Aunque el gasto es mayúsculo, en los últimos 20 años tuvo una tendencia a la baja, en un contexto en que el número de funcionarios públicos –cinco por cada 100 habitantes– fue prácticamente igual, en que los salarios del sector público tuvieron un aumento promedio anual (1.2 por ciento) inferior a la inflación, y en que el grado de expansión anual (dos por ciento) del gasto burocrático fue inferior al grado de expansión (4.5 por ciento) del Gasto Corriente, lo que implica que el costo operativo de los distintos niveles de gobierno aumentó más rápido que el costo de la burocracia.
La variación real del gasto neto ejercido en Servicios Personales o en gasto burocrático como proporción del Gasto Corriente arroja que hubo una reducción en los primeros 23 meses del sexenio de AMLO en comparación con los primeros 23 meses de los sexenios de Vicente Fox Quesada (-35.4 por ciento), de Felipe Calderón Hinojosa (-19.5 por ciento) y de Enrique Peña Nieto (-10.1 por ciento).
Desde que inició el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), una de las prerrogativas gubernamentales más importantes ha sido la política de austeridad con reducción de salarios de altos mandos administrativos, partiendo de una disminución real de dos terceras partes del salario mensual neto del Presidente de la República, que es el parámetro salarial máximo de cualquier funcionario público –salvo por algunas excepciones– establecido en el Artículo 6 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
“Todo el presupuesto se lo tragaba el mismo Gobierno y no se orientaba presupuesto en beneficio de la gente”, lamentó López Obrador en su conferencia matutina del 14 de enero de 2021. “Todavía tenemos que enfrentar amparos de los que defienden a la burocracia dorada”, abundó.
Las cifras oficiales de la SHCP indican que en los últimos cuatro gobiernos hubo una desaceleración del gasto burocrático, aunque el actual es el primero que logra una reducción real antes de cumplir sus primeros dos años de operación. Empero, el reto será sostener la tendencia a la baja del gasto burocrático, considerando que la reducción de 2019 (-3.2 por ciento real) compensó el repunte general entre enero y noviembre de 2020 (3.1 por ciento real).
De acuerdo con la gráfica anterior, en los primeros 23 meses de gobierno de AMLO, el gasto ejercido en Servicios Personales (gasto burocrático) cayó 0.1 por ciento real. Una disminución que contrasta con lo que ocurrió en el mismo periodo de los tres gobiernos anteriores, en que las variaciones fueron positivas.
Pese a las diferencias, el gasto burocrático de la Administración de Enrique Peña Nieto también tuvo una tendencia a la baja en sus primeros 23 meses de operación, con respecto al mismo periodo del sexenio anterior.
La gráfica también indica que entre enero de 2019 y noviembre de 2020, el gasto ejercido en Servicios Personales como proporción del Gasto Corriente (34.7 por ciento) fue inferior al observado en los primeros 23 meses de los sexenios de Fox Quesada (53.6 por ciento), de Calderón Hinojosa (43 por ciento) y de Peña Nieto (38.6 por ciento).
Aunque en cada periodo hubo una reducción relativa, la tendencia a la baja fue desacelerándose, de modo que la variación entre los sexenios de Fox y Calderon fue dos veces mayor a la observada entre las administraciones de Calderón y Peña, así como entre los mandatos de Peña y López, tal y como puede ser observado en el indicador “Gasto promedio en Servicios Personales como % del Gasto Corriente”.
EL SALARIO DE LOS FUNCIONARIOS
En México hay 5 millones 869 mil 114 empleados públicos, de acuerdo con las cifras más actuales (2019) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi). En promedio, cada uno de los funcionarios públicos tiene un salario mensual de 31 mil 559 pesos, o el equivalente a 10 salarios mínimos por mes, que es un nivel de ingreso al que accede menos del 4.4 por ciento de la población nacional.
A pesar de la proporción distributiva del nivel salarial en el sector público de México, los datos del Inegi al primer trimestre de 2020 indican que sólo el 7.3 por ciento de los empleados de instituciones gubernamentales (con percepciones especificadas) tiene un ingreso de más de cinco salarios mínimos. Ello supone que, por ejemplo, el impacto de la reducción de salarios de altos mandos administrativos –que es de entre 25 y 30 salarios mínimos– es menor a dicho límite, máxime considerando que aproximadamente el 3.3 por ciento de los funcionarios federales y estatales tiene ingresos mayores a 50 mil pesos mensuales, o 14 salarios mínimos de 2020.
Lo anterior concuerda con la incipiente reducción del gasto ejercido en Servicios Personales en lo que va del actual Gobierno, y coincide con la variación real del gasto burocrático en los últimos ejercicios fiscales.
Entre 2018 y 2019, por ejemplo, el sector público gastó 3 mil 792 millones 500 mil pesos menos en remuneraciones y prestaciones. Ello implicó una variación de -0.4 por ciento al que, si se suma el amortigüe de la inflación anual (–2.8 por ciento), da como resultado la variación de -3.2 por ciento real. Lo mismo, pero a la inversa, ocurrió con las cifras preliminares de 2019 y 2020. En dicho periodo el sector público gastó 68 mil 587 millones 800 mil pesos más, lo que supuso una variación de 6.3 por ciento, que con el amortigüe inflacionario (–3.2 por ciento) resulta en una variación real de 3.1 por ciento.
Así, aunque el Gobierno actual gastó en 23 meses 64 mil 795 millones 300 mil pesos más que en los últimos 23 meses del sexenio pasado, por el efecto inflacionario, ello implica que en realidad amortiguó un impacto de 40 mil 769 millones 662 mil 440 pesos, que es un ahorro real de 0.1 por ciento.
La situación descrita se da en un contexto en que el aumento real de la remuneración promedio de los funcionarios públicos mantuvo la tendencia de los últimos 20 años, que es por debajo de la inflación, al que se suma la implementación de políticas de austeridad, sobre todo en los niveles salariales más elevados, y que de ser sostenida podría reforzar la tendencia a mediano plazo.
El aumento del gasto ejercido en Servicios Personales por debajo de la inflación es uno de los factores que explicaría por qué en comparación, la variación del Gasto Corriente ejercido es más de dos veces superior, y asimismo explicaría la reducción relativamente constante del gasto en Servicios Personales como proporción del Gasto Corriente.
LA REPARTICIÓN DE RECURSOS
La mayor parte del gasto (60.7 por ciento) en Servicios Personales del último año fiscal disponible (2019) fue ejercida por las instituciones de la Administración Pública Federal (APF), que incluyen dependencias como la Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados, así como a las Empresas de Participación Estatal, además de instancias de control directo e indirecto.
Las dependencias de la APF erogaron 28.9 por ciento del gasto en remuneraciones y prestaciones de funcionarios públicos por un monto de casi 353 mil millones de pesos. Asimismo y de acuerdo con la última Cuenta Pública de la SHCP, las Entidades de Control Directo y las Empresas Productivas del Estado ejercieron el 19.7 y el 12.1 por ciento del monto total erogado en Servicios Personales durante 2019, por 240.9 y 147.8 mil millones de pesos respectivamente.
El segundo rubro que concentró la mayor parte de los recursos utilizados para el gasto en burocracias fue el de Aportaciones Federales con el 32.7 por ciento, equivalente a 399.7 mil millones de pesos.
El también llamado Ramo 33 es parte del dinero (gasto federalizado o descentralizado) que el Gobierno Federal transfiere a los estados y municipios para cubrir servicios de educación básica y para adultos, además de aquellos relacionados con salud, construcción de infraestructura social en zonas marginadas y para la coordinación intergubernamental en materia de seguridad pública.
En tercer lugar está el Poder Judicial con 53.1 mil millones de pesos erogados que equivalen al 4.3 por ciento del gasto burocrático. Le siguen los Órganos Autónomos –como el INAI, el INE y la CNDH– con 19.9 mil millones de pesos (1.6 por ciento) y el Poder Legislativo con 8.4 mil millones de pesos (0.7 por ciento).
Precisamente y como parte de las medidas de austeridad anunciadas por el Presidente López Obrador, el Gobierno federal busca echar mano a los Órganos Autónomos con la finalidad de ahorrar recursos que serían recentralizados.
En diversas conferencias matutinas, el político tabasqueño ha referido que dichos órganos son “alcahuetes y paleros” que fueron “creados por el neoliberalismo”, que generan costos innecesarios y que por ende requieren ser desaparecidos por medio de una reforma administrativa. En ese sentido, el 14 de enero de este año dijo que la posible eliminación comenzará con 200 Órganos Autónomos creados por Decreto Presidencial, que no tienen sustento en alguna de las leyes del marco jurídico nacional.
La siguiente tabla contiene las cifras utilizadas para la elaboración de este texto, así como las referencias y cálculos que dan sustento a los gráficos mostrados.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: EFRÉN FLORES.
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