A través de un comunicado, la CNB señaló que rechaza tanto a la Ley Orgánica, como otras disposiciones generales, como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMD).
El rechazo se debe a que la legislación “implica un retroceso en la administración de justicia, la negación de los derechos de verdad, justicia y reparación, así como un rechazo a la colaboración interinstitucional, y un correcto entendimiento de lo que significa la autonomía de la Fiscalía General de la República en un Estado de Derecho”.
Además, las propuestas implican la derogación de varios artículos en materia de desaparición de personas, como lo es el Artículo 45, fracción III, con el que se eliminaría a la FGR del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB).
El Artículo 24, a su vez, determina los supuestos mediante los cuales la Fiscalía tiene la capacidad de investigar la desaparición de individuos.
También propone la derogación del artículo 68, en el cual se habla de un trabajo conjunto de las fiscalías y procuradurías para impulsar permanentemente la búsqueda de personas.
“Estas propuestas implican la negación de toda persona a ser buscada”, escribe la CNB en el comunicado.
Adicionalmente, señala el órgano, se desconocería el Protocolo Homologado de Búsqueda, acuerdo construido por las familias de personas desaparecidas, la sociedad civil y la comunidad internacional.
En el protocolo se destacan las obligaciones que poseen todas las autoridades en la búsqueda de personas, así como la obligada coordinación que debe existir entre todos los actores gubernamentales involucrados.
La Comisión Nacional de Búsqueda explica: “Eliminar sus obligaciones en la materia equivale a reducir masivamente los recursos, métodos y mecanismos disponibles para dar con el paradero de decenas de miles de personas desaparecidas”.
Más sobre la FGR
La Fiscalía General de la República pasa por dos transformaciones con las propuestas, primero, se deslinda del Sistema Nacional de Búsqueda; y segundo, se impone sobre diversas instituciones de la administración pública general, incluida la CNB.
Lo anterior equivale a una reestructuración de autoridad, con la cual se impone un mecanismo de subordinación y se regresa a una institución verticalizada; todo muy lejos de la antigua y acordada coordinación.
Se impondrán sanciones administrativas y penales a las instituciones que no acaten la posición de subordinación, menciona la Comisión Nacional en el comunicado.
El funcionamiento y la coordinación de fiscalías, comisiones de búsqueda, policías, consulados, entre otros, dentro del Sistema Nacional de Búsqueda, recita la CNB, es uno de los mayores retos para el Estado para dar respuestas a las demandas de verdad y justicia por la desaparición de personas.
“La autonomía constitucional de la Fiscalía debe ser entendida como una garantía de acceso a la justicia, así como para evitar presiones ilegítimas en la investigación y lograr llevar los casos ante tribunales; y no como una forma para evitar la coordinación y rendición de cuentas, disociándose del resto del Estado”, redactó la institución.
México: país de desaparecidos
Actualmente se contabilizan más de 79 mil 600 personas desaparecidas en México.
Tan solo en 2019 se registró como el año con mayor número de desaparecidos desde 1964, contabilizando alrededor de 8 mil 345 casos. En lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, van 13 mil 821 casos.
La CNB reporta que existen más de cuatro mil fosas clandestinas, con decenas de miles de cuerpos sin identificar. Prueba de ello fueron las 14 fosas encontradas en Guanajuato en las últimas dos semanas.
En el comunicado, la institución señala que hay 15 sentencias condenatorias de
primera instancia por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. A su vez hay decenas de miles de investigaciones abiertas.
¿Entonces?
Finalmente, la Comisión Nacional de Búsqueda recordó que “ninguna reforma a la Ley General en materia de desaparición y otras leyes relacionadas a la desaparición de personas pueden aprobarse sin abrirse un debate que reconozca y garantice el derecho a la participación activa de las familias de las personas y sus representantes”.
También, enfatizó, se deben tomar en cuenta a los demás miembros del Sistema Nacional de Búsqueda.
Por ello, la institución solicitó a través de su comunicado que se deseche la propuesta presentada y se abra, en su lugar, un parlamento abierto en el que se discutan las reformas constitucionales y legales integrales en relación con seis temas.
Organizaciones de la sociedad civil que integran el Colectivo contra la Impunidemia han manifestado también su preocupación por estas reformas a la Ley Orgánica de la FGR al considerarlas un ataque directo contra los derechos ganados de las víctimas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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