En el informe Como anillo al dedo. El impacto de la pandemia de COVID-19 en los servicios de procuración de justicia del Estado de México, AI señala que esta situación ha causado violación a los derechos humanos de las familias de las víctimas, por la revictimización que sufren y por la impunidad que queda en muchos casos.
De acuerdo con el informe, antes de la pandemia la Fiscalía General de Justicia del Estado de México enfrentaba importantes problemáticas como la falta de personal, sobrecarga de trabajo, falta de recursos técnicos para la investigación, descoordinación entre instituciones de justicia, entre otras.
Tras la llegada de la pandemia, la Fiscalía adoptó algunas medidas para atender esos problemas, sin embargo, AI identificó que lo que ocurrió fue un incremento de la carga de trabajo “hasta niveles insostenibles”, digitalización insuficiente de los servicios, así como un acceso desigual a la tecnología y descoordinación, especialmente a nivel interinstitucional.
Acerca del incremento de la carga de trabajo, la organización señala que este se debió a que se implementó un sistema de guardias para las labores presenciales del personal de la Fiscalía, además de que aumentó la cantidad de mujeres que solicitó algún tipo de apoyo o intervención por violencia de género.
La COVID dejó a las víctimas más desprotegidas
El documento señala que las problemáticas que enfrentan las instituciones impartidoras de justicia no son nuevas, pero con la pandemia agravaron y tuvieron consecuencias como que las mujeres no pudieron interponer denuncias, o que algunas investigaciones penales quedaron totalmente paralizadas.
También se documentó que hubo evidencias que se perdieron, lo que incidió directamente en la probabilidad de que los casos quedaran impunes e impidieron cumplir con el debido proceso, lo que constituyó una violación del derecho a las víctimas a acceder a justicia, verdad y reparación.
Ante esta situación, AI da diversas recomendaciones, entre ellas que los servicios de procuración de justicia cuenten con recursos humanos e infraestructura necesarias para cumplir su función de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas.
También recomienda que se provea al personal de equipo de protección individual, adecuado y suficiente, y que se elabore un plan de respuesta inmediata para atender situaciones de brotes COVID, de manera que se evite el cierre de la unidad y la detención de sus funciones.
Asegurar la correcta digitalización de los servicios de procuración de justicia, preveer un sistema de denuncia alternativo para las mujeres que no tienen internet, y que se garantice que todas las personas denunciantes reciban un comprobante del trámite y una fecha para ratificación del mismo.
Finalmente, recomienda coordinar mesas de trabajo periódicas entre las distintas unidades e instituciones de procuración de justicia, y entre aquellos servicios colectivos que participen en la investigación de los delitos de violencia contra las mujeres.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario