Para enjuiciar a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña por los daños que le han causado a la Nación no se necesita una consulta ciudadana, asegura en entrevista el doctor Díaz Santos. Los que se requiere, señala, es aplicar la ley porque ellos “ya no tienen la protección de la inmunidad política” de los artículos 108 y 111 constitucionales, ya reformados.
El especialista en administración pública dice a Contralínea que “lo que debió haber hecho [el presidente Andrés Manuel López Obrador] es aplicar la ley y listo. Finalmente, son expresidentes: ya no tienen la protección de la inmunidad política”, que les otorgaban los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente reformados.
Para el profesor de la UNAM, los motivos por los cuales el jefe del Ejecutivo promovió la realización de la consulta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación es para justificarse: va a enjuiciar a los expresidentes –“en caso de que suceda”– porque el pueblo lo pidió. Es decir, para trasladar la responsabilidad a los ciudadanos.
El doctor Díaz Santos también recuerda que ése fue un compromiso de campaña de López Obrador que tiene que cumplir ante sus más de 30 millones de electores. Ello, dice, a pesar de que en ese ejercicio democrático se va a gastar dinero y, quizá, sólo se va a perder el tiempo exhibiendo gente porque va a ser muy difícil comprobar que un expresidente cometió actos de corrupción o ilegalidades.
Juicio a expresidentes, difícil de realizar
El doctor Díaz Santos considera que será complicado iniciar un juicio que involucre a alguno de los cinco expresidentes por actos de corrupción o la comisión de algún delito, pues aunque se realicen las investigaciones quienes caerán no van a ser los expresidentes, sino aquellos que firmaron, que recibieron la orden de hacerlo.
No obstante, subraya que todos los expresidentes tuvieron conocimiento de lo que ocurrió durante sus sexenios; sin embargo, nunca firmaron nada y por eso es difícil acreditar su responsabilidad.
El también experto en gasto público y presupuesto explica que todo lo que esté relacionado con proyectos gubernamentales importantes lo debe conocer el titular del Poder Ejecutivo federal. En el caso de las licitaciones, añade, no siempre las conoce, pero el oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sí lo tiene que saber y se lo debe comunicar al secretario de dicha institución. Por lo que el presidente “va a conocer todo: no hay nada de que ‘yo no sabía’”.
Como ejemplo pone el gobierno de Vicente Fox, en el que ocurrió el saqueo del erario a través de los fideicomisos Aduanas I y II; el gasto de 61 millones 895 mil 989 pesos en la remodelación de Los Pinos que benefició a un amigo del entonces presidente (el arquitecto Humberto Artigas); y la entrega de contratos a empresas privadas, como Oceanografía, de Petróleos Mexicanos (Pemex) a través del tráfico de influencias de Manuel Bribiesca, hijo de Marta Sahagún.
En el caso de los fideicomisos, indica que el problema es que “hay mucha opacidad en su operación” porque no tienen Órgano Interno de Control ni estructura orgánica. “Es una cuestión de que yo tengo el dinero, te lo doy, lo administras y se lo das al beneficiario”. También agrega que los fideicomisos Aduanas I y II fueron creados cuando Francisco Gil Díaz era subsecretario de la Secretaría de Hacienda. Por ello, cuando Fox llegó a la Presidencia lo nombró secretario de esa institución, ya que en el Partido de Acción Nacional no existía alguien que mantuviera en operación los fideicomisos.
De acuerdo con el doctor Díaz Santos, la corrupción ocurrió cuando el dinero llegó a las empresas, a los fideicomisarios, porque lo utilizaron para otras cosas: Fue peculado porque las empresas Integradora de Servicios Operativos, Integradora de Activos, Integradora de Servicios y COSISA fueron creadas para proporcionar servicios a las Aduanas.
Por esta razón, el fideicomiso “es un arma que se emplea para transferir recursos al libre albedrío”. Por lo que Vicente Fox sí tiene responsabilidad, pero “¿cómo pueden castigarlo? De que todos los expresidentes han sido corruptos, sí han sido corruptos. Desde [Luis] Echeverría, es más Echeverría hacía un fideicomiso cada hora, imagínese eso”.
En el caso de los contratos de Pemex hubo adjudicaciones directas de las que el expresidente Fox, Marta Sahagún o los hermanos Bribiesca pudieron obtener alguna comisión producto de un sobreprecio. “Desafortunadamente en la administración pública los sobreprecios son una forma de actuar permanente: digamos, en una licitación un lápiz te cuesta tres veces más en el gobierno que en la papelería. ¿Por qué dos pesos más? Porque de ahí tienen que sacar para dar lo que le pidieron de moche que está por debajo de la mesa”, sostiene el doctor.
La corrupción, resalta, está en todo el sector público y, cuando se trata de obras o contratos de rango menor, las autoridades a nivel federal no se dan cuenta; pero “el servidor público de abajo no es capaz de cometer corrupción si no le ordenan”.
Manejo político de la consulta
Respecto de la próxima consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, el investigador dice que puede tratarse de una estrategia política del presidente López Obrador de cara a las elecciones de este 2021: la jornada electoral “más grande en la historia de México”, según el Instituto Nacional Electoral, que se realizará el 6 de junio. La consulta, se prevé, ocurriría el próximo 1 de agosto.
“¿Por qué tiene que haber una consulta?”, cuestiona el doctor Díaz Santos. Si ya no tienen inmunidad, observa, hay que meterlos a la cárcel y seguirles el juicio formal. “Que los manden al Reclusorio Oriente donde entran los servidores públicos y ahí les siguen el juicio, como lo están haciendo con Rosario Robles. Si la ley ya lo prevé, hay que respetar las leyes. El mismo presidente ha dicho: ‘nada por encima de la ley’, entonces que aplique la ley. Ah, pero se vienen las elecciones y pues hay que hacer propaganda”.
AUTOR: ASENETH HERNÁNDEZ.
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