Segalmex inició sus operaciones con más de 3 mil millones de pesos sin comprobar. La Auditoría Superior también documentó duplicidad de padrones, deficiencia operativa, ausencia de plan de negocios y falta de mecanismos anticorrupción en el organismo encargado de impulsar la autosuficiencia alimentaria en México.
El organismo fue creado para “romper el círculo vicioso entre la postración del campo y la dependencia alimentaria”, indica el Segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ello coordina los programas de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, de Abasto Rural y Abasto Social de Leche, a través de las empresas Diconsa y Liconsa.
En su primer año de operación, sin embargo, de los 8 mil 100 millones de pesos que ejerció en el Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, no pudo acreditar el destino de 3 mil 27 millones 553 mil 600 pesos, señala el Informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019.
Y es que –con sus bases de datos– sólo acreditó la entrega de 3 mil 923 millones 519 mil 300 de pesos en subsidios para la compra de maíz, frijol, arroz y trigo panificable; así como otros 1 mil 148 millones 927 mil 100 pesos en gastos de operación.
Parte de los recursos que no comprobó podrían ser parte de un sobreejercicio. Ello, porque la ASF indica que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se le aprobaron 6 mil millones de pesos para el Programa, pero ejerció 2 mil 100 millones más.
Además de no acreditar el destino de 3 mil 27 millones 553.6 mil pesos, la dependencia no generó información confiable que permitiera evidenciar los recursos que se ejercieron para los subsidios, gastos de operación y para la adquisición del maíz, frijol y leche, y el pago de diferencial del precio de garantía del arroz y trigo panificable del Programa.
Desconfianza e incertidumbre
Organizaciones del sector afirman que Segalmex, encabezada por el salinista Ignacio Ovalle Fernández, carece de estructura y bodegas; e incluso la señalan de incurrir en acuerdos fuera de la ley entre funcionarios y acaparadores de los productos y de la tierra.
Al revisar los centros de acopio y almacenamiento, la ASF encontró que Segalmex “no acreditó contar con un padrón georreferenciado de los centros receptores y concentradores de maíz y frijol ni de sus beneficiarios, ni dispuso, en todos los casos, de información sobre el alimento básico que cada centro concentró, por lo que no contó con información geográfica clara y de calidad para conocer su ubicación espacial, tomar decisiones para la operación del programa y ubicar los centros de manera estratégica”.
En su conferencia de prensa matutina del 30 de septiembre de 2019, el primer mandatario anunció que el gobierno federal proporcionaría precios de garantía a los productores con el fin de lograr la autosuficiencia alimentaria. En ese mismo acto, Ovalle Fernández expuso que la compra sería: maíz, 5 mil 610 pesos por tonelada; frijol, 14 mil 500 pesos por tonelada; trigo panificable, 5 mil 790 pesos por tonelada; arroz , 6 mil 120 pesos por tonelada y el litro de leche será adquirido en 8.20 pesos por litro.
Al revisar el primer año de ejercicio, la auditoría al Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos señala que se detectó que “no se generó información confiable que permitiera evidenciar los recursos que se ejercieron para los subsidios, gastos de operación y para la adquisición del maíz, frijol y leche, y el pago de diferencial del precio de garantía del arroz y trigo panificable del programa, debido a que se reportaron cifras diferentes en los registros internos de Segalmex y en los estados financieros e informe del auditor independiente; y no se garantizó que la información presupuestaria y programática fuera pública, completa, oportuna y accesible, ya que no se reportó en la Cuenta Pública 2019 el Estado Analítico de Ingresos; el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en ninguna de sus clasificaciones, ni el Gasto por Categoría Programática”.
Francisco Chew Plascencia, líder del Movimiento Social por la Tierra (MST), comenta que la Auditoría encontró “la triste realidad” de ese y otros programas vigentes. El organismo, expone, tiene dos objetivos principales: servir de principal instrumento regulador del mercado en favor de los productores, para que a través del precio generar ordenamiento en favor de un comercio más justo. Por otro lado, ser el principal canal de abasto popular que, anteriormente, cumpliría Diconsa. “El mismo modelo que se tuvo con la famosa Conasupo”, dice.
Sin embargo, con el precio de garantía, añade, “ha quedado muy claro que los pequeños productores no tienen acceso porque no les están comprando realmente. En general, hay una compra como en el pasado, a las empresas intermediarias que siempre han monopolizado la comercialización de los básicos y, obviamente, esto desvirtúa el objetivo y la declaración”.
En el tema de abasto, acusa el líder del MTS, no se ve que haya una disponibilidad real incidiendo en los precios de productos básicos. “Al final del día, en medio de la pandemia, tenemos alzas muy importantes en los precios de la canasta básica y el organismo no está incidiendo. Es momento de que se revise su funcionamiento y, en general, la política que va orientada al campo. El sector está a la deriva”.
Leticia López Zepeda, directora ejecutiva de Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), recapitula que con el neoliberalismo y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se liberaron los precios de los granos y México entró al circuito de la comercialización de manera “indiscriminada y fuertísima”.
“Los productores dependían de a cómo venía el precio de la producción internacional, la especulación en bolsa y era un escenario muy incierto. Había un mercado altamente monopolizado por la industria. Los precios iban a tender a beneficiar a los consumidores y si el precio nacional no les convenía, importaban. Ese es el principio del libre mercado”, expone.
Entonces, dice López Zepeda, “generaba que las administraciones anteriores beneficiaran a la industria. Estaban muy enfocadas a que se consolidaran; de ahí que Maseca y otras hayan tenido un crecimiento exponencial. Era un mercado totalmente especulativo”.
Con Segalmex, agrega, “sí significa un cambio radical en las políticas agrícolas, pues regresa el Estado a proteger. Sin embargo, como es el Estado el que compra las cosechas, se requiere toda una infraestructura con la que no cuenta”.
En una carta dirigida al titular del Ejecutivo, a Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y a Ovalle Fernández, el Movimiento Campesino, Indígena, Afromexicano “Plan de Ayala Siglo XXI” reconoce que Precios de Garantía “es uno de los programas prioritarios y emblemáticos de este gobierno”.
Sin embargo, solicita la intervención “urgente” del mandatario para la revisión del programa: objetivos, metas, avances y “malas decisiones que se han tomado en Segalmex, que se reflejan en la deficiente operación del mismo”.
La misiva denuncia que “ya con las cosechas encima y bajo el argumento de que no hay presupuesto, Segalmex informa en fecha reciente que de las 800 bodegas comprometidas a nivel nacional sólo abrirán 500 en todo el país, y de ellas sólo 100 en el mes de diciembre. Esto no puede ser porque las cosechas de los pequeños productores del ciclo Primavera-Verano 20/20 han iniciado desde octubre y su mayor volumen y avance es durante diciembre.
“Adicionalmente, en las pocas bodegas aperturadas, el pago por la adquisición del grano resulta muy lento, cuando los productores lo necesitan urgentemente para cubrir créditos y garantizar su propia alimentación. Es evidente que Segalmex no está actuando de acuerdo a las necesidades que el país requiere”, señala el movimiento que aglutina a diversas organizaciones campesinas de todo México.
Deficiencias operativas
Federico Ovalle Vaquera líder de la Central Independiente Obrera Agrícola Campesina (CIOAC), comenta que Segalmex no está operando debidamente. Desde el diseño “está mal hecho”. Además, de que la ASF encontró que le faltan por comprobar 3 mil millones de pesos de 2019, como otros programas, “opera con muchas deficiencias y con mucha corrupción”, indica.
“Me parece un programa noble. Desde que fue anunciado muchos pensaban que iba a ser la solución para los pequeños y medianos productores. Sin embargo, no abarca al universo de productores. Se opera con una multitud de deficiencias, errores y hasta actos de corrupción. Normalmente, de este, se están beneficiando los acaparadores de tierra, los coyotes o acopiadores”, comenta Ovalle Vaquera.
Para entregar la producción, explica, hay que hacer filas en Segalmex y en esos momentos se presta para que les pidan una “mochada” a quien va a vender, bajo el pretexto de que no les pueden recibir el total que llevan, sino menos. A menos, dice, que “se pongan con una cantidad. A ello se agrega que el pago no es inmediato y les hacen descuentos por impurezas en el producto o humedad”.
El dictamen de la ASF especifica que Segalmex “no acreditó la elaboración de un plan de negocios; no diseñó la integración de una área responsable facultada para sancionar las conductas e imponer medidas disciplinarias a los servidores públicos que incurrieran en faltas; careció de mecanismos para garantizar que los integrantes del Consejo de Administración no presentaran conflicto de interés en el desempeño de sus funciones; no estableció la creación de comités especializados en materia de remuneraciones, de estrategia, de prácticas societarias, de ética y de riesgo, adquisiciones e inversión, que apoyaran la gestión del Consejo de Administración, y careció de reglas de operación que establecieran con claridad las distintas funciones y responsabilidades de los consejeros”.
Aunado a ello, expone “no se acreditó la implementación inicial de su control interno, lo que repercutió en las deficiencias operativas que afectaron el desempeño de la empresa en 2019. Asimismo, no se diseñó un sistema de gestión de riesgos, que le permitiera identificar, evaluar, analizar, vigilar y gestionar los eventos que pudieran provocar cambios en su estrategia; ni se contó con mecanismos para evitar actos de corrupción, ni procedimientos de sanción para los funcionarios públicos que incurrieran en dichos actos”.
Segalmex debe corregir las deficiencias identificadas en el diseño e instrumentación del programa, que “limitaron garantizar que los subsidios se otorgaron a los pequeños y medianos productores que lo requerían, principalmente porque se careció de un padrón estructurado y sistematizado de beneficiarios”. Además, “los indicadores para evaluar el cumplimiento del objetivo del programa no fueron útiles para medir el incremento del ingreso de los pequeños productores agropecuarios; no se dispuso de una metodología para determinar los precios de garantía de los productos alimentarios básicos, ni de políticas y procedimientos para regular los principales procesos de Segalmex en la operación del programa”.
La gobernanza fue “deficiente”, pues no se estableció un sistema de control interno que garantizara una seguridad razonable para el cumplimiento de las funciones de las distintas áreas, y “presentó deficiencias en la integración y registro de información contable y financiera en sus Estados Financieros”. Estas deficiencias, “representaron riesgos para que no se alcance el objetivo de incrementar el ingreso de los pequeños productores agropecuarios y contribuir a mejorar su nivel de vida, y para la administración de los recursos asignados al programa, en su primer año de operación, con base en los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, honradez, austeridad y rendición de cuentas”.
Chew Plascencia acusa que se han conformado “auténticos circuitos de corrupción entre los funcionarios de Segalmex y los administradores de bodegas donde, sistemáticamente, rechazan a los productores que en lo individual acuden y ellos mismos los mandan con las intermediarias, a las que sí les compran y sí las reciben.
“Si no se orienta y se hace una cirugía mayor, el programa seguirá arrojando los mismos resultados. Hay una buena intención en Segalmex, pero está mal diseñado. No aterriza y, todo lo contrario, lo que no funciona se vuelve un foco de corrupción”, puntualiza el líder campesino.
La miseria en el campo
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) registra que en el país existen 52.4 millones de personas en situación de pobreza, equivalente al 41.9 por ciento de la población que registraban más de dos carencias sociales. “En lo que respecta a la carencia alimentaria en México se registran 25.5 millones de mexicanos, equivalente al 20.4 por ciento de la población en México”.
El Coneval también indica que 21 millones de mexicanos están por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos; es decir, el 16.8 por ciento de la población no puede acceder a una canasta alimentaria.
Estas cifras de pobreza a nivel nacional, “matizan los alarmantes índices a nivel municipal, por ejemplo, en Municipios de Zonas de Atención Prioritaria de Chiapas, Oaxaca y Puebla, los índices son superiores al 83 por ciento de pobreza”, indica el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria en su análisis Segalmex y sus efectos en la estrategia de distribución de productos básicos en el sector rural.
En tanto, el Acuerdo por el que se dan a conocer los programas institucionales 2020-2024 de las entidades de la Administración Pública Paraestatal sectorizadas a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, indica que a pesar de los avances socioeconómicos alcanzados en América Latina durante el último decenio, “la región continúa siendo una de las más desiguales del mundo, donde México no es la excepción. Las dimensiones de esta desigualdad la constituyen las brechas de desarrollo entre las áreas urbanas y rurales. Los rezagos de los mercados laborales rurales con respecto a los urbanos tienen como consecuencia un nivel de pobreza rural mucho más elevado”.
El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre pasado, reconoce que la incidencia de la pobreza es mayor entre las personas que viven en áreas rurales de todas las edades: “indígenas, mujeres en edad de trabajar, personas con niveles educacionales más bajos y aquellas cuyas necesidades básicas no se cumplen. Si bien algunas de estas brechas se han reducido desde 2012, otras se han ampliado”.
FUENTE: CONTRALÍNEA.
AUTOR: ÉRIKA RAMÍREZ.
No hay comentarios:
Publicar un comentario