De acuerdo con autoridades de la FGR, los cargos que se presentarán ante jueces federales del Reclusorio Norte para vincular a proceso a los implicados son operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, delitos que alcanzan penas máximas de 10 a 15 años de prisión.
Según la carpeta de investigación número FGR/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, de la que emanarán las distintas imputaciones, los implicados se pusieron de acuerdo para manejar recursos de origen ilícito, y con ellos conseguir distintos objetivos entre ellos la aprobación de reformas estructurales.
El primero en ser acusado será el exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, quien ha sido citado a comparecer a una audiencia inicial el próximo 26 de enero en el Reclusorio Norte. Posteriormente se procederá contra otros exlegisladores. El orden en que serán acusados los implicados se mantendrá en sigilo hasta que el juez los vaya citando.
Los ilícitos que se imputarán a Lavalle y al resto no ameritan prisión preventiva automática por lo que, de ser procesados, los imputados podrían enfrentar un eventual juicio en libertad. No obstante, si la FGR considera que hay riesgo de fuga de alguno de ellos o peligro de destrucción de evidencia, podría solicitar a un juez su encarcelamiento justificado.
Las autoridades consultadas indicaron estrategia de la Fiscalía es iniciar la judicialización en contra de los exlegisladores implicados, ya que además de la denuncia del exdirector de Pemex se ha logrado reunir declaraciones de testigos colaboradores que participaron en el proceso de recepción de los presuntos sobornos.
Respecto a Emilio Lozoya, los fiscales indicaron que se tiene previsto plantear antes del 7 de marzo la suspensión de los dos procesos penales abiertos en su contra desde julio de 2020. Se trata de un beneficio temporal, a la espera de que la colaboración que ha rendido bajo la figura de criterio de oportunidad rinda resultados con procesos penales en firme en contra de los que ha denunciado.
Si dicha colaboración no fructifica, la FGR podría retomar las acciones legales en su contra sin perder las vinculaciones que ya consiguió por los casos Odebrecht y Agronitrogenados. Mientras eso se define el exdirector de Pemex continuará en libertad.
Los implicados
En la denuncia ministerial que dio pie a la apertura de la referida carpeta de investigación ante la Subprocuraduría Especializada en investigación de Delitos Federales (SEIDF), Lozoya Austin acusó directamente a seis exsenadores del PAN y del PRI de haber participado en el pago y recepción de sobornos provenientes de Odebrecht.
Dichos sobornos que ascenderían a más de 58 millones de pesos se habrían distribuido en diversos pagos realizados entre diciembre de 2013 y abril de 2014. El supuesto objetivo era que dichos legisladores operaran para facilitar la aprobación de la reforma energética, entre otras cosas, beneficiaria a trasnacionales como Odebrecht.
Según Lozoya, los implicados son el entonces senador del PRI David Penchyna quien, por presuntas órdenes del presidente enrique peña Nieto y el secretario de Hacienda Luis Videgaray, habría coordinado el contacto u los pagos con los otros cinco senadores, estos del PAN.
Los legisladores panistas denunciados son el ya referido Lavalle Maury, así como Ernesto Cordero, Francisco Javier Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas.
En la FGR indicaron que las entregas de este dinero han sido corroboradas con pruebas que aportó el propio Lozoya, pero también con las declaraciones ministeriales de exasesores de los legisladores quienes han declarado en calidad de testigos colaboradores. Por ese motivo se preparan las acusaciones.
En el caso específico de Cabeza de Vaca y Servién, que actualmente fungen como gobernadores en activo de Tamaulipas y Querétaro, la FGR no puede proceder directamente ante un juez debido al fuero con el que los mandatarios cuentan. Una vez que estén listos los expedientes, deberá solicitar primero un juicio de procedencia ante los congresos locales y solo si estos lo aprueban podrían presentarse cargos penales.
En su denuncia, Lozoya también acusó al exdiputado federal y excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien también está bajo investigación de los fiscales de la SEIDF.
En el caso de los exfuncionarios federales señalados por el exdirector de Pemex, destaca la figura del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray quien según Lozoya habría sido el principal operador de la obtención y distribución de los sobornos de Odebrecht, ello bajo las direcciones de Peña Nieto.
En octubre pasado la FGR hizo un primer intento de judicializar las acusaciones en su contra y obtener una orden de aprehensión por cargos de corrupción, pero también por el delito de traición a la patria. Pero el juez que revisó la solicitud la regresó debido a que consideraba que hacia falta información para sustentar los cargos, lo que llevó a los fiscales a retirar la petición para hacer ajustes.
En la lista de personas denunciados por Lozoya también figuran el propio expresidente Peña Nieto, así como los exmandatarios Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari. También denunció al exsecretario de Relaciones y excandidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña.
Lozoya seguirá libre
La FGR no llevará a ajuicio a Emilio Lozoya por su responsabilidad en los casos Odebrecht y Agronitrogenados, al menos por ahora. En su lugar solicitará a un juez la suspensión de la acción penal iniciada en su contra como resultado de la colaboración que ha brindado al Ministerio Público en el caso Odebrecht, lo que a su vez le permitirá continuar en libertad.
De acuerdo con los fiscales consultados, este beneficio se encuentra contemplado en los artículos 256 y 257 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una modalidad del criterio de oportunidad que procede para aquellos que porten información “eficaz y esencial” que ayude a iniciar procesos en contra de otros por delitos de mayor gravedad,
Sin embargo, dicha suspensión es temporal y estará condicionada a que los procesos penales iniciados a partir de la denuncia de Lozoya fructifiquen y que este a su vez comparezca en juicio como testigo de la fiscalía. Ello sumado a que se acuerde una reparación del daño causado.
En caso de que dicha cooperación resulte infructuosa o que no se logren probar lo delitos en contra de otros implicados, la FGR cuenta con la posibilidad de reactivar la acción penal en contra de Lozoya, es decir de que se reanuden los procesos en su contra en el punto en el cual se suspendieron, y sin volver a realizar la imputación inicial.
Hasta ahora, y pese a haber sido procesado por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, el exdirector de Pemex ha conseguido evitar la cárcel. Sobre él solo pesa la restricción de no salir del país.
Existen otras investigaciones en curso en contar del exdirector de Pemex, entre ella una a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda relacionada con la operación de una amplia red de empresas fantasma, sin embargo, hasta ahora dicha denuncia no se ha presentado.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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