Vicente Fox toleró que su esposa, Marta Sahagún, y sus hijastros –los hermanos Bribiesca– abiertamente traficaran influencias durante su sexenio. También consintió las corrupciones de funcionarios y es responsable por ello, señala el doctor Jaime Cárdenas. En el contexto de la próxima consulta ciudadana para juzgar a los expresidentes de México, el investigador señala que las comisiones de la verdad habrían sido más eficaces para sancionar los abusos del pasado.
En entrevista con Contralínea, el investigador titular C del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México asegura que “Marta Sahagún era conocida como quien realizaba abiertos tráficos de influencia para favorecer a empresarios: los conocidos que solicitaban favores, y por ese tráfico de influencias cobraba en efectivo o en especie; así como el asunto de los hijos de Marta Sahagún, los hermanos Bribiesca, con escándalos como el de Oceanografía y otros que se suscitaron en el gobierno de Vicente Fox”.
En el contexto de la próxima consulta para juzgar a los expresidentes de México, el exconsejero electoral considera que los mandatarios sí cuentan con información respecto de actos de corrupción y, en consecuencia, también responsabilidades: su obligación es que esos hechos se investiguen y que los culpables sean castigados.
El académico observa que a pesar de la alternancia, la corrupción no fue erradicada. “Ahí me tocó vivir de manera muy intensa algunos casos de la corrupción de ese sexenio, empezando por la manera en que Vicente Fox llega a la Presidencia de la República. Él llega con el voto de millones de ciudadanos, pero empleando un mecanismo de financiamiento electoral no legal, lo que llamamos en el caso Amigos de Fox un financiamiento paralelo”.
Al respecto, abunda que los recursos que lo llevaron a la Presidencia no eran de los partidos de la Alianza de Fox (Acción Nacional y Verde Ecologista de México), sino los que el expresidente obtuvo mediante la asociación civil conocida como Amigos de Fox. Recursos principalmente provenientes de empresarios que no fueron reportados ante la autoridad electoral y que empañaron ese triunfo electoral, advierte quien en esa época formaba parte del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral.
Agrega que por los hechos vinculados a Amigos de Fox, el PAN y el Verde fueron sancionados con más de 500 millones de pesos. “Entonces ese acto inicial del gobierno de Fox ilustra un problema de corrupción política. Más tarde hubo, durante ese gobierno, un papel inusitado por parte de la que sería la primera dama, Marta Sahagún”.
Fox, el presidente de los excesos
El doctor Jaime Cárdenas califica a Fox como un presidente con muchos excesos, y para ilustrar, pone como ejemplo otros casos de corrupción, “no menos graves”, como el Toallagate o el empleo de fideicomisos.
Por ello, explica que el tema de fondo es que “la corrupción está vinculada al poder y donde hay poder político y éste se ejerce con discrecionalidad y sin existir los controles institucionales y sociales adecuados, es obvio que esta corrupción florece. Principalmente el sujeto de la corrupción durante el sexenio de Vicente Fox fue Marta Sahagún: fue el símbolo de la corrupción, al igual que sus hijos”.
No obstante todas las evidencias que existen en contra de Fox, el doctor en derecho indica que será muy difícil que esas corruptelas se judicialicen, porque se trata de hechos ocurridos hace muchos años. Respecto de las pruebas, advierte que aún deben conservarse muchos archivos institucionales que pueden emplearse para sostener señalamientos de denuncia que permitan las investigaciones respecto al expresidente Fox y a su entorno inmediato.
“No será tan fácil armar toda esa información y presentarla jurídicamente ante los tribunales. Y aunque se reuniera toda la información, los delitos vinculados con la corrupción prescriben. Seguramente la defensa de expresidentes como Fox o [Carlos] Salinas va a decir que, suponiendo que esos hechos fueran ciertos y estuvieron probados, son hechos que por el transcurso del tiempo han prescrito y por lo tanto no hay responsabilidad alguna”.
Consulta frente a comisión de la verdad
El doctor Jaime Cárdenas expone que a pesar de la prescripción de los delitos las naciones sí tienen posibilidades de impartir justicia y evitar la impunidad, como es el caso de las comisiones de la verdad.
“En lugar de la consulta sobre el juicio a los expresidentes, yo era más partidario de la idea de comisiones de la verdad. Creo que debieron crearse comisiones de la verdad en relación con los actos de corrupción de los expresidentes, con las reformas estructurales neoliberales, con las violaciones graves a derechos humanos durante esos gobiernos. Era importante crear condiciones de la verdad para documentar todos esos hechos y así por lo menos exista una sanción de carácter social, moral, y que exista una resolución con recomendaciones. Que todo eso se hubiera hecho del conocimiento público para garantizar el derecho a la verdad”.
Esa oportunidad, considera el investigador, se habría perdido con la consulta. En el actual escenario, será difícil que se garantice el derecho a la verdad ante la dificultad para encontrar pruebas que no hayan prescrito desde el punto de vista legal. Y eso, advierte, complicará llevar a proceso penal a los expresidentes.
“La importancia de este ejercicio es que la sociedad conozca lo que ocurrió durante esos gobiernos, cómo se realizaban las prácticas de corrupción, cuáles eran los favores que se realizaban, qué se recibía a cambio, qué grupos económicos o políticos fueron favorecidos, qué empresarios en particular. Toda esta información debería estar sometida al conocimiento público y me parece que la consulta no va a arrojar esta posibilidad. Por eso era preferible otro mecanismo como el de las comisiones de la verdad”.
No obstante, considera relevante la consulta y el posible juicio a los exmandatarios. “Es muy importante por el impacto que puede tener en el sistema político y, desde luego, también es importante pedagógicamente para que cualquier autoridad sepa de ahora en adelante que si comete actos de corrupción, aunque no pueda ser procesada durante el mandato de ese gobierno, seguramente esos hechos saldrán a la luz pública en los siguientes gobiernos. Eso puede tener un efecto inhibidor disuasorio de conductas corruptas hacia el futuro”.
Si la ciudadanía decide que se procese a los expresidentes, el doctor Cárdenas Gracia expone que los resultados de esas investigaciones tardarán en conocerse por la forma en como trabajan las fiscalías actualmente. Asimismo, destaca que falta por saberse si los expedientes de investigación se harán públicos.
“Lo que me preocupa no es la consulta en sí misma –porque ésta es importante para generar conciencia ante la gravedad de la corrupción vinculada al poder presidencial–, sino su eficacia y cómo serán realizadas las investigaciones, por quién y si esas investigaciones serán públicas. Si se arroja el resultado por ejemplo de que los delitos están prescritos pero se harán de conocimiento público las carpetas de investigación inmediatamente, o se tendrá que esperar un plazo para hacer públicas las carpetas de investigación. Todos estos hechos son relevantes para medir la eficacia misma de la consulta”.
Por ello hace votos para que se transparente todo el proceso legal, incluida la resolución de los jueces: desde que se concluye una carpeta de investigación, ya sea que se determine el archivo o el no ejercicio de la acción penal o se formule la imputación, y la posterior sentencia.
Corrupción sistémica
En el tema del combate a la corrupción, el doctor Jaime Cárdenas considera fundamental cambiar la visión que se tiene al respecto, pues estos delitos en el Código Penal siguen pensándose en términos del siglo XIX: como actos de servidores públicos en lo individual y no como un fenómeno sistémico. “El diseño de la ley, de los delitos, la configuración de los tipos penales deben estar elaborados en el sentido de pensar la corrupción de una manera sistémica, como actúa realmente la corrupción: vía redes de funcionarios y de empresarios, o de organizaciones sociales, o medios de comunicación, o intereses económicos trasnacionales”.
Pensar legalmente, institucionalmente, la corrupción de esta manera, explica, tendría que implicar cambios en el diseño de la Fiscalía General de la República, de las leyes penales, de los instrumentos con los que actualmente cuentan las autoridades, e incluso la transparencia. “¿Por qué no se hace pública la investigación de un proceso de corrupción?, ¿se vulnera realmente el principio de presunción de inocencia?”
Y es que, en contraste, advierte que la debilidad institucional es un factor que estimula la corrupción. “Como es débil, insuficiente, imperfecto, y como está lleno de vacíos, de lagunas, de contradicciones, desde luego estimula la corrupción, pero también la forma en la que los mexicanos entendemos al poder público. Lo entendemos de una manera muy negativa, no para servir a los demás. Si se hace una encuesta, la mayor parte de los mexicanos si contesta de manera sincera espera obtener un cargo público o una función pública para enriquecerse, para mejorar su nivel de vida. Entonces yo creo que el entorno de Fox, el propio Fox, su entorno familia, la primera dama Marta Sahagún, pues todos pensaron que el poder público era para enriquecerse, para incrementar no solamente su poder político, sino económico, para tener una vida holgada durante el periodo presidencial y después”.
Otro aspecto fundamental, observa, es acabar con la corrupción electoral y lo que llama los vínculos perversos entre el sector privado, el sector empresarial y el sector político, pues aún con los esfuerzos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en ese sentido, todavía existen.
“Creo que el presidente López Obrador ha hecho un esfuerzo por subordinar a la clase empresarial a su visión política, pero la clase empresarial, al ser muy importante para los ingresos del Estado, para el incremento del producto interno bruto, pues juega, participa, influye en muchas decisiones públicas. Y por más esfuerzos del actual gobierno para divorciarse de la clase empresarial, no lo ha logrado y difícilmente un gobierno mexicano lo logrará. Lo que hay que establecer son mecanismos distintos en esa relación. Es decir que esa relación sea totalmente ajustada a la ley, al derecho”.
Por ello, el doctor Jaime Cárdenas espera que la actual administración federal promueva una iniciativa para derogar el financiamiento electoral privado, permitido en la Constitución y en las leyes. Pues, “mientras de manera institucional no se rompa el esquema que vincula al sector empresarial con el sector político, seguirá habiendo actos de corrupción, porque los empresarios acudirán a los políticos, a los gobernantes de cualquier partido, a pedir permisos, autorizaciones, licencias, contratos. Y bueno eso [el financiamiento electoral privado] estimula la corrupción, no la impide”.
AUTOR: REDACCIÓN.
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