grupo, conocido como La Sosa Nostra: Francisco Natalio Zamudio Isbaile, operador contable y segundo en lo que la Fiscalía denomina "organización criminal" dedicada a la sustracción de recursos de la universidad, Anastasia Elizabeth Baños Baños, —ambos con orden de aprehensión—, así como Juan Manuel Hernández Gayosso, también recluido en el penal de El Altiplano, en el Estado de México.
Con base en un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que integra la carpeta de investigación, entre la UAEH y los receptores finales había una empresa fachada, Contabilidad del Siglo XXI —creada, según la imputación, por Zamudio Isbaile—, despachos contables del segundo en la organización, que también fue arrendador de un inmueble ocupado en Pachuca por Movimiento Ciudadano cuando los Sosa dirigieron ese partido en Hidalgo, y la Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, cuyo accionista principal es Damián Sosa Castelán, hermano de Gerardo, excandidato a la presidencia municipal de Tulancingo y ahora regidor de la fracción edilicia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Al negar la solicitud de amparo con la que Gerardo Sosa pretendía anular su vinculación a proceso y, con ello, recuperar su libertad, el juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México consideró que la información aportada por la Fiscalía, cuya base es una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, muestra la probable responsabilidad del imputado, por lo que debe seguir sujeto a proceso, con la medida cautelar de prisión preventiva.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁXEL CHÁVEZ.
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