Con la decisión del Juzgado, la granja podría reiniciar sus actividades, señaladas por contaminar con desechos de ganado los ríos subterráneos que se encuentran bajo sus instalaciones, acusó la Unión de Pobladores y Avecindados de San Antonio Chel.
En marzo de 2019, los pobladores mayas de Chel interpusieron un amparo contra la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán (SDS), el Municipio de Hunucmá y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por permitir que la megagranja de mil vacas operara sin permisos y almacenara clandestinamente cerros de excremento en los montes, como se acreditó en el juicio.
El 11 de octubre del 2019, el Juzgado Segundo afirmó que existía “un alto riesgo de que el medio ambiente de la comunidad pueda verse afectado” por las actividades de la granja, por lo que ordenó una inspección que derivó en el cierre del complejo como medida cautelar. Sin embargo, la comunidad de Chel informó que el Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Conagua no realizó la inspección y concedió en un solo acto todos los permisos de perforación de pozos y descargas a la empresa, “a pesar de no cumplir con los requisitos”.
A pesar de las irregularidades, el pasado 15 de diciembre el Juzgado Segundo dio por concluido el caso, pues indicó que las violaciones habían cesado al estar la megagranja cerrada. Con ello, “el juzgado no se pronuncia sobre las violaciones a derechos, ni considera los daños ya ocasionados que deben de repararse”, indicó Kalycho Escoffié, abogado y asesor legal de la comunidad.
“Los casos de violaciones al medio ambiente no se resuelven solo parando las actividades, sino también evaluando los daños ocasionados y ordenando a las autoridades que establezcan las sanciones que correspondan”, dijo por su parte el abogado Guillermo Solís, quien añadió que presentaron un recurso de revisión para revertir la resolución del Juzgado.
AUTOR: REDACCIÓN.
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