Esa es la realidad de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) que hoy cumple exactamente dos años de haber sido aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y que tenía el objetivo de transformar la vieja PGR en una institución autónoma y eficiente, que redujera la impunidad y combatiera los grandes fenómenos criminales.
Un informe presentado la semana pasada ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), elaborado por más de 200 organizaciones y especialistas agrupadas en el colectivo Fiscalía que Sirva, revela múltiples omisiones, retrasos y violaciones a la ley orgánica de FGR, que han impedido la transformación de la institución.
Aunque la PGR ahora se llama FGR, más del 80 por ciento de su estructura sigue siendo exactamente la misma que antes y la organización y formas de trabajo son las que marcaba la vieja ley que fue derogada. Los resultados, en consecuencia, no han cambiado: más del 90 por ciento de delitos graves como tortura, trata de personas, ataques contra la libertad de expresión, migración, delincuencia organizada, entre otros, están impunes.
La responsabilidad de estas irregularidades, advierte el informe, es compartida entre el Senado de la República y el fiscal General, Alejandro Gertz Manero. Y en vez de enmendar las omisiones, indican los expertos, se pretende ahora derogar la nueva ley completa. El Senado ya ha convocado a un periodo extraordinario de sesiones el próximo 15 de enero para ello.
“El contexto se ha visto marcado por una clara falta de compromiso con la apuesta por materializar las características del nuevo sistema y de hacer frente a la impunidad estructural mediante una fiscalía realmente autónoma (…); ahora ha sido presentado un proyecto de ley que derogaría la ley vigente, que es producto de un trabajo conjunto entre gobierno y sociedad civil” advierte el informe
Sumado a lo anterior el informe también advierte que el Congreso no ha destinado los recursos económicos necesarios para materializar las disposiciones que la ley contempla, una situación que el propio fiscal General Alejandro Gertz había advertido desde enero pasado en un reporte entregado al Poder Legislativo, en el que señaló que sin el presupuesto suficiente se ponía en peligro el proceso de transición de la FGR.
Principales omisiones y violaciones
El informe entregado a la audiencia del 178 Periodo de Sesiones de la CIDH desglosa una serie incumplimientos de las disposiciones que marca la Ley Orgánica de FGR y que iniciaron desde el mismo nombramiento del fiscal General, Alejandro Gertz Manero, y de los fiscales especializados en temas de corrupción, delitos electorales, asuntos internos y derechos humanos.
En el caso del fiscal General, los expertos cuestionan que no se realizó el escrutinio profundo que marca la ley para la elección de fiscal autónomo. En cambio, en un lapso de solo un mes, se eligió al funcionario que el presidente ya había designado como encargado de la vieja PGR. “Todo el proceso se caracterizó por una falta de rigurosidad y transparencia sobre los criterios utilizados para seleccionar a las y los candidatos, y por una nula participación ciudadana” señalan los expertos.
Respecto a los fiscales especializados, el artículo 22 de la ley señalaba que la designación de estos debería ser resultado de un concurso público en donde el fiscal General valorara los méritos y capacidades de los postulantes y los propusiera al Senado el cual, tendría la capacidad de objetarlo. En vez de todo eso y sin participación de nadie más, Gertz eligió directamente a esos fiscales.
Otra omisión grave ha sido la designación de los cinco integrantes del Consejo Ciudadano de la FGR, una de las figuras centrales que contempla la Ley Orgánica para acompañar y fiscalizar el trabajo de la institución, y fungir como contrapeso al fiscal General. De acuerdo con la Ley Orgánica el Senado debía haber iniciado con la designación del primer integrante a mas tardar el 15 de mayo de 2019.
La realidad es que transcurrido un año y medio del vencimiento de ese plazo no hay un solo integrante designado y ni siquiera se ha iniciado el procedimiento. “Ello coincide con una actitud generalizada de parte del titular de la Fiscalía General de rechazar e ignorar las inquietudes, propuestas y necesidades de propia voz de las víctimas y la sociedad civil”, apunta el análisis.
La inexistencia del Consejo Ciudadano afecta directamente uno de los elementos centrales del funcionamiento de la FGR: la formulación de un “plan de persecución penal”, el cual es el documento base en el que anualmente la Fiscalía debe definir su estrategia de investigación y combate al crimen, así como los objetivos y los indicadores que permitan medir su cumplimiento.
De acuerdo con la misma ley, la redacción de dicho plan debe ser sometida a consideración del Consejo Ciudadano, un paso que no puede cumplirse pues no hay consejo. Pero además se establecía que en su formulación debía de tomarse en cuenta los diagnósticos realizados por la sociedad civil y los grupos de víctimas.
Esto último tampoco pasó porque, lo que hizo el fiscal General, es enviar un plan elaborado por él mismo al Senado, que hasta el día de hoy no se ha transparentado. Tampoco se conoce si, como marca la ley, la Cámara Alta analizó el documento y si emitió recomendaciones en torno al mismo o si lo aprobó. Todo el procedimiento en torno a este punto ha sido opaco.
Tampoco se ha cumplido con la presentación integral del informe anual de actividades, bajo los parámetros que marca la Ley Orgánica. Si bien Gertz Manero presentó un documento con cifras sobre diversas actividades, los expertos indicaron que este no cuenta con los resultados o avances en política de persecución penal, componente central de dicho informe según la norma orgánica.
A todo lo anterior, subraya el colectivo Fiscalía que Sirva, se suman las fallas estructurales y que son las responsables de que la actual Fiscalía siga siendo fundamentalmente la misma PGR pero con otro nombre.
Por ejemplo, la ley contemplaba un procedimiento de transición que necesariamente debería incluir una depuración del personal heredado por la vieja Procuraduría que no ha ocurrido. Tampoco se ha instalado el denominado Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera que, según la norma, debería ser el encargado de diseñar el procedimiento de reclutamiento y profesionalización del personal de la Fiscalía.
“La realidad es que ninguno de los mecanismos de evaluación de personal y cimentación de la carrera fiscal han sido impulsados ni por el Fiscal General ni por el Congreso,” sentencia el informe entregado ante la CIDH.
Como resultado la FGR sigue operando con la misma estructura y personal de antes. Por ejemplo, continúan funcionando las mismas subprocuradurías de Control Regional, Delincuencia Organizada, Delitos Federales, Asuntos Jurídicos, y otras que en la ley Orgánica actual de la FGR no existen.
A su vez, dicha situación ha impedido la puesta en marcha de los grupos coordinados de investigación y otros esquemas de trabajo que la ley contempla. Peor aún: han surgido complicaciones por duplicidad de áreas como la Fiscalía Anticorrupción que forma parte del nuevo diseño, pero que a su vez convive con la vieja Unidad de Delitos Cometidos por Servidores Públicos adscrita a la subprocuraduría de Delitos Federales, las cuales no han sido cerradas.
Sin aplicarse… y con los días contados
El coordinador de los senadores de MORENA, Ricardo Monreal, presentó en la Cámara Alta una iniciativa de reforma que, entre otras cosas, busca derogar por completo la actual Ley Orgánica de la FGR y además modificar el rol de la fiscalía en la atención de otros temas como la búsqueda de personas desaparecidas.
La propuesta, que se prevé sea discutida y en su caso aprobada en un periodo extraordinario convocado para el 15 de enero de 2021, ha sido criticada por múltiples organizaciones e incluso por otras instancias gubernamentales como la propia Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación.
En el informe presentado ante la CIDH, las organizaciones civiles y expertos alertaron que se trata de una iniciativa (impulsada también por el fiscal General), con la que se busca borrar de un plumazo una ley que privilegiaba la transparencia, los contrapesos y el respeto a los derechos humanos, para en su lugar implantar una norma que califican de “regresiva” e incompatible con el nuevo sistema penal acusatorio.
“La iniciativa pretende perpetuar una fiscalía jerárquica, sin controles, sin transparencia en la que, por su excesivo formalismo, será difícil que puedan aplicarse el sistema acusatorio. Elimina los principios de autonomía y accesibilidad como principios rectores de la institución”, advierte el informe.
Entre los aspectos concretos que se perderían de aprobarse la nueva ley, el informe destaca que ya no se contempla la obligación de informar a las víctimas sobre cualquier acto de investigación ni la generación conjunta de planes de investigación. Se elimina, además, la creación de comisiones especiales con expertos independientes.
Especialmente grave, subrayan los expertos ante la Comisión Interamericana, es la intención de suprimir en la norma que se busca aprobar existencia del Plan de Persecución Penal y del Consejo Ciudadano, con lo que se perderían herramientas de fiscalización y contrapeso que contempla la actual norma, aun cuando no se hayan aplicado.
La iniciativa busca además restaurar figuras como la de la fiscalía de Delincuencia Organizada, símil de la actual SEIDO. Se trata, según los expertos, de estructuras viejas en las que se privilegiaba el trabajo aislado en vez de la investigación conjunta de fenómenos criminales a través de distintas áreas.
Por su parte, en un comunicado oficial, la Comisión Nacional de Búsqueda de Segob calificó como un “retroceso en la administración de justicia” y una “negación a los derechos de verdad, justicia y reparación” la iniciativa. Criticó que se busque excluir a la FGR de los comités de desapariciones forzadas y se pretenda suprimir los supuestos con los cuales se obliga a dicha Fiscalía a atraer casos por estos delitos.
Los expertos alertaron ante al Comisión Interamericana la misma situación. “La iniciativa propone suprimir funciones y mecanismos que eran necesarios para hacer mas operativa la colaboración de la Fiscalía con la Comisión Nacional de Búsqueda”, señalaron en su informe.
Y mientras tanto… impunidad
Datos oficiales evidencian que la Fiscalía General de la República arrastra los mismos niveles de impunidad que en la etapa en que funcionaba como PGR. Esto es particularmente notorio en delitos más graves.
Animal Político publicó, por ejemplo, que en los primeros 18 meses del actual sexenio la Fiscalía solo consiguió enviar a un juez 3 casos de más de 1 mil 200 que abrió por el delito de tortura, lo que representa apenas el 0.2 por ciento de los casos Esto es incluso peor que el promedio de 1% de casos de tortura que consiguió consignar entre 2012 y 2016.
El informe denominado “Fiscalómetro”, elaborado por el Colectivo contra al Impunidemia (compuesto por 24 organizaciones) también alertó del mal desempeño de la Fiscalía en casos como desapariciones, donde de más de 550 casos solo consiguió judicializar seis, o en casos como los delitos contra periodistas donde el 98 por ciento de las carpetas siguen impunes.
La propia FGR había reconocido los bajos niveles de esclarecimiento en el informe que en enero pasado mandó al Congreso, y en el que por ejemplo reportó que menos del 3 por ciento de las investigaciones relacionadas con trata y explotación de mujeres han sido resueltas.
En cuanto a investigaciones relacionadas con denuncias por violaciones graves a derechos humanos apenas 1 de cada 10 casos ha sido enviado ante un juez, reconoció la Fiscalía en el referido informe.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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