Al igual que en el tema migratorio, el presidente López Obrador creó por acuerdo la nueva estructura administrativa que estará presidida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y estará integrada por representantes de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de la Marina (Semar), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el otrora Centro Nacional de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen).
A la par, entregó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la presidencia del Grupo de Coordinación Operativa, que también tendrá bajo sus órdenes a la Sedena, la Semar, la Guardia Nacional, la SRE y el CNI, así como la Administración General de Aduanas y el Instituto Nacional de Migración (INM).
Este miércoles, López Obrador emitió dos acuerdos en el Diario Oficial de la Federación (DOF): el primero plantea los “lineamientos que regulan la relación de servidores públicos con agentes extranjeros”, y el segundo crea y define las tareas del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y el Grupo de Coordinación Operativa, ambos vinculados con el Consejo Nacional de Seguridad (CNS).
Estos acuerdos fueron producto de la reacción del gobierno mexicano ante la detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos Zepeda, otrora titular de la Sedena, por cargos de narcotráfico y lavado de dinero: el gobierno mexicano desplegó esfuerzos diplomáticos inéditos para sustraer Cienfuegos a la justicia estadunidense y, bajo la presión de la cúpula militar, anunció que limitaría y controlaría las acciones de los funcionarios de diversas agencias de Estados Unidos en México, principalmente la Agencia Antidrogas (DEA).
Bajo las nuevas reglas emitidas hoy, la Cancillería acreditará a los agentes extranjeros como “funcionarios consulares” –previa consulta a la SSPC, la Sedena y la Semar-- y cualquier servidor público mexicano tendrá que informar a estas dependencias, en un plazo de tres días, sobre cualquier “reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones” con agentes extranjeros.
La SRE y la SSPC también recibirán informes mensuales de todas las embajadas acreditadas en México sobre encuentros, reuniones y “actividades contenidas en acuerdos de colaboración en materia de seguridad” sostenidas con funcionarios mexicanos.
El Grupo de Alto Nivel de Seguridad, por su parte, recabará toda la información sobre las acciones de los agentes extranjeros en México y autorizará –o no-- la celebración de reuniones entre funcionarios mexicanos y agentes de otros países; en ese marco, la Cancillería podrá decidir si envía un representante a la reunión, y el Grupo llevará un “registro” de dichos encuentros.
El aparato burocrático –que se reunirá cuando lo convoque la SRE-- también tendrá la atribución de “gestionar los programas y temas estratégicos de cooperación que se deriven de los convenios internacionales” en materia de seguridad nacional.
El Grupo de Coordinación Operativa, por su parte, estará presidido por un representante de la SSPC –ahora a cargo de Rosa Icela Rodríguez Velázquez--, y tendrá la misión de “coordinar y supervisar la ejecución” de los convenios internacionales en materia de seguridad nacional, pero también de “coadyuvar” y prestar “auxilio logístico” en las reuniones, así como de “dar seguimiento y llevar un registro de las acciones que realizan las autoridades y servidores públicos mexicanos con las misiones, dependencias y agentes extranjeros”.
Los acuerdos publicados hoy fueron ratificados por López Obrador y su plana mayor del Consejo de Seguridad Nacional, formado por ocho secretarios de Estado --Olga Sánchez Cordero, Luis Crescencio Sandoval González, José Rafael Ojeda Durán, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Arturo Herrera Gutiérrez, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Marcelo Ebrard Casaubón, Jorge Arganis Díaz Leal-- así como el fiscal Alejandro Gertz Manero y Audomaro Martínez Zapata, el general a cargo del CNI.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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