Este encuentro virtual de carácter privado con el cuerpo diplomático se dio debido a que una visita al estado de Guerrero, planeada a inicios del año 2020, se tuvo que suspender de manera indefinida ante la pandemia de Covid-19. Contó con una nutrida participación del cuerpo diplomático, con la presencia de representantes de las embajadas de los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Irlanda, Austria, así como de la Delegación de la Unión Europea en México.
En la primera parte de la reunión, se dio a conocer a las embajadas la grave situación en la que se encuentran las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, frente al contexto de macro-criminalidad que impera en el estado de Guerrero. Juan Sánchez Gaspar, a nombre del Frente Popular de la Montaña, exigió justicia por la desaparición y asesinato de Arnulfo Cerón Soriano; Sergio Ocampo, corresponsal de la Jornada en Guerrero, explicó cómo el ejercicio del periodismo en la entidad se ha vuelto en muchas partes imposible ante la colusión entre crimen organizado y autoridades de los diferentes niveles; Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro de Derechos Humanos “José Morelos y Pavón”, detalló cómo el acompañamiento de su organización a las víctimas de desplazamiento forzado en la región de Chilapa de Álvarez le llevó a recibir amenazas por parte de diferentes actores, obligando a varios integrantes de la misma a salir de la entidad.
En un segundo momento, se dieron a conocer las experiencias de los familiares de víctimas de desaparición que han formado colectivos para buscar juntos a sus seres queridos. Gema Antúnez Flores, del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, de Chilpancingo, contó al cuerpo diplomático la situación de abandono en la que se encuentran los colectivos de familiares de personas desaparecidas en el estado de Guerrero, tanto en el nulo acceso a la verdad y a la justicia, como para sobrevivir en el día a día en medio de la pandemia. Integrantes del Colectivo Luciérnaga, una luz en la Oscuridad, de Tlapa, narraron cómo han aprendido de manera colectiva a armarse de valor para emprender la búsqueda de sus familiares, en una región cada vez más controlada por el crimen organizado.
Finalmente, familiares de casos emblemáticos de desaparición forzada tomaron la palabra, para relatar su exigencia de justicia a nivel internacional frente la impunidad en los crímenes cometidos por actores estatales. Tita Radilla, hija del defensor Rosendo Radilla Pacheco desaparecido por el Ejército en medio de la mal llamada “Guerra Sucia” en 1974, expresó su indignación frente a la falta de cumplimiento del Estado mexicano, a 12 años de emitida la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Norma González, esposa del maestro indígena Gregorio López Alvarado desaparecido en el año 1996, exigió que las autoridades mexicanas investiguen los agentes del CISEN que lo desaparecieron. Doña Cristina, madre de uno de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, relató los 6 años de caminar de los padres y madres de los estudiantes en búsqueda de sus hijos y exigió la investigación de todos los miembros del ejército involucrados en su desaparición.
Al finalizar el encuentro, las y los representantes de las embajadas agradecieron a las víctimas por sus fuertes testimonios que les permitieron entender la realidad que se vive en México fuera de la Ciudad de México, y mostraron su preocupación por la difícil situación de las víctimas. Desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y las Brigadas Internacionales de Paz-México, expresamos nuestro agradecimiento a todas las personas que participaron en este encuentro y continuaremos informando a diversos actores internacionales sobre la crisis de desaparición de personas que atraviesa Guerrero.
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