Jueces y tribunales federales que revisaron los casos, y que originalmente concedieron suspensiones provisionales que frenaron el proceso de transparencia, decidieron desechar las demandas y confirmar la legalidad de las resoluciones del INAI. El ultimo juicio de amparo que estaba pendiente fue cerrado en noviembre pasado.
También desestimaron de manera definitiva una demanda de amparo promovida por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, con la que pretendía que se mantuviera cerrado el expediente.
Sin embargo, hasta ahora, la Fiscalía General continúa sin cumplir con la entrega de la información y los datos a las personas que las pidieron, entre las que se encuentra Animal Político.
El argumento central de los jueces al resolver los amparos – de acuerdo con registros judiciales a los que este medio tuvo acceso – es que era correcta la interpretación de los comisionados del Instituto en el sentido de la procedencia de la desclasificación en versiones públicas del expediente del Caso Odebrecht.
Aun cuando por regla general las carpetas de investigación son documentos reservados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública contempla excepciones como son los casos de corrupción grave, donde el interés público impera sobre la posible afectación a particulares al revelarse datos de las indagatorias.
La utilidad de que este tipo de expedientes se desclasifiquen, explica una de las resoluciones judiciales, es doble. Por un lado, se conocen los hechos y las acciones de los servidores públicos que incurrieron en posibles hechos indebidos, y por el otro se fiscaliza la actuación de las autoridades responsables de indagar los hechos.
En el caso especifico de Odebrecht, la información que la FGR está obligada a transparentar es diversa. Por un lado, debe proporcionar en versión pública – protegiendo datos personales – los hechos de investigación contenidos en la carpeta número FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017.
Además, debe entregar los nombres de funcionarios o exfuncionarios públicos que han sido citados a declarar en el caso, tanto testigos como probables responsables.
La batalla judicial
En enero de 2018 el pleno del INAI determinó, por primera vez, que la carpeta de investigación relacionada con los posibles sobornos que la constructora Odebrecht pagó en México para obtener favores y contratos tenía que transparentarse a través de una versión pública.
Lo hizo al resolver el recurso de revisión RRA 4436/18 promovido por un ciudadano que había requerido acceso a dicha información a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la cual respondió que era información reservada.
Semanas después el INAI resolvió el recurso de revisión RRA 6994/18 (este promovido por Animal Político) en el que se pedía la lista de los nombres de los funcionarios investigados. Siguiendo los mismos criterios, el pleno del instituto resolvió que no era procedente la clasificación de la PGR.
Dichas resoluciones dieron pie al inicio de una batalla judicial. La PGR a través de la agente del Ministerio Público Federal, Joselyn Monserrat Fonseca Oregón, promovió tres juicios de amparo (1386/2018, 1581/2018 y 148/2019) en contra de la orden del INAI de abrir el expediente, y de una multa que se le interpuso a la funcionaria por no hacerlo.
A ello también se sumó el propio Emilio Lozoya al promover el amparo número 1336/2018, bajo el argumento de que se iban a poner en riesgo sus datos personales. Actualmente, Lozoya ya ha reconocido que los sobornos sí ocurrieron.
La promoción de dichos amparos le permitió a la PGR frenar el cumplimiento de las resoluciones del INAI, debido a que – por procedimiento – los jueces concedieron suspensiones provisionales y definitivas para que las cosas se quedaran como estaban, es decir, sin que la información se transparentara.
Luego de múltiples retrasos debido a la posposición de audiencias, los jueces federales decidieron – en todos los casos – que no había ninguna violación a los derechos constitucionales en lo determinado por el INAI, por lo que la carpeta del caso tenía que abrirse en los términos en que dicho instituto resolvió.
Sin embargo, tanto la FGR como Lozoya promovieron quejas en contra de dichas resoluciones, lo que derivó en que los casos tuvieron que ser revisados por magistrados de Tribunales colegiados y se alargara aun más el proceso. El INAI, por su parte, intentó sin éxito que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera los casos.
Finalmente, entre enero y noviembre de 2020, todos los recursos fueron resueltos de manera definitiva. En cada uno los magistrados confirmaron las sentencias emitidas por los jueces federales y ratificaron el sobreseimiento (cierre) de los juicios dándole la razón al INAI.
De acuerdo con los datos a los que se tuvo acceso, el pasado 5 de noviembre el INAI fue notificado por el Poder Judicial federal de la decisión de archivar el último procedimiento vigente como un asunto totalmente concluido.
Pero Fiscalía no cumple
Aun cuando ya no cuenta con recursos judiciales para frenar el cumplimiento de las resoluciones del INAI, la Fiscalía General continúa sin entregar la información que le fue solicitada. Animal Político no ha recibido hasta ahora ningún dato de los requeridos y de acuerdo con el instituto, tampoco los otros solicitantes.
Este medio requirió un posicionamiento oficial a la FGR sobre los motivos por los cuales dicha información no se ha entregado, así como una fecha tentativa para ello, pero hasta la publicación de esta nota no ha recibido respuesta.
En el INAI indicaron que se estudia que estrategia y recursos pudieran tomarse para obligar a la Fiscalía a cumplir con el requerimiento. Con anterioridad ya se han contemplado multas, pero no han dado resultado.
Y AMLO con dichos falsos sobre el caso
En su conferencia del pasado jueves 14 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al INAI – órgano que pretende desaparecer – de haber ordenado que no se revelara información relacionada con Odebrecht. En este caso, se refirió a los contratos otorgados.
“Ese Instituto de la Transparencia. Cuando Odebrecht, que entregan ese contrato leonino, que es un escándalo mundial de corrupción, declara también reservada la información el instituto de la transparencia”, dijo el presidente.
Con anterioridad, López Orador ha insistido en la misma idea. En febrero de 2019, por ejemplo, señaló al INAI de clasificar las investigaciones relacionadas con el caso.
Pero, como Animal Político lo ha documentado, todos esos dichos son falsos. Aunque en 2017 el INAI confirmó como clasificadas algunas peticiones, desde enero de 2018 ha ordenado al gobierno federal y a la FGR (antes PGR) que se entregue toda la información relacionada con el caso. Pemex ya lo ha hecho en varios casos, pero la FGR se ha resistido por tres años.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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