Esta opacidad se suma al hecho de que los delegados de Programas para el Desarrollo -que es su título oficial- tienen dos jefes: administrativamente, están adscritos a la Secretaría del Bienestar, pero sus nombramientos son decididos por la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo de la Presidencia de la República, a cargo de Gabriel García.
Animal Político solicitó a ambas instancias federales la agenda pública de trabajo de los superdelegados en el último año, así como sus informes de labores trimestrales o anuales correspondientes a 2019 y 2020. La solicitud de transparencia se centró en los funcionarios de los 15 estados en los que se renovará el cargo de gobernador el próximo año; siete de ellos renunciaron recientemente para contender por una candidatura de su partido, Morena.
Mientras que la Coordinación de Programas que dirige Gabriel García se deslindó de responder, con el argumento de que no es un asunto de su competencia, la Secretaría de Bienestar refirió que los delegados no tienen agenda pública ni entregan informes, pero aseguró que se conducen con apego a la ley.
Debido a la pandemia, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) no ha podido supervisar este año el desempeño de los programas sociales que coordinan los superdelegados.
El único documento oficial que esboza la tarea de dichos funcionarios son los informes trimestrales que elabora Bienestar sobre los programas del Ramo 20 (que no son todos los que tienen a su cargo los superdelegados).
En entrevista con este medio, un delegado del sureste del país, que accedió a hablar a condición de anonimato, refirió que ni Bienestar ni la Coordinación de Programas les requiere entregar informes de desempeño; no obstante, declaró, su trabajo está todos los días bajo supervisión.
“No están obligados a informar”
El próximo año habrá elecciones para renovar la gubernatura de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
Los superdelegados de siete de esas entidades se separaron del cargo y se registraron como aspirantes de Morena a la candidatura de su estado: Víctor Castro, de Baja California Sur; Juan Carlos Loera, de Chihuahua; Índira Vizcaíno, de Colima; Pablo Amílcar Sandoval, de Guerrero -quien es hermano de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval-; Gilberto Herrera, de Querétaro; Manuel Peraza, de Nayarit, y Lorena Cuéllar, de Tlaxcala.
Animal Político reveló que tres de dichos aspirantes -el chihuahuense Loera, el guerrerense Sandoval y la colimense Vizcaíno- son investigados por la SFP por presuntos actos de nepotismo y por promoción indebida de su imagen con cargo a los recursos públicos.
En atención a la solicitud de información, la Secretaría de Bienestar contactó a cada una de las Delegaciones de programas sociales en los estados, pero solo para recabar la misma respuesta en todos los casos: “No existe agenda pública de actividades de los titulares de las Delegaciones, ni tampoco informes de labores, toda vez que, en términos de la ley, no hay tales obligaciones a cargo de los titulares de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo”, indicó la dependencia.
A su vez, las Delegaciones declararon que sus titulares no elaboran informes por escrito debido a que no se los ha requerido ni la Secretaría de Bienestar ni la Coordinación de Programas.
No obstante, los superdelegados sí han incumplido la ley, pues los Lineamientos que regulan las funciones de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, publicados en el Diario Oficial de la Federación en julio de 2019, establecen que tales funcionarios están obligados a rendir cuentas de su trabajo y la implementación de los programas sociales.
“Los Delegados deberán mantener informadas a la Secretaría (de Bienestar) y a la Coordinación General, a través de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Secretaría, sobre las acciones respecto al ejercicio de sus funciones y la implementación de los Programas para el Desarrollo, de acuerdo a los plazos y formato que le sean requeridos”, indica el acuerdo sexto.
“Nos evalúan todos los días”
Los superdelegados tienen a su cargo alrededor de 25 programas sociales considerados prioritarios por el gobierno de López Obrador y que dependen de Secretarías como la Bienestar, Educación, Trabajo, Economía y Agricultura.
De acuerdo con funcionarios entrevistados, los delegados no tienen acceso a la administración directa de los recursos de los programas.
“Nunca, ni un peso, ni siquiera yo he firmado un cheque ni para pagar la luz de mis oficinas. No manejamos ni un peso”, aseguró un delegado que solicitó hablar de manera anónima.
El funcionario detalló que su trabajo consiste en dar trámite a las solicitudes de ciudadanos que quieren ser considerados beneficiarios de programas, y vincular a estos con las Secretarías correspondientes.
Los delegados despachan en las oficinas estatales de Bienestar y se sirven de los recursos humanos de dicha institución para desempeñar sus labores; sin embargo, su jefe de facto es Gabriel García.
“Quien nos encarga trabajo y nos coordina es la unidad de Gabriel García”, precisó el delegado consultado.
El funcionario indicó que, si bien no debe entregar informes de desempeño de manera periódica, el cumplimiento de las tareas que se les encomienda es monitoreado diariamente desde la Ciudad de México.
“A nivel central nos van monitoreando, conforme vamos subiendo los reportes, ahí se nos presenta una tabla, tenemos videoconferencias, hasta hace poco las teníamos tres veces por semana en las noches, más aparte las de seguridad en las mañanas. Hay un arqueo constante, están viendo si vamos rezagados, a ver qué pasa. Hay una constante evaluación del avance de las tareas; hay un sistema donde se cargan los reportes”, comentó.
“Yo tengo mis números, por decirte, cuántos beneficiarios tenemos atendidos, a cuánto equivale el monto de inversión que ha habido en el estado, cuántos Centros Integradores están abiertos, cuántos bancos del Bienestar (sucursales) se han construido y cuántos están en construcción; toda esta información la tiene integrada la oficina central de la CDMX, nosotros lo que hacemos es pasar los datos e ir vigilando aquí el desarrollo”.
Los principales programas que coordinan los superdelegados son el de pensión para adultos mayores y personas con discapacidad, Seguro para Jefas de Familia, apoyo a madres trabajadoras (estancias infantiles), Sembrando Vida, becas para estudiantes de los tres niveles educativos, Crédito Ganadero a la Palabra, la Escuela es Nuestra, Jóvenes Construyendo el Futuro, Tandas para el Bienestar y, recientemente, Créditos a la Palabra (el apoyo de 25 mil pesos entregado a pequeñas empresas en el marco de la pandemia).
Otro superdelegado de un estado del norte del país describió que una de sus metas es ampliar los padrones de beneficiarios hasta alcanzar el 100%.
“En el caso del programa de adultos mayores, se maneja la información del Inegi, cuántos adultos mayores existen en el estado, y esa es la meta, alcanzar esa meta, y hay evaluaciones diarias con los coordinadores de los programas a nivel nacional y se va reportando diariamente en el sistema que nosotros tenemos, todos los días”, expuso.
Se van sin rendir cuentas
La pandemia de COVID ha retrasado la ejecución del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020, mediante el cual el Coneval monitorea los programas presupuestarios y políticas públicas financiados con cargo a los recursos fiscales.
Este año, el Consejo pretendía evaluar los programas de nueva creación y los que sufrieron cambios sustanciales respecto de 2019, por ejemplo, el plan de apoyo a personas con discapacidad o a madres trabajadoras (antes programa de estancias infantiles).
En medio de la pandemia, el Coneval solo ha podido realizar este año evaluaciones de diseño de 17 programas prioritarios, un tipo de estudio que tiene la finalidad de analizar los retos prácticos a los que se enfrentaron tanto funcionarios públicos como operadores con el objeto de proponer mejoras de ejecución.
En cambio, las evaluaciones incluidas en el PAE son realizadas por instituciones académicas o expertos a fin de medir la consistencia, resultados e impacto de los programas.
En el PAE, el Coneval incluyó la posibilidad de que la evaluación se pospusiera este año debido a eventualidades relacionadas con la epidemia de COVID, como recortes presupuestarios a las dependencias.
La pandemia también impidió la observación ciudadana de los programas a través de Comités de Contraloría Social, cuya finalidad es la vigilancia para que se cumplan las Reglas de Operación y la correcta aplicación de los recursos públicos.
Sin evaluación independiente a su trabajo, siete superdelegados han renunciado a su cargo y se disponen a buscar el voto popular en sus estados.
De manera general, la Secretaría de Bienestar elabora informes trimestrales para la Cámara de Diputados relativos a programas del Ramo 20, entre los que cuentan el de pensión para adultos mayores y personas con discapacidad, Sembrando Vida, apoyos para madres trabajadoras, Seguro de Vida para Jefas de Familia y refugios para mujeres víctimas de violencia.
Estos informes, por lo tanto, dejan fuera otros programas prioritarios como los de becas de la SEP, los de apoyos para el campo y pequeños productores, los de reconstrucción de infraestructura o el de Jóvenes Construyendo el Futuro, entre decenas de otros planes de apoyo.
Respecto del programa de pensión para adultos mayores, en el Tercer Informe Trimestral 2020 se expone que, a nivel nacional, existe una población objetivo de 8 millones 533 mil 061 personas; al término de septiembre, indica, se había atendido a 8 millones 088 mil personas, que representan el 94.7% del total.
El presupuesto calendarizado al tercer trimestre ascendió a 126 mil 795 millones de pesos, de los cuales fueron ejercidos 106 mil 318 millones, es decir, el 84%.
En el caso del programa Sembrando Vida, la Secretaría de Bienestar identificó a una población objetivo de 430 mil personas, de las que, a septiembre, fueron atendidas 421 mil 728 (98%).
El programa ejerció 31 mil 968 millones 688 mil pesos de los 32 mil 561 millones 793 pesos calendarizados al tercer trimestre (98.1%).
El programa de pensión para personas con discapacidad es uno de los más rezagados. Bienestar identificó a una población objetivo de 2 millones 236 mil 429 personas, de las que fueron atendidas 805 mil 623 (36 % del total).
El presupuesto calendarizado al tercer trimestre de este programa asciende a 11 mil 531 millones de pesos, de los cuales fueron ejercidos 9 mil 482 millones, es decir, el 82%.
De manera parecida, el programa de apoyos para hijos de madres trabajadoras (antes estancias infantiles) identificó a una población objetivo de 921 mil 209 beneficiarios, de los que han sido atendidos 231 mil 756 (25%).
Se ha ejercido un presupuesto de 1 mil 338 millones 355 mil pesos de los 1 mil 696 millones 079 mil pesos calendarizados al tercer trimestre, esto es, un 78.9%.
FUENTE. ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ZEDRYK RAZIEL.
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