El programa comenzó oficialmente en marzo de 2019 con la primera expulsión de un ciudadano hondureño a Tijuana, Baja California, y desde entonces más de 68 mil personas, según datos de la Universidad de Siracusa, fueron obligados a esperar en el norte de México.
Ambas organizaciones, junto con Asylum Access y Wola, presentaron el informe “En la boca del lobo” en la que denuncian las vulneraciones a los derechos humanos perpetradas con este programa, que se puso en marcha en marzo de 2019 y que es uno de los planes estratégicos acordados entre el gobierno de Donald Trump y el de Andrés Manuel López Obrador. El futuro inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, ha asegurado que una de sus primeras medidas será eliminar el MPP, también conocido como “Quédate en México”.
En la denuncia, las organizaciones recuerdan que México decidió aceptar a los solicitantes de asilo y que esto le llevó a asumir “su posición de garante, con todas las obligaciones que esto conlleva: seguridad, bienestar, alimentación y medios de subsistencia”.
“En los hechos descritos se ha demostrado que el Estado Mexicano ha incumplido su calidad de garante con una población que además viene huyendo del peligro, que teme por su vida y su seguridad y que por eso están pidiendo asilo en USA, y les ha colocado, como se ha manifestado en lugares donde hay gran inseguridad y que incluso, el Departamento de Estado, de USA ha recomendado a sus propios ciudadanos mediante alertas, de no acudir por el grado de violencia e inseguridad que existe en dichos estados”, asegura.
“Deberán investigar a los autores materiales y mediatos que han cometido los delitos en contra de las personas solicitantes de asilo, pero también se deberán investigar las responsabilidades penales de las autoridades mexicanas que han asumido la obligación de garantes y la han incumplido”, indica.
En la denuncia se recuerda que las víctimas, “por su condición de personas migrantes y solicitantes de asilo, se encuentran sometidos a una particular situación de vulnerabilidad, ocasionada por las decisiones en la materia adoptadas tanto por el gobierno estadounidense como el mexicano”.
“Una eventual consecuencia de no investigar de forma seria y diligente sería la responsabilidad de carácter internacional a cargo del Estado mexicano”, añade, tras insistir en que “la investigación de los delitos no depende de la iniciativa de las víctimas, sino que el Estado mexicano está obligado emprender la búsqueda de la verdad de forma oficiosa”. En opinión de los querellantes, la no investigación de estos hechos podría resultar un hecho denunciable internacionalmente.
En este sentido, recuerdan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que este tipo de delitos debían ser investigados “de oficio”. “Una vez que las autoridades toman conocimiento de comportamientos que afectan los bienes esenciales de los individuos, como lo son los descritos en la presente denuncia, están obligadas, sin necesidad de que las víctimas aporten elementos probatorios o se manifiesten al respecto, a efectuar una investigación exhaustiva a fin de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos”, dice la denuncia.
Los querellantes consideran que la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes es la competente para analizar los casos. Por ello, solicita que se inicie la investigación persecución y procesamiento de los responsables.
Además, pide que se solicite a países de Centro y Sudamérica, “la información que tengan sobre reportes que se hayan recibido sobre personas desaparecidas, secuestradas o víctimas de cualquier delito en México del que sus connacionales hayan sido víctimas, a partir de la implementación del programa Quédate en México o MPP” para poder notificar a las víctimas y que puedan tener acceso a la justicia.
Por último, solicita que se pida información a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) sobre migrantes que hayan podido desaparecer en el contexto de “Quédate en México”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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